El Informe Anual de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social correspondiente a 2025 evidencia que este órgano de supervisión ha detectado que las empresas españolas han cometido 32.889 infracciones en materia de bonificaciones de formación profesional para el empleo. Estas irregularidades han comportado la emisión de los correspondientes expedientes liquidatorios, por un valor total de 29,35 millones de euros.
Las anomalías se detectan a través de la inspección de los expedientes que presentan las empresas a la entidad pública Fundae (Fundación Estatal para la Formación en el Empleo, antes conocida como Fundación Tripartita), que es la encargada de impulsar y coordinar la formación profesional para el empleo. Cada año, al cierre del ejercicio, Fundae cruza la información declarada en su aplicación con los datos reales de cotización y bonificaciones aplicadas en la Seguridad Social y con la situación tributaria de la empresa.
Todas las empresas con trabajadores adscritos al régimen general de la Seguridad Social disponen de un crédito para la formación de sus trabajadores que se hace efectivo mediante bonificaciones en las cuotas aportadas a la Seguridad Social.
Las empresas pagan cada mes la parte empresarial de la cuota de Formación Profesional a la Seguridad Social —que se aplica en la nómina bajo el concepto Formación Profesional— que es del 0,6% sobre la base de cotización del trabajador. A ese 0,6 % se suma un 0,1 % que aporta el trabajador también en su nómina para formar un 0,7 % total destinado al sistema público de formación en el empleo gestionado por el Sepe y Fundae.
Usar más crédito del disponible
Las irregularidades más habituales que cometen las empresas son haberse bonificado más crédito del disponible, incumplir la cofinanciación privada o tener deudas con Hacienda o con la Seguridad Social. Para evitar problemas y posteriores requerimientos, las empresas deben comprobar que las bonificaciones aplicadas a la formación de sus trabajadores cumplen todos los requisitos exigidos.
"Cada empresa debe preguntarse si podría acreditar quién participó, cómo se impartió y qué costes se bonificaron si mañana le solicitaran el expediente de un curso antiguo. Tener esa documentación preparada evita afrontar el requerimiento contrarreloj", señala Beatriz Rodríguez, directora comercial de Evoluciona Formación, un centro educativo dedicado a impartir los cursos formativos para empresas.
Avisos previos
Estos controles sirven de advertencia para las empresas que todavía están gestionando sus bonificaciones para 2026 y, además, existen campañas de regularización que impulsa la misma Fundae. El pasado mes de julio, la Inspección de Trabajo comunicó el envío de 13.660 comunicaciones a empresas y entidades que se habrían beneficiado de bonificaciones indebidas, correspondientes a 29.624 acciones formativas. Esta iniciativa ofrecía la posibilidad de regularizar voluntariamente las cantidades para evitar el inicio de actuaciones inspectoras.
La directora de Evoluciona Formación admite que en volumen de expedientes no "hablamos de grandes cifras, porque a través de Fundae se imparten unos 6 millones de cursos al año, pero ello no quita que sea un problema recibir un requerimiento y tener que devolver las bonificaciones".
Además, porque la causa más habitual no es que la empresa no esté al corriente de los pagos a Hacienda o Seguridad Social, sino que lo que más suele pasar es que las empresas se apliquen un importe de bonificación superior al crédito formativo que tienen acumulado. Otra razón es que no hayan comunicado en plazo la finalización del curso, que suelen impartirse con una duración de 60 horas, en cuatro semanas.
El trabajador tiene que poner de su parte, en horario laboral
Las empresas también son víctimas de la "irresponsabilidad de los trabajadores", que a menudo no conocen que su implicación en la formación es imprescindible y que no finalizar un curso, no obtener la acreditación final, penaliza a su misma empresa.
En este sentido, Beatriz Rodríguez insiste en que la formación hay que impartirla y cursarla en horario laboral. "Con los cursos online nos encontramos que muchos empleados deciden hacerlo fuera de su horario laboral y, entonces, o se olvidan, o lo van aplazando y, al final, esa es una penalización para la empresa". "Se precisa: asistencia, conexión, cumplimiento y superar los exámenes", insiste la directora comercial de Evoluciona Formación.
Para las empresas hay otro requisito que a veces pasa desapercibido y es importante: Fundae exige conservar durante cuatro años la documentación acreditativa de las acciones bonificadas. Si llega un requerimiento, la organización debe poder localizar y aportar las evidencias correspondientes.
Un curso de 60 horas cada año
Todas las empresas tienen, aunque únicamente sean de un trabajador, un crédito mínimo garantizado de 420 euros al año para formación. "Con este crédito se puede acceder a un curso de 60 horas, ya que Fundae bonifica 7,5 euros por hora de formación", explica Rodríguez y destaca que Evoluciona Formación se ajusta a esos niveles de gasto para que las empresas no tengan que añadir dinero para dar formación a la plantilla. Además, remarca que "si las empresas no usan esos créditos, las aportaciones se quedan en manos del Estado".
A la pregunta de por qué las empresas no imparten formación a sus empleados, la directora comercial del centro formativo no da una única respuesta. Pero admite que la demanda ha crecido en los últimos años. Los avances tecnológicos han instado al tejido empresarial a ponerse manos a la obra para la formación continua de los empleados.
Rodríguez emite un reproche a las empresas: "Muchas compañías dicen que no encuentran talento, que no hay profesionales, pero olvidan que a los trabajadores hay que formarlos ante los avances cada vez más rápidos y disruptivos de la tecnología".
Competencias digitales
Así, la demanda de cursos vinculados a competencias digitales, ofimática, inteligencia artificial... ha crecido muchísimo y, también, la asistencia de personas mayores de 45 años y, sobre todo, de más de 55 años. Las herramientas digitales están ganando la partida de la formación en las empresas, constata Rodríguez. En la actualidad, el centro Evoluciona Formación imparte muchos cursos para ganar competencias en márquetin digital, en ventas y en contabilidad y análisis financiera, constata.
Un elemento clave para esta demanda también es la entrada en vigor del Reglamento de Inteligencia Artificial (RIA) —oficialmente Reglamento (UE) 2024/1689— en el marco de la Unión Europea. Esta norma regula el desarrollo, la comercialización y el uso de sistemas de inteligencia artificial para garantizar que sean seguros, transparentes y respetuosos. Este reglamento se aplica de forma escalonada y, en agosto de 2026, ha entrado en vigor su artículo 50, que regula las obligaciones de transparencia para proveedores y responsables del despliegue de determinados sistemas de IA.
Fundae también prevé iniciativas específicas para empleados públicos y oferta formativa para personas ocupadas en las Administraciones Públicas, pero el sistema es distinto al de las empresas con empleados en el Régimen General de la Seguridad Social.