Hay impuestos que aparecen en la declaración de la renta, otros que pagamos cada trimestre y algunos que casi hemos asumido como una fatalidad inherente al simple hecho de trabajar, consumir o tener patrimonio. Sin embargo, hay otro mucho más sutil que no figura en ninguna liquidación, que no tiene tipo impositivo ni genera ningún recibo y que, precisamente por eso, hemos normalizado con una resignación sorprendente: el impuesto sobre el tiempo. Son aquellas horas que un autónomo deja de dedicar a su negocio, a sus clientes, a buscar oportunidades, a innovar o, sencillamente, a descansar. Porque, nuevamente, alguna administración ha decidido que este mismo autónomo debe rellenar un formulario, presentar una declaración, interpretar una nueva obligación, adaptar un programa, comprobar una notificación o acreditar, por enésima vez, una información que demasiadas veces la propia administración ya tiene.

La última estimación de la Federación de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) es lo suficientemente contundente como para obligarnos a reflexionar: cada uno de los aproximadamente 3,5 millones de autónomos que hay hoy en el Estado español dedica una media de 226 horas anuales a trámites burocráticos, un 13% más que en diciembre de 2025. Según los cálculos de la misma organización, este tiempo representa un coste medio de 3.390 euros anuales por profesional y, en el conjunto del colectivo, el impacto económico asciende hasta los 11.770 millones de euros, con cerca de 780 millones de horas consumidas cada año en obligaciones administrativas. Más allá de la metodología empleada para monetizar este tiempo, la magnitud es lo suficientemente elocuente: hemos asumido con una normalidad inquietante que millones de horas potencialmente productivas desaparezcan año tras año en una telaraña de trámites que, paradójicamente, no deja de crecer mientras todas las administraciones proclaman su voluntad de simplificarla.

Porque 226 horas equivalen a más de veintiocho jornadas de ocho horas o, si lo preferimos, a casi seis semanas de trabajo. Seis semanas durante las cuales un profesional no crea, no vende, no piensa cómo mejorar su negocio, no abre nuevo mercado, no se forma ni desarrolla nuevos proyectos. Es precisamente aquí donde la cuestión deja de ser una simple molestia administrativa para convertirse en una contradicción económica difícil de defender: hace años que exigimos a empresas y profesionales que sean más productivos, más innovadores y más competitivos, mientras la Administración consume una parte creciente del recurso más valioso e irrecuperable que tienen para conseguirlo.

En Catalunya deberíamos tomarnos esta contradicción especialmente en serio, porque nuestra economía descansa en buena medida sobre pequeñas y medianas empresas, microempresas y profesionales independientes. Un tejido empresarial extraordinariamente capilar que sostiene la actividad, el empleo y la vida económica en todo el país. No hablamos mayoritariamente de estructuras con departamentos jurídicos, fiscales, laborales, tecnológicos o de cumplimiento normativo, sino de negocios en los que pocas personas concentran la dirección, la gestión comercial, la administración y, a menudo, la misma ejecución de la actividad. En consecuencia, cada nueva obligación que desde un despacho institucional puede parecer menor adquiere una dimensión completamente diferente cuando recae sobre quien trabaja solo o dirige una empresa de tres, cinco o diez personas.

Hemos asumido con normalidad que millones de horas potencialmente productivas desaparezcan en una telaraña de trámites burocráticos

Esta es, desde mi punto de vista, una de las grandes carencias de nuestro modelo regulador: legislamos demasiado a menudo como si una multinacional y un autónomo fueran dos versiones de tamaño diferente de una misma realidad empresarial. Y no, no lo son. Una gran corporación absorbe una nueva exigencia repartiéndola entre equipos especializados, contratando asesores o incorporando tecnología; un autónomo la asume restando horas al negocio o pagando una gestoría que adelgaza aún más unos márgenes que no siempre son generosos. La norma puede ser idéntica, pero el coste relativo de cumplirla es radicalmente desigual. Por lo tanto, si queremos hablar seriamente de competitividad, también deberíamos empezar a hablar de desigualdad burocrática.

No defiendo, naturalmente, una economía sin normas. Regular es imprescindible para garantizar transparencia, derechos laborales, seguridad jurídica, protección de los consumidores y lucha contra el fraude. Sería absurdo plantear el debate en términos de regulación sí o regulación no. La cuestión es otra: cuánta regulación necesitamos, cómo la desplegamos y, sobre todo, qué coste imponemos a quien la tiene que cumplir.

El problema, de hecho, no es una norma concreta, sino la lógica de acumulación. Cada nueva realidad económica genera una regulación; esta regulación crea procedimientos, los procedimientos incorporan obligaciones y cada una de estas obligaciones consume un poco más de tiempo, mientras las exigencias previas raramente desaparecen. Legislamos por sedimentación, superponiendo capas hasta construir un entramado que puede resultar perfectamente comprensible para quien lo ha diseñado y extraordinariamente pesado para quien lo tiene que acatar. Después, cuando la complejidad se vuelve insostenible, anunciamos solemnemente planes de simplificación administrativa que conviven, sin ningún tipo de rubor, con nuevas obligaciones. Cuesta imaginar una paradoja mejor institucionalizada.

Y lo más sorprendente es que todo esto sucede en plena era de transformación digital. Hemos creado sedes electrónicas, eliminado buena parte del papel, generalizado los certificados digitales y automatizado procedimientos, pero digitalizar no significa necesariamente simplificar. Un trámite prescindible no deja de serlo porque ahora lo hacemos desde una pantalla, de la misma manera que pedir reiteradamente una información que la Administración ya posee no se convierte en innovación por el simple hecho de hacerlo mediante un formulario electrónico.

Legislamos demasiado a menudo como si una multinacional y un autónomo fueran dos versiones de tamaño diferente de una misma realidad empresarial

En determinados casos, incluso, la digitalización ha comportado una transferencia silenciosa de trabajo desde la Administración hacia ciudadanos, autónomos y empresas. Somos nosotros quienes introducimos datos, descargamos certificados, gestionamos credenciales, consultamos notificaciones, interpretamos instrucciones y resolvemos incidencias. El papel ha desaparecido, ciertamente, pero buena parte de la carga administrativa continúa intacta. Modernizar una administración no consiste en trasladar el mismo laberinto a una pantalla más bonita, sino en cuestionar si el laberinto continúa teniendo sentido.

Y aquí surge una de las contradicciones que más me cuesta aceptar. La Administración exige a cualquier empresa que controle costes, elimine procesos improductivos, automatice tareas, aumente la eficiencia y rinda cuentas por los resultados. Sin embargo, resulta difícil entender por qué esta misma exigencia no se aplica con idéntica severidad a la propia maquinaria administrativa. Si una empresa obligara a sus clientes a dedicar cada vez más horas a relacionarse con ella mientras proclamaba que estaba simplificando los procesos, probablemente acabaría perdiéndolos. La Administración, en cambio, goza del privilegio extraordinario de no tener competencia, y quizás esta ausencia de alternativa explica por qué el coste del tiempo que impone a los demás sigue sin ocupar el lugar que merece en el debate público.

Esta realidad, además, trasciende las fronteras españolas. Europa ha desarrollado una capacidad reguladora formidable y, en muchos ámbitos, imprescindible, pero todavía nos cuesta incorporar con suficiente rigor el coste acumulativo de la regulación sobre quien debe ejecutarla. La competitividad europea no se juega solo en las grandes decisiones sobre energía, tecnología, financiación o política industrial, sino también en miles de pequeñas fricciones cotidianas que restan agilidad a quien intenta generar actividad económica. Podemos aprobar grandes planes para impulsar el emprendimiento, destinar recursos a la digitalización y pregonar la necesidad de hacer crecer nuestras empresas, pero si paralelamente convertimos el cumplimiento normativo en una especialidad profesional, estaremos subvencionando con una mano aquello que dificultamos con la otra.

La misma ATA señala que el 90% de los autónomos constata un incremento de las cargas administrativas, tributarias y vinculadas a la Seguridad Social, mientras que el 41% considera prioritaria la reducción de estas gestiones para facilitar tanto la generación de riqueza como la conciliación. Esta última cuestión es especialmente relevante porque acostumbramos a analizar la burocracia exclusivamente en términos económicos y olvidamos su coste humano. Si distribuimos estas 226 horas a lo largo del año, hablamos de más de cuatro horas semanales absorbidas por obligaciones administrativas, un tiempo que, en el caso de muchos autónomos, acaba inevitablemente invadiendo las tardes, los fines de semana o las horas de descanso. Entonces ya no hablamos solo de productividad perdida, sino de una manera muy concreta de empobrecer la calidad de vida.

Deberíamos empezar a exigir a la Administración que explique por qué necesita cada dato, cada declaración y cada trámite

Hay todavía otro coste, mucho más difícil de cuantificar y probablemente más corrosivo: el desánimo. El de aquel profesional que decide no contratar porque incorporar un trabajador implica una nueva dimensión administrativa; el de quien prefiere no ampliar el negocio porque crecer implica multiplicar obligaciones; o, todavía peor, el de quien tiene una buena idea, pero, ante la complejidad fiscal, laboral y burocrática que comporta convertirla en empresa, decide que no merece la pena. Un país no pierde emprendimiento únicamente cuando una empresa baja la persiana. También lo pierde cada vez que alguien decide no levantarla.

Ha llegado el momento, pues, de invertir la carga de la prueba. En lugar de exigir siempre al ciudadano y a la empresa que acrediten, comuniquen y justifiquen, deberíamos empezar a exigir a la Administración que explique por qué necesita cada dato, cada declaración y cada trámite. Cualquier nueva regulación empresarial debería incorporar una estimación transparente no tan solo de su impacto presupuestario, sino también de las horas que exigirá a quien la tiene que cumplir, especialmente cuando hablamos de microempresas y autónomos. Y, sobre todo, cada nueva obligación debería ir acompañada de una pregunta que sorprendentemente formulamos muy poco: ¿cuál de anterior podemos eliminar?

Simplificar significa legislar mejor, coordinar administraciones, compartir información entre organismos y asumir un principio que debería resultar elemental: el tiempo de los ciudadanos también tiene valor económico. Si medimos hasta el último decimal la productividad de los trabajadores, los costes laborales, los márgenes empresariales o el rendimiento de las inversiones, no parece ninguna extravagancia empezar a calcular también cuánta actividad productiva sacrificamos para sostener procedimientos que quizás nadie se ha atrevido a revisar.

Hace demasiados años que explicamos a los autónomos qué deben hacer para adaptarse al futuro. Les exigimos que se digitalicen, innoven, se formen continuamente, sean sostenibles, aumenten la productividad y compitan en un mercado cada vez más exigente. Quizás ha llegado la hora de darle la vuelta a la pregunta y plantearnos qué está dispuesta a hacer la Administración para adaptarse a ellos. Porque 226 horas anuales no son una anécdota, ni una incomodidad inevitable, ni el precio natural de vivir en una economía avanzada: son tiempo que no volverá, proyectos que no se impulsarán, negocio que no se generará y horas personales que nadie devolverá.

Y si realmente creemos que los autónomos son imprescindibles para sostener la economía del país, quizás habría que demostrarlo de una manera revolucionariamente sencilla: dejándolos trabajar. La Administración, hoy, también forma parte de nuestro problema de productividad.