La semana pasada fue la de los anuncios del Gobierno: subidas de pensiones, excepciones al escudo antidesahucios y ayudas para la compra de coches eléctricos. El último, el jueves, para pymes y autónomos, de hasta 7.500 euros para la compra o el alquiler de vehículos eléctricos o electrificados, con un presupuesto de 40 millones. El martes, el Consejo de Ministros había aprobado el plan Auto+, sucesor del Moves, para particulares. El problema es que nunca, como estos últimos años, ha habido tanto dinero para incentivar la economía, pero las ayudas han sido tan poco efectivas porque cuesta demasiado que lleguen.

La burocracia ha llegado a un nivel al que no debería haber llegado, casi insuperable. Y digo "casi" porque todo es susceptible de ser superado y la inercia de la administración es muy difícil de cambiar. Las patronales se quejan de la burocracia, pero en el fondo, las grandes empresas que representan son las mejor preparadas para hacerle frente: tienen equipos y recursos que saben gestionarla. Eso sí, cuestan dinero. Para las pequeñas empresas, es más pesada, y para las micropymes y autónomos ya puede ser mortal.

Pero cuando digo que ha llegado a un nivel al que no debería haber llegado, la máxima expresión de esto es que ha llegado al ciudadano. Estamos acostumbrados a que un organismo público te pida un papel de otro organismo público, incluso cuando ambos dependen de la misma administración, y a pesar de que está ya todo digitalizado, pero no estamos acostumbrados a hacer trámites complejos. De hecho, no tenemos por qué hacerlos, es la administración la que está al servicio de los ciudadanos, y no al revés. Esta premisa se ha roto totalmente con el plan de ayudas a la compra de coches eléctricos, el Moves.

Nunca ha habido tanto dinero para incentivar la economía pero las ayudas han sido tan poco efectivas porque cuesta demasiado que lleguen

Hemos explicado en diversas ocasiones lo que cuesta conseguir esta ayuda para la compra de vehículos enchufables o cargadores. En tiempos, como recordaba Jaume Roura este domingo en una entrevista a ON ECONOMIA, dos años. Y algunos lo dejan estar por las dificultades para conseguirlo. Pau Vila, presidente del Institut Ostrom y columnista de este medio, ha explicado en muchos artículos los periplos administrativos que se ha encontrado. Uno era sobre el Moves, cuando un amigo, desesperado, le pidió ayuda, aprovechando que él está más acostumbrado a seguir los tortuosos caminos de la burocracia. Clics, documentos, esperas, denegaciones, citas previas, más esperas... y mucha desesperación.

Volviendo a la entrevista, con Roura recordábamos cómo funcionaban antes las ayudas a la compra de coches. Con los antiguos planes de renovación del parque de vehículos, en los años 90 y 2000, los Prever y Renove, si tú tenías un automóvil de más de 10 años y te comprabas uno nuevo, el Gobierno te daba dinero por desguazar el viejo, que contaminaba más y era menos seguro. El concesionario te aplicaba directamente el descuento y después lo liquidaba con la administración. Era el mismo concesionario el que enviaba el coche a desguazar. Rápido y fácil para todos: cliente, vendedor y gobierno.

¿Por qué cambiaron un sistema que funcionaba? ¿Por qué ahora lo tiene que hacer el ciudadano, lo ponen tan difícil y tardan tanto en pagar? ¿No se dan cuenta de que todo ello desincentiva que la gente se acoja? ¿O quizás lo hacen con voluntad de que no se acoja mucha gente?

La administración está al servicio del ciudadano, que está perdiendo la paciencia y su forma de rebelarse contra el sistema, según las encuestas, da miedo

No tengo respuestas concretes para estas preguntas, pero sí una de general: los gobernantes y los políticos cada vez están más lejos de los ciudadanos y de la realidad. Encontramos muchos ejemplos en las leyes y normas que se aprueban, empezando por la compleja regulación europea, o acabando con la urbanística de tantos y tantos municipios. Los promotores se quejan de que la norma no les deja, en muchas zonas, hacer edificios de cuatro plantas, totalmente incongruente en solares rodeados de bloques de 5, 6 y hasta 10 plantas, y además, esto limita la rentabilidad de la promoción, sobre todo si tienen que reservar un 30% a vivienda protegida. En municipios rurales llega al punto de que es muy difícil hacer una casa de más de un piso, rodeada también de casas más altas, pero entonces los alcaldes maldicen el abandono de los pueblos y culpan al barcelonacentrismo.

Ejemplos como estos se pueden encontrar en todos los ámbitos. Tenemos que exigir a los gobiernos y a todas las administraciones que reduzcan la burocracia. Porque se puede hacer –la tecnología no solo lo permite, sino que lo facilita–, porque será bueno para la economía, pero, sobre todo, porque es de justicia. Porque, repito, la administración está al servicio del ciudadano, que está perdiendo la paciencia y su forma de rebelarse contra el sistema, según las encuestas, da miedo.