No quiero una Catalunya de diez millones de habitantes. Y lo digo sin rodeos, porque me cuesta entender que hayamos convertido la expansión demográfica en una especie de éxito colectivo que hay que celebrar sin valorar sus consecuencias ni preguntarnos qué país deja a su paso.

No es una cuestión identitaria, ni una enmienda contra quien llega, ni tampoco una proclama nostálgica a favor de una sociedad que ya no existe. Es una inquietud mucho más elemental y, a la vez, mucho más incómoda. ¿Cuántas personas puede acoger Catalunya sin deteriorar los servicios públicos, las infraestructuras, el territorio y las condiciones de vida de quienes residen en ella?

Las cifras obligan, como mínimo, a iniciar este debate. Según las estimaciones publicadas el pasado mayo por el Institut d'Estadística de Catalunya, el IDESCAT, Catalunya arrancó 2026 con 8.210.710 habitantes, 86.584 más que un año antes. Las proyecciones oficiales sitúan el país en el año 2050 en 8,94 millones de personas en el escenario medio y en 9,92 millones en el alto. Alcanzar los diez millones no es, por lo tanto, el desenlace más probable ni una fatalidad inevitable, pero tampoco es una extravagancia retórica, sino una posibilidad lo suficientemente verosímil como para exigir algo más serio que entusiasmo estadístico.

Las cifras obligan, como mínimo, a iniciar este debate

Una proyección no constituye un objetivo político, sino que describe aquello que podría suceder si se mantienen determinadas hipótesis de fecundidad, esperanza de vida y flujos migratorios. Debería servir, precisamente, para anticipar sus efectos, definir qué modelo de país queremos y actuar antes de que la inercia acabe sustituyendo la planificación.

Durante demasiado tiempo hemos confundido dimensión con prosperidad. Incorporar habitantes comporta nuevos consumidores, trabajadores y cotizantes, amplía la demanda interna y, casi inevitablemente, engrosa el producto interior bruto. La fórmula resulta seductora porque permite exhibir grandes magnitudes y presentar una economía más voluminosa como una economía necesariamente mejor. Sin embargo, hacerse grande no equivale a hacerse rico, del mismo modo que avanzar en número no implica progresar en bienestar.

Un territorio puede producir más en términos agregados sin que evolucionen al mismo ritmo la productividad, los salarios o la renta per cápita. Incluso puede incrementar su actividad mientras los ciudadanos afrontan equipamientos desbordados, una movilidad más difícil, costes esenciales más elevados y menos calidad de vida. En este caso, no estaríamos generando una riqueza superior, sino distribuyendo entre más personas unas capacidades colectivas que han quedado prácticamente estancadas.

Un territorio puede producir más en términos agregados sin que evolucionen al mismo ritmo la productividad, los salarios o la renta per cápita

El tamaño de una economía dice muy poco sobre el bienestar que es capaz de proporcionar, porque aquello que cuenta es el valor que genera cada trabajador, las remuneraciones que pueden asumir las empresas, la solidez de las prestaciones públicas y las oportunidades que encuentra cada ciudadano. Cuando el PIB avanza empujado principalmente por el aumento de habitantes, pero la productividad y la renta individual no siguen la misma trayectoria, el éxito deja de ser tan evidente.

No hay que esperar hasta el 2050 para constatar este desequilibrio. Tan solo hay que observar las listas de espera hospitalarias, la presión sobre las urgencias, los trenes atestados en hora punta, la congestión de los accesos metropolitanos o los numerosos municipios que se han expandido sin que los equipamientos hayan crecido al mismo ritmo. La sensación de saturación que se ha instalado en el país nace, en buena parte, de una evidencia que cuesta demasiado reconocer. Catalunya ha incorporado habitantes a un ritmo muy superior al que ha reforzado su estructura colectiva.

El país gana residentes a la vez que aumenta el peso de las generaciones de edad más avanzada

Al desajuste se añade el envejecimiento. Casi uno de cada cinco catalanes ya tiene 65 años o más y, si se cumple el escenario demográfico medio, en el año 2050 este colectivo representará cerca del 29% del total. El país gana residentes a la vez que aumenta el peso de las generaciones de edad más avanzada, una combinación especialmente exigente porque obliga a ensanchar la base laboral mientras se intensifican las demandas sobre la sanidad, las pensiones, los cuidados y la dependencia.

Ante esta realidad aflora inevitablemente la pregunta más delicada. ¿Necesitamos inmigración? Quizás. Pero así no.

Una sociedad envejecida pide personas en edad de trabajar, especialmente cuando numerosos sectores no consiguen cubrir vacantes y el relevo generacional se vuelve cada vez más difícil. Negar esta realidad sería absurdo. Sin embargo, una cosa es reconocer la aportación imprescindible de la inmigración y otra muy diferente es convertir la llegada continuada de mano de obra en el remedio permanente de nuestros desequilibrios.

Durante el 2024, Catalunya sumó cerca de 112.000 residentes, un aumento que se produjo íntegramente gracias a los movimientos procedentes del extranjero. El saldo migratorio exterior superó las 129.000 personas, mientras que tanto la diferencia entre nacimientos y defunciones como los intercambios con el resto del Estado fueron negativos, de acuerdo con los resultados demográficos definitivos publicados por el IDESCAT. El país no gana habitantes porque nazcan más personas, sino porque llegan más de las que se marchan.

Una cosa es reconocer la aportación imprescindible de la inmigración y otra muy diferente es convertir la llegada continuada de mano de obra en el remedio permanente de nuestros desequilibrios

Esta dinámica no es necesariamente negativa, pero sí resulta imprudente ignorar qué estructura productiva contribuye a perpetuar. Si para conservar la actividad hay que incorporar trabajadores de manera ininterrumpida, si determinados negocios solo son viables gracias a una oferta abundante de mano de obra con remuneraciones precarias y si el avance económico depende más de acumular personas que de incrementar la eficiencia, quizás no estemos resolviendo ninguna debilidad estructural, sino que nos limitamos a aplazarla mientras ampliamos sus dimensiones.

Catalunya requiere profesionales sanitarios, ingenieros, técnicos, especialistas industriales y trabajadores de los cuidados, entre muchos otros perfiles, pero también debe abandonar un patrón demasiado acostumbrado a progresar por acumulación. Acoger nuevos ciudadanos sin una estrategia de cualificación, inserción laboral, vivienda, integración lingüística y generación de valor puede engrosar la actividad, seguro, pero no garantiza ni una sociedad próspera ni una comunidad cohesionada.

Ningún territorio dispone de una capacidad de absorción ilimitada, y Catalunya no es la excepción. Todo el que se instala en nuestra casa, independientemente de su procedencia, necesita atención sanitaria, transporte, educación, energía, agua, seguridad y administración. Señalar esta evidencia no implica cuestionar a nadie, sino hacer aritmética, porque la irresponsabilidad consiste en dar por hecho que podemos seguir sumando residentes sin dimensionar paralelamente los recursos ni aclarar quién sufragará unas inversiones del todo indispensables.

Ningún territorio dispone de una capacidad de absorción ilimitada, y Catalunya no es la excepción

El debate maduro no consiste en proclamar que la inmigración es siempre beneficiosa o siempre perjudicial; esto no va de blanco o negro. El gran ejercicio de coherencia y de valentía es determinar cuánta es necesaria, para cubrir qué actividades, bajo qué condiciones y con qué posibilidades de integración económica, lingüística y social. Plantear estas cuestiones no significa levantar fronteras, sino asumir una responsabilidad que cualquier gobierno riguroso debería ejercer.

Catalunya no debería aspirar a acumular habitantes, sino a ofrecer oportunidades y calidad de vida a cada uno. El futuro no puede descansar en más brazos, más consumo y más volumen, sino en el conocimiento, la capitalización empresarial, la industria avanzada, la innovación y el valor añadido. Antes de obsesionarnos con ser más, deberíamos ambicionar ser mejores.

Por eso no me seduce en absoluto la Catalunya de los diez millones, porque temo que este hito acabe convertido en una huida hacia adelante que permita aplazar las reformas difíciles, eludir las inversiones imprescindibles y esconder bajo un PIB más elevado una prosperidad individual que no avanza. Antes de preguntarnos cómo llegaremos a aquella cifra, deberíamos responder a una cuestión mucho más urgente. ¿Somos capaces de ofrecer a los más de ocho millones que ya somos el país que nos merecemos?

Si la respuesta no es inequívocamente afirmativa, la mía ante la Catalunya de los diez millones sí que lo es: no, gracias.