En un paso decidido para modernizar el aparato judicial y dar una respuesta más eficaz a los retos del siglo XXI, la consejera de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon, y el consejero de Justicia y Calidad Democrática, Ramon Espadaler, han mantenido una reunión de trabajo con la fiscal jefe de Barcelona, Neus Pujal. El encuentro ha servido para trazar las líneas maestras de una colaboración estratégica con un objetivo claro: convertir la eficiencia y la protección de la ciudadanía en los ejes centrales del sistema.

No se trata de una reunión más en las sedes de la Generalitat. Para el Gobierno, no solo estaban los dos consejeros, sino que les han acompañado el director general de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, y la secretaria general del Departamento de Justicia, Maite Casado. Por parte de la Fiscalía, la presencia de la fiscal jefe se ha visto reforzada por los fiscales decanos de los juzgados de Instrucción de Barcelona (Mercedes de la Peña, José Luis García y Cristina Dexeus) y, significativamente, por el fiscal delegado de Anticorrupción, Gerardo Cavero. Esta representación transversal, que abarca desde la policía judicial hasta la lucha contra la corrupción, subraya el fortalecimiento del eje seguridad-justicia como prioridad.

El encuentro se ha centrado en tres retos interconectados:

-La lucha contra la multirreincidencia: Un fenómeno que erosiona la sensación de seguridad ciudadana y que requiere una respuesta coordinada. Se busca articular mecanismos para que los reincidentes crónicos, especialmente en delitos contra el patrimonio o de violencia, no se beneficien de las disfunciones o la lentitud del sistema. La coordinación entre los Mossos, que realizan las detenciones, y la Fiscalía, que dirige la investigación, se considera clave para romper este ciclo.

-La protección integral de la víctima: El concepto va más allá de la mera asistencia durante el juicio. Se pretende diseñar un itinerario que abarque desde la atención psicológica inmediata hasta el acompañamiento durante todo el proceso judicial, garantizando que la víctima no se vea revictimizada por la burocracia o la falta de información. Se trata de poner a la persona afectada en el centro de las políticas públicas de justicia.

-La apuesta decidida por la inteligencia artificial: Este es, sin duda, el punto más innovador y con más proyección de futuro. La Generalitat y la Fiscalía exploran el desarrollo de herramientas de IA aplicadas a la justicia. Estas tecnologías no pretenden sustituir a los jueces o a los fiscales, sino aligerarlos de tareas repetitivas. Podrían automatizar el análisis inicial de grandes volúmenes de datos (como los obtenidos de intervenciones telefónicas), creando informes preliminares; redactar automáticamente borradores de resoluciones estándar o gestionar de forma inteligente los plazos procesales, todo con el objetivo último de agilizar los juicios rápidos. Estos juicios, diseñados para delitos menores con sospechoso identificado, son fundamentales para descongestionar los juzgados y ofrecer una respuesta ágil.

Más allá de las herramientas tecnológicas, la reunión ha puesto sobre la mesa una reivindicación histórica de la justicia catalana: la necesidad de equiparar los recursos humanos a los estándares del resto del Estado. Tanto la Generalitat como la Fiscalía coinciden en la urgencia de ampliar los medios en el ámbito penal, exigiendo como mínimo un incremento en el número de jueces y fiscales para alcanzar la misma ratio media que hay en las otras comunidades autónomas por cada 100.000 habitantes. Este déficit crónico repercute directamente en la sobrecarga de trabajo y en las listas de espera.

Esta reivindicación va ligada a otra: la consolidación de los juzgados de refuerzo para juicios rápidos. Estos juzgados, que a menudo funcionan con carácter temporal o con recursos insuficientes, han demostrado su eficacia. Su estabilización es vista como una pieza clave para la modernización y la agilidad del día a día judicial.

El mensaje que quieren transmitir las instituciones es de unidad y de voluntad renovada. En un contexto social complejo, la Generalitat y la Fiscalía apuestan por una vía que combina la reclamación legítima de más recursos con la apuesta valiente por la innovación tecnológica. El objetivo final es un sistema de justicia más rápido, más eficaz y, sobre todo, más cercano a los ciudadanos a los que deben servir.