Elecciones: la fiscalidad de los programas políticos
- Fernando Trias de Bes
- Barcelona. Domingo, 22 de noviembre de 2026. 05:30
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Frente Amplio propone un impuesto anual del 3% para los patrimonios superiores a cincuenta millones de euros. También plantea limitar las herencias a diez millones por heredero, aplicando un tipo del 100% sobre la cantidad que exceda ese límite. El PSOE incluye en su programa la creación de un impuesto mínimo global sobre las grandes fortunas. La campaña electoral vuelve a presentar la riqueza acumulada como un reclamo electoral de dinero perverso que los políticos han de rescatar para fines sociales.
La semana pasada participé en un debate en Castellón. Una persona defendió el impuesto de sucesiones con un argumento conocido. Quien nace en una familia sin recursos ha tenido peor suerte que quien recibe una herencia. El impuesto de sucesiones serviría para compensar esa desigualdad de origen. Entiendo el razonamiento. Comparto el objetivo de garantizar oportunidades. Discrepo profundamente del instrumento.
El ahorro es la parte de la renta que alguien decide conservar después de trabajar, consumir y pagar todos los impuestos habidos y por haber. Cuando el Estado grava un patrimonio por el mero hecho de seguir existiendo, convierte el paso del tiempo en un hecho imponible.
Ahorrar exige una renuncia. Quien guarda cien mil euros ha dejado de viajar, consumir o disfrutar de ese dinero. A menudo lo hace para afrontar la vejez, proteger a su familia o transmitir una empresa. Esa conducta genera capital. Y el capital financia inversión, productividad y empleo. Castigar al ahorro acaba afectando a toda la economía a través de la merma en inversión.
La campaña vuelve a presentar la riqueza acumulada como un reclamo electoral de dinero perverso que los políticos han de rescatar para fines sociales
España es hoy el único país de la Unión Europea que mantiene un impuesto general sobre el patrimonio de las personas físicas. La recaudación conjunta de Patrimonio y Grandes Fortunas supera los 2.200 millones. Una cantidad modesta para el Estado y potencialmente muy relevante para quien debe vender activos o extraer recursos de una empresa para pagarla.
Pero sigamos con el Impuesto sobre Sucesiones. Mi criterio de justicia parte de lo siguiente: una familia constituye una unidad económica a lo largo del tiempo, no es algo estático. Los padres ahorran también para sus hijos. Separar al heredero de todas las decisiones, riesgos y renuncias familiares permite presentar la herencia como dinero caído del cielo. Y no es así.
Hagamos un experimento sencillo. Imaginemos una economía sin crecimiento, rendimientos ni nuevo ahorro. Aplicamos un 20% cada vez que un patrimonio pasa a la siguiente generación. Tras diez transmisiones queda aproximadamente el 10,7% del capital inicial. La aritmética muestra la dirección del impuesto. Cuantas más generaciones pasan, más se reduce el patrimonio familiar transmitido.
Y ya puestos, les diré algo que hemos asumido como lógico y que hasta los partidos de derechas no cuestionan. Yo no comparto la progresividad del impuesto sobre la renta. Con un tipo de gravamen sobre ingresos del 20%, quien gana cien, paga veinte; y quien gana doscientos, paga cuarenta. Quien gana el doble, contribuye el doble. A partir de ahí, elevar además su porcentaje responde a una determinada idea redistributiva, más que discutible desde la justicia económica.
Cuando el Estado grava un patrimonio por el mero hecho de seguir existiendo, convierte el paso del tiempo en un hecho imponible
Lo digo porque la fiscalidad actual está plagada de injusticias que hemos normalizado por completo.
Defiendo la sanidad, la educación, las pensiones y una red sólida para las personas vulnerables. Defiendo la igualdad real de oportunidades y la redistribución de la renta. Todo ello necesita impuestos. Pero eso no autoriza a producir otra desigualdad, la fiscal.
Antes de crear nuevos gravámenes, los partidos en sus programas deberían perseguir mejor la economía sumergida, reducir el fraude, combatir la corrupción y explicar con rigor cómo utiliza cada euro. La solidaridad obligatoria exige una administración especialmente ejemplar. Y no estamos ahí precisamente. El índice de corrupción en España sigue siendo preocupantemente alto. Y los últimos datos de opinión social que elabora la UE arrojan un 92% de preocupación ciudadana respecto a la corrupción política.
Pero no importa. Vienen elecciones y el dinero de los demás es el instrumento de los políticos para conseguir votos. Porque ser votados, para más de uno, va por delante del futuro económico de su país.