Esta semana me solicitaron analizar un informe de Deloitte sobre el impacto económico de la caza en España, encargado por la Fundación Artemisan. Y confieso que me ha hecho repensar bastantes cosas. No sobre la práctica en sí —no soy cazador, ni lo seré—, sino sobre el modo en que debatimos. Sobre la facilidad con que muchas veces se pide prohibir actividades sin entender qué suponen.

Según el informe, la actividad cinegética genera alrededor de 11.000 millones de euros al año. Eso es más que todo el sector textil. En total, hablamos de casi 200.000 empleos, entre directos (son 45.000), indirectos e inducidos (155.000). La mayoría en el medio rural. Municipios que apenas tienen alternativas económicas y donde esta actividad es una fuente de ingresos y de fijación de población.

La caza no es solo economía. También sociedad y sostenibilidad. Sin caza regulada, se descontrolan poblaciones de especies que causan accidentes de tráfico, daños agrícolas y desequilibrios en los ecosistemas. La caza, guste o no, ha sido clave en la recuperación de algunas especies y en la conservación de grandes extensiones de bosque mediterráneo. Lo es hoy, con datos en la mano.

No escribo esto para defender una práctica concreta. Lo escribo porque creo que los debates públicos deben partir del conocimiento, no de consignas. Y en este tema, como en tantos otros, lo que falta es análisis. Las voces que piden la supresión total de la actividad suelen basarse en argumentos morales o emocionales. No son menores, pero tampoco suficientes. Hay que considerar también las consecuencias económicas, sociales y medioambientales de eliminar una actividad que, guste o no, tiene funciones que otros sistemas no cubren.

La pregunta es: ¿y si no se cazara? ¿Qué hacemos con los seis millones de hectáreas que ahora gestiona el sector? ¿Quién regula las especies cinegéticas? ¿Quién asume los costes de conservación, de control sanitario, de mantenimiento de hábitats? ¿Qué pasa con la renta que se genera en comarcas donde esta actividad representa una parte sustancial del año económico?

El debate sobre la caza no puede quedarse en el plano sentimental. Tampoco en la polarización. En la práctica, todos los sectores tienen externalidades. Todos. Incluso la agricultura ecológica o el turismo sostenible. El criterio debería ser otro: cómo minimizar las negativas y potenciar las positivas.

No digo que la caza no deba evolucionar. Seguramente hay aspectos que mejorar. Supervisión, profesionalización, ética en las prácticas. Pero demonizarla sin entender su impacto ni ofrecer una alternativa realista no es la solución. Lo responsable, en cualquier política pública, es valorar con datos, ponderar costes y beneficios, y decidir en consecuencia.

Por ejemplo, cuando se habla del sufrimiento animal asociado a la caza, conviene hacer una comparación serena y objetiva. Un animal que vive en libertad muere —si no es cazado— devorado por otro animal, enfermo, atropellado o por inanición. Su vida transcurre sin jaulas, sin estrés de establo, sin traslados en camiones ni esperas previas al sacrificio. A diferencia de la ganadería industrial, donde millones de animales mueren cada año tras una vida de encierro, el animal cinegético muere en libertad. Y aunque el disparo no siempre es certero, el diferencial de sufrimiento entre la muerte por caza y el sacrificio en matadero apenas alcanza el 5%. Incluso si se optara por otros métodos de control poblacional, el sufrimiento no desaparecería: se trasladaría de forma menos visible, pero no necesariamente más ética.

Vemos noticias, día sí y día también, sobre el sufrimiento de animales en cautiverio.

Entonces, la pregunta es: ¿hace, en su conjunto, la cinegética a un ecosistema social, medioambiental y económico mejor o peor?

¿Son las actividades reguladas mejores que las no reguladas? ¿Qué sucede con los cazadores furtivos, difícilmente controlables si no es por los propios cazadores regulados?
Insisto. No estoy ni a favor ni en contra. Lógicamente, en mi interior viven contradicciones. Pero necesitamos análisis, ciencia, rigor. Y luego, debate. En esta y en tantas otras cuestiones. A menudo se dice que los países avanzados son los que legislan con base en la evidencia. Si eso es cierto, el primer paso es conocerla. Y después, ya podremos opinar. También sobre la caza.