En la última década, acentuado a partir de la pandemia, se aprecia una fuerte tendencia al aumento del número de bajas por enfermedad, junto con un incremento de la duración media del tiempo de las bajas. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF) acaba de publicar un Informe muy interesante, exhaustivo en datos desagregados y de diagnóstico de la situación. Desde el punto de vista territorial, Catalunya se presenta como un caso singular, pues, aunque se sitúa dentro de la media general de impacto, es de las primeras (junto a Navarra) en número total de bajas, pero al mismo tiempo es donde su duración resulta más reducida. El valor y fiabilidad del Informe de la AIREF resulta indiscutible, sin perjuicio de que su enfoque sea muy parcial, por estar centrado en el impacto sobre el gasto público de la Seguridad Social, lo que deriva también en un importante sesgo de las medidas que se proponen adoptar.

La preocupación por esta situación viene reforzada a partir de una mirada comparativa al resto de Europa. Conforme a los datos de Eurostat, se trata de una tendencia al incremento que se aprecia en el conjunto de los Estados miembros; si bien España presenta los niveles más elevados del porcentaje de las bajas por enfermedad respecto de la población ocupada, por encima de cualquier otro Estado y prácticamente duplicando la media europea.

Los datos son tan incontestables que nadie los discute ni se pone en duda su gravedad desde muy diversas perspectivas. Eso sí, al propio tiempo se presenta una profunda discrepancia entre los diversos protagonistas y afectados por los efectos del fuerte incremento de las bajas. Tan profundas son las diferentes visiones, que ni siquiera se ponen de acuerdo en la denominación del fenómeno: mientras que unos asumen de manera acrítica la expresión “absentismo laboral”, otros manifiestan un pleno rechazo a su uso. En términos de precisión formal, las ausencias al trabajo pueden deberse a muy diversas causas y no solo a incapacidades por enfermedad; por ejemplo, las mismas agrupan también los permisos relacionados con el ejercicio de los derechos de conciliación con las responsabilidades familiares y similares. Pero, sobre todo, el término “absentismo laboral” se encuentra estigmatizado, pues implícitamente va unido a faltas de asistencia injustificadas, cuando es obvio que la realidad es mucho más amplia y diversa; en particular, no hay datos que prueben que la tendencia al incremento traiga su causa en una mayor utilización abusiva de las bajas. Incluso hay que tener presente que en ocasiones el uso de las bajas no justificadas en términos formales encuentra otras causas también comprensibles, conectadas, por ejemplo, con situaciones derivadas de un ambiente laboral de elevada tensión o estrés.

En todo caso, la dificultad mayor se produce porque se difiere en el diagnóstico de las causas determinantes y, por tanto, se manifiestan desacuerdos en el tipo de medidas que corresponde adoptar. Unos ponen el acento exclusivamente en el deterioro del sistema público de salud, en deficiencias en la prevención de riesgos de trabajo, en falta de respuesta plena a las responsabilidades familiares, en el mal ambiente de trabajo, etc. De contrario, otros atienden exclusivamente al incremento del fraude en las bajas, a la ampliación de las listas de espera de la asistencia sanitaria pública, al carácter procíclico de las ausencias que se incrementan en los períodos de crecimiento del empleo, incluso al incremento de las tasas de estabilidad en el empleo que facilitan el incremento de las bajas por enfermedad.

Catalunya es de las primeras en número total de bajas, pero al mismo tiempo es donde su duración resulta más reducida

El fundamento y entidad de todos estos factores resulta real y atendible, de modo que el problema se sitúa en la incapacidad de los unos en aceptar las preocupaciones de los otros, con ausencia de una mínima empatía para comprender las razones del otro. Eso sí, su concurrencia requiere matizar en algunos casos cómo se valora el fenómeno y qué medidas procede adoptar. Por ejemplo, una cosa es que entre los trabajadores fijos se produzcan mayores incidencias en las bajas y otra bien diferente es que ello desemboque en una valoración negativa de una reforma laboral a todas luces exitosa, con una decisiva reducción de la tasa de temporalidad; sin dejar de analizar las conductas al respecto de los trabajadores fijos, también habría que valorar a la inversa hasta qué punto la situación de debilidad de los temporales provoca que se contengan en darse de baja, con los efectos negativos que ello puede tener sobre su salud.

A veces también sucede que, por centrarse cada uno en lo que más les preocupa, ambos olvidan otros factores no menos importantes. Algunos de estos otros factores se recogen en el Informe de la AIREF, como son la concentración de las bajas en grupos determinados de trabajadores que presentan dosis superiores de morbilidad, la superior incidencia en las grandes empresas y en el empleo público, el envejecimiento de la población ocupada, aunque paradójicamente también la superior incidencia de las bajas en la población más joven, la mayor incidencia en las mujeres; en este último caso de las mujeres, también constatado en el conjunto de Europa, de acuerdo con los datos de eurostat. Eso sí, del hecho de que la incidencia sea mayor, por ejemplo, entre mujeres y jóvenes no se puede deducir de forma apriorística que exista entre ellos más conductas abusivas de bajas injustificadas y que, por tanto, haya reaccionar con una mayor vigilancia y mayores sanciones respecto de estos grupos; por el contrario, habría que analizar las causas reales de esta mayor incidencia y adoptar medidas de acción positiva que las corrijan.

La complejidad se acentúa cuando la respuesta requiere la intervención de una amplia pluralidad de actores: Gobierno central, por sus competencias legislativas y de políticas públicas en materia de laboral y de Seguridad Social; las entidades gestoras de la Seguridad Social, en sus labores de control de las incapacidades; las Mutuas de Seguridad Social, como gestoras de accidentes y enfermedades; las Comunidades Autónomas, como competentes en materia de gestión de la asistencia sanitaria pública; así como las organizaciones sindicales y empresariales, como protagonistas de la negociación colectiva y de la participación en la empresa.

En definitiva, la envergadura del problema se debe a su complejidad, provocada por la confluencia de una multitud de factores y actores que se retroalimentan. Por ello, hasta tanto que no se logre una predisposición auténtica a afrontar el asunto y, a tenor de ello, un mínimo consenso en cuanto a las causas determinantes, poco se podrá hacer para ofrecer una respuesta integral y, con ello, enderezar la fuerte tendencia negativa.

Falta un diagnóstico en profundidad, asumible por el conjunto de los actores, de las causas de las cada vez más altas tasas de bajas por enfermedad

El resultado práctico es el de un bloqueo en la adopción de medidas y poco se ha hecho hasta el presente. Las organizaciones sindicales y empresariales sólo han logrado ponerse de acuerdo en proponer que las Mutuas de la Seguridad Social puedan realizar pruebas diagnósticas y tratamientos terapéuticos y rehabilitadores en procesos de incapacidad por bajas de origen traumático; propuesta que, aparte de ser muy limitada y parcial, hasta el presente ha tenido escasos resultados, pues depende de convenios entre las Mutuas y las autoridades autonómicas que gestionan la asistencia sanitaria pública, que se han materializado en muy escasos territorios. La otra propuesta consiste en la constitución por la negociación colectiva de comisiones paritarias de análisis de la situación y posibles medidas en el ámbito de aplicación de cada convenio; se trata de una propuesta demasiado ambigua y que no pocos resultados ha dado a lo largo de los últimos años.

A la vista de los resultados, parece especialmente difícil que las organizaciones sindicales y empresariales, incluso en el marco de la concertación social con el apoyo del Gobierno, alcancen acuerdos integrales y de mayor calado. Esto último resulta imprescindible para hacer frente a este importante desafío, pues sólo así las medidas acordadas gozarán de plena legitimidad y lograrán una eficacia real. Habría que pensar en fórmulas de apoyo al diálogo social que impulsen el consenso. Posiblemente, falta por abordar un diagnóstico en profundidad, asumible por el conjunto de los actores, de las causas determinantes de las cada vez más altas tasas de bajas por enfermedad, con estudios pluridisciplinares que proporcionen análisis certeros, sugieran las medidas más adecuadas y, al final, faciliten el consenso entre los interlocutores sociales y el Gobierno.