A los analistas de la política pública nos toca poner en solfa un abanico amplio de consideraciones, desde la base teórica de la economía pública a su traducción hacia la política económica, hechas las consideraciones de derecho público, política pública y social y política a secas. De manera que hay que conjugar verbos antes de hacer afirmaciones en el mundo real del bienestar, que es lo que en el fondo nos mueve a este tipo de economistas aplicados. Como resultado, me atrevo a comentar algunas cuestiones que creo que sé respecto de cuestiones demográficas que trascienden a la política pública.

Las tensiones actuales que sufre el gasto en protección social son poca cosa comparadas con las que se acercan (pensiones, sanidad, dependencia). La proyección de las pensiones actuales hacia el 2025 añadiría por sí sola 3,5 puntos del PIB; el gasto sanitario público, 1,5 puntos (dos tercios se estima imputables al grupo de edad más envejecido) y un gasto en dependencia que todas las previsiones señalan que subiría casi un punto más (en estos casos, ¡sin ni siquiera desde una relativa generosidad de salida!). Tres escenarios son posibles. Primero: no hacer nada y trasladar el impacto en más deuda pública. Casi un 26% de incremento sobre la ya elevada cifra actual. Mala pieza en el telar para los jóvenes que, de lo que el Estado recaude de su trabajo, antes de decidir políticas propias, deberían sufragar primero la carga financiera de la deuda (recordad, Merkel dixit con la enmienda constitucional introducida). Es un coste financiero que sube y baja con la prima de riesgo en cada momento, dificultando la emancipación familiar por los salarios bajos, restando capacidad adquisitiva neta a los trabajadores según el coste de alquiler en el mercado de la vivienda. Y para quien ya esté endeudado, estará sometido a las variaciones del euríbor.

Si la deuda se contiene (¡no digo ni siquiera que baje!), la segunda posibilidad es mantener el gasto existente (¡no aumentarlo!) en políticas educativas, de empleo, formación, etc., y abrir espacio adicional a los factores mencionados hasta un salto de once puntos de la presión fiscal. Muy cercano al 60% del PIB. Parece poco probable, en un contexto de globalización, competitividad y escenarios políticos conservadores, que si hacen valer su credo, ni incremento de la deuda ni de los impuestos. ¡Prometen bajadas! Una situación que, reforzada por la ultraderecha, presionaría hacia la procrastinación de la deuda. De hecho, el apoyo electoral de la derecha populista viene, en parte, de un colectivo relativamente ya subvencionado por la política pública, aunque ellos no se reconocen como tales beneficiarios, y que es probable que exija que en la nueva coyuntura el coste lo paguen los ricos. Esto podría apoyar a un impuesto sobre la riqueza poco definido que en la práctica edulcoraría el discurso populista, dañaría propuestas alternativas más serias, sin capacidad recaudatoria importante.

Una tercera posibilidad consiste en una especie de efecto sustitución del gasto social más dilatable en el tiempo (inversiones, formación, investigación…). Esta opción restaría prácticamente un inverosímil 24% del actual gasto en protección social, excluido el anterior gasto al alza, orientado a los más jóvenes. Previsiblemente, centrifugaría las presiones de financiación de las áreas postergadas, reconduciéndolas hacia una alternativa de gestión público-privada de contenido incierto.

Las tensiones actuales que sufre el gasto en protección social son poca cosa comparadas con las que se acercan

Por todo ello, lo que creo que sé es que la perspectiva del desequilibrio generacional no la soluciona la nueva ocupación de población recién llegada (soluciona recaudaciones a corto plazo y empeora mucho el equilibrio a futuro). En este contexto, los problemas de desigualdad aumentan no solo intergeneracionalmente, sino también intrageneracionalmente. Crece la media de la renta per cápita por encima de la mediana. Los jóvenes son cada vez más iguales, igual de pobres, pero las colas de la distribución se acentúan. Sin un buen funcionamiento del ascensor social, todo se vuelve más dinástico. Como se dice popularmente, "piojos hacen más piojos", de manera acumulativa. La polarización aumenta y constituye un riesgo para la cohesión social, de hecho más grande que la propia desigualdad.

Ciertamente, para recuperar los equilibrios intergeneracionales hay reglas (véase CRES Policy paper n.10, 2026), pero su traducción en política fiscal no la veo factible.

Con una política social que no crecerá, y que bastante haremos si no cae, lo que hay que hacer es reorientarla mejor, hacerla más selectiva y menos 'universalista'. Hay que asegurar los suelos de la protección y no aspirar a los techos. Hay que recuperar el mercado de trabajo para que el modelo productivo haga lo que tiene que hacer: crear puestos de trabajo con contenido. No se trata de más y más empleo con retribuciones reales cada vez más bajas. Las entidades empresariales deben estar al servicio del país, y no solo de los intereses de sus asociados. Deben parar la carrera de volumen: más recién llegados, más volumen de PIB, más precariedad, con deterioro relativo de rentas por ocupado. El Estado debe acompañar la reconversión dejando de asumir, con cargo al ciudadano, los costes por las externalidades que genera esta manera de crecer, en partes de la hostelería, algunas empresas cárnicas, mataderos, riders... La carrera de los diez millones es desbaratada. Esta supuesta necesidad de trabajadores convive con niveles de paro altísimos. Está claro que si los puestos de trabajo que se crean son de baja retribución y mantenemos un estado de bienestar que ayuda a los que no trabajan por el diferencial entre salario precario y ayuda social, algunos prefieren no trabajar (o, si lo hacen, sin dejar huella formal). Y el modelo en conjunto convive con un elevado absentismo laboral. De nuevo, no es ninguna sorpresa. Con contrataciones elevadas de fijos discontinuos y salarios bajos, la lealtad hacia la empresa es muy baja. La rotación en puestos de trabajo funciona por las dos bandas. Tampoco el empresario es leal cuando no invierte en sus trabajadores, ya que ignora cuánto durarán, ni acompaña su actividad con innovaciones tecnológicas.

Finalmente, se puede observar que parte de la oferta de servicios low cost la aprovecha también cierta juventud, que de los pocos recursos que ahorra, y teniendo fuera del alcance el ahorro forzado de pagar una hipoteca teniendo que convivir con los padres, busca en su ocio viajero parte del bienestar que así redime. Algunos, como siempre, hacen de esto un negocio y se acaba dilatando el acceso a una vivienda hoy imposible para la mayoría, viviendo al día. No quieren (o no pueden) pagar impuestos, con políticas de gasto de las que no se ven beneficiarios. Por otro lado, tienen que encajar variaciones en las primas de riesgo de la deuda soberana, sometidos a alquileres que fluctúan en un mercado que no es el propio, soportando los más afortunados que han entrado en inversión hipotecaria las fluctuaciones del euríbor.

Cuanto más se tarde en reconocer esta espiral, más difícil será levantar el bienestar por las elevadas bolsas de trabajo precario creadas, que, además, como votantes, necesitarán un estado del bienestar que la economía no podrá ya sostener. Los empresarios tienen misión y responsabilidad.