Groenlandia no es el problema. Es el pretexto. La excusa perfecta para evidenciar hasta qué punto la Unión Europea ha sido, durante demasiado tiempo, un actor pasivo en un mundo que hace años que ha dejado de funcionar bajo las reglas de la cooperación amable. Cuando una potencia externa fija la atención en un territorio estratégico europeo —por recursos, por posicionamiento geopolítico o por el control de rutas— lo que queda en evidencia no es la fragilidad de Groenlandia, sino la debilidad estructural de Europa, incapaz de reaccionar como un actor soberano en un escenario de competencia abierta entre bloques.

Actualmente, la UE no es autónoma en ningún ámbito clave. No lo es en defensa, porque continúa confiando su seguridad a la OTAN y, en última instancia, a los Estados Unidos. No lo es en energía, porque ha sustituido una dependencia por otra, sin haber resuelto el problema de fondo: la incapacidad de garantizar suministros propios, estables y competitivos. Tampoco lo es en industria, ya que durante décadas externalizó cadenas de valor críticas y ahora llega tarde y dividida a sectores estratégicos como los semiconductores, las baterías o las tierras raras. Y no lo es en economía, con una política fiscal fragmentada y una capacidad de inversión común claramente insuficiente para competir entre bloques.

Esta dependencia no es abstracta ni teórica. Según datos de la propia Comisión Europea, en 2023 la UE importaba más del 98% de las tierras raras que consume, y más del 80% de estas importaciones provenían de un solo país: China (Critical Raw Materials Factsheets, 2024). En el ámbito energético, el giro acelerado hacia el gas natural licuado norteamericano tras la invasión de Ucrania ha generado una nueva dependencia externa, sin que se haya consolidado una verdadera soberanía energética europea. La vulnerabilidad no ha desaparecido; simplemente ha cambiado de proveedor.

Groenlandia no es el problema. Es el pretexto. La excusa perfecta para evidenciar hasta qué punto la UE ha sido, durante demasiado tiempo, un actor pasivo

Durante años, Europa ha confundido estabilidad con inacción. Ha confiado en que el multilateralismo, las reglas compartidas y la globalización continuarían funcionando por inercia. Pero este relato se ha derrumbado con una rapidez vertiginosa. En tan solo un año de presidencia de Donald Trump, el concepto mismo de cooperación global ha quedado gravemente erosionado. Los aranceles, la unilateralidad, una política industrial agresiva y la instrumentalización de los recursos estratégicos han hecho patente que el mundo ha entrado en una nueva fase de competencia entre bloques. Y Europa, simplemente, no estaba preparada.

Groenlandia emerge aquí como un síntoma clarísimo de la fragilidad europea. Territorio clave para los minerales críticos, la seguridad del Ártico y el control de las nuevas rutas comerciales, hoy se encuentra sometido a presiones externas mientras la Unión Europea observa con incomodidad y con una capacidad de intervención real muy limitada. No porque no entienda lo que está en juego, sino porque durante demasiado tiempo ha renunciado a construir poder propio. Groenlandia no divide Europa; expone sus profundas fracturas internas y la falta absoluta de músculo estratégico.

Hasta ahora, Europa ha optado por el silencio. Ha intentado ganar tiempo, esquivar el conflicto y gestionar las agresiones reiteradas de Trump con una aparente prudencia, confiando en que la tormenta acabaría disipándose. No ha sido una actitud ingenua, sino deliberada, orientada a evitar la escalada, rebajar el tono y preservar unas relaciones cada vez más asimétricas.

La reacción actual de la UE no es todavía una prueba plena de autonomía, pero sí el reconocimiento implícito de que la inacción también tiene costes

El punto de inflexión llega cuando la amenaza deja de ser difusa y deviene directa. La voluntad manifiesta de Trump de hacerse con Groenlandia, con o sin el visto bueno de los 27 Estados miembros, y el anuncio de aranceles adicionales del 10% a los países europeos con presencia reforzada en el Ártico —entre los que se encuentran Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, el Reino Unido, los Países Bajos y Finlandia— ponen fin a cualquier apariencia de normalidad. La coerción económica se formula de manera explícita como instrumento de presión política.

Es en este contexto, finalmente, que Europa empieza a enseñar los dientes. Lo hace después de meses de una aparente neutralidad que muchos hemos contemplado con perplejidad. Esta Unión de las mil y una regulaciones ha sido incapaz de asumir un papel firme ante una escalada que ya no admite equidistancias.

Lo que está en juego hoy ya no es solo Groenlandia, sino la capacidad de Europa para actuar cuando la presión externa deja de ser cómodamente gestionable. La reacción actual no es todavía una prueba plena de autonomía, pero sí el reconocimiento implícito de que la inacción también tiene costes. Y esta, aunque sea tarde, es una lección que la Unión Europea ha aprendido y que ya no puede volver a ignorar.