Entre el claxon de los tractores que avanzan por Gran Via y a punto de encontrarse con el president del Govern Pere Aragonés, el secretario de organización de Unió de Pagesos, Carles Vicente, atiende a ON ECONOMIA en uno de los días más convulsos de los últimos años para los agricultores. Las arterias de Barcelona están saturadas por un sector que acumula quejas y distancia con los poderes públicos, todos ellos ubicados en grandes ciudades. Los agricultores de Europa han dicho basta y los españoles y catalanes se han sumado porque, aseguran, no paran de perder poder adquisitivo, no tienen control sobre los precios que imponen los grandes supermercados y, para rematarlo, la Unión Europea les impone una burocracia y un control ambiental que les roba tiempo y capacidad productiva. 

¿Por qué hemos llegado a este punto?
Llevamos tiempo denunciando una política agraria común (PAC) que no se ha hecho bien en España, que ha sido connivente con Europa. Está bien que existan ecoesquemas que nos compensen por generar biodiversidad. Pero acabamos perdiendo terrenos y hasta un 20% de capacidad productiva. Nosotros no estamos en contra de las prácticas medioambientales, pero se están haciendo sin criterios objetivos y en contra de los agricultores, que ya sufrimos bastante por los bajos precios que imponen los grandes grupos de distribución. 

¿La situación es peor por la burocracia, por la pérdida de poder adquisitivo o por los bajos precios que reciben de las distribuidoras? 
Pues lo peor es el precio, porque si cobráramos precios justos que nos permitan vivir con dignidad, la burocracia nos molestaría, pero no nos asfixiaría. Lo mismo con la pérdida de poder productivo, con mejores condiciones económicas, tal vez algunos lo podrían asumir mejor. Al tener peores precios, multiplica los efectos. 

El hecho de que nos paguen unos precios tan bajos multiplica los efectos negativos de la PAC y la burocracia

El gobierno español ha anunciado que refuerza la ley de cadena alimentaria, que busca proteger los precios en origen para que no haya abusos. ¿Les parece un buen paso?
No, porque es una ley que no funcionaba cuando se creó en 2014 ni tampoco desde que se modificó en 2019, porque no reconoce la posición de dominio que tienen algunas partes de la cadena al negociar. Tenemos también un cuaderno digital que, si no utilizamos, nos va a penalizar en nuestro expediente. Y no tiene sentido que se aplique este cuaderno sin consultar a los agricultores y sin haber tenido un tiempo para ver cómo se aplica en el campo.  

¿Qué os parece que la extrema derecha se apropie de las protestas? 
No es novedoso. Cuando hay problemas en un sector, aparece la extrema derecha. Eso genera un nubarrón, pero los problemas siguen ahí. Aquí ha entrado a través de España, pero en Catalunya se ha cortado a la extrema derecha, han desaparecido de los grupos y en España está empezando a pasar. Los problemas siguen ahí, con o sin extrema derecha y no debe empañar las protestas. 

Este miércoles el conseller Mascort ha dicho que el Govern lleva 8 años al lado de los agricultores y ha apuntado hacia estado español y Unión Europea. ¿Pueden hacer más?
Creo que debemos dejar de hacer política de centrifugado de responsabilidades. Los partidos de Catalunya también están en el Congreso y en el Parlamento Europeo. Sea o no competencia tuya, te puedes oponer de manera más beligerante cuando defiende a los agricultores. Y también podría ayudarnos más con la burocracia. 

Hay que dejar de centrifugar responsabilidades. Catalunya puede hacer más

Hay quien está entendiendo que los agricultores están contra la preservación de la biodiversidad y contra el ecologismo por su oposición en ocasiones a las renovables. 
Es una pena que se vea así, porque la agricultura es biodiversidad. Un agricultor puede resumirlo de una manera que pueda entenderse así, pero no es así. Lo que no se puede es imponer una forma de hacer agricultura sin criterios objetivos, sin que nos podamos preparar y que nos acaba perjudicando gravemente al negocio. Nos quitan productos fitosanitarios que, cuando desaparezcan, tendremos problemas con insectos y gusanos.

Esta protesta nace en grupos de WhatsApp y asambleas ajenas a Unió de Pagesos. 
Eso es lo bucólico y está muy bien el estallido cuando han visto la movilización en Francia. Pero llevamos tiempo movilizándonos. En cambio, ASAJA, COAG y UPA, los mayores sindicatos agrarios de España, firmaron un documento que avala las bondades de la ley de cadena alimentaria y también la aplicación de la PAC en España. El ministro lo aprovecha ahora diciendo que tiene el aval de esos sindicatos agrarios, que por cierto no hacen elecciones desde el año 2000. Solo en Catalunya, Castilla y León, Madrid y Extremadura se hacen elecciones. Y ahora salen a movilizarse por algo que apoyaron. 

ASAJA, COAG y UPA firmaron a favor de medidas contra las que ahora protestan. Nosotros convocamos 52 movilizaciones en 2023 

Pero las plataformas de base dicen eso también de ustedes, que no han sido suficientemente beligerantes. 
Nosotros hemos convocado 52 movilizaciones desde 2023. Y a quien nos acusa de vendidos, que es lo que dicen en las redes, tiene que tener en cuenta que nosotros no tenemos un sueldo, a diferencia también de lo que sucede en ASAJA. Cuando trabajo para Unió de Pagesos, que me cede un coche de renting y un móvil, cobro 100 euros, pero tengo que pagar al que cubre mi lugar en el campo y pago 70 euros y la seguridad Social. 

¿De cuánto es la subvención que recibe Unió de Pagesos?
Es una subvención proporcional a la gente que nos vota. Creo que es de unos 500.000 euros y todo lo invertimos en técnicos, asesoría de cuadros sindicales y un personal que sí que es asalariado y que vela por los intereses de los agricultores. Además, tenemos un servicio de asesoría que los afiliados pueden utilizar.