El presidente de Pimec, Antoni Cañete, ha trasladado a la Comisión Europea la urgencia de combatir la morosidad. El mensaje, duro y sin ambages, es claro: Europa debe pasar de las palabras a los hechos y priorizar el Reglamento contra la Morosidad dentro de su programa de trabajo para 2026. La batalla contra los impagos ha encontrado esta semana a su portavoz de alto nivel en las salas de Bruselas. Acompañado de la delegada de Pimec en la capital europea, Rosa Solanes, Cañete ha iniciado una ronda de contactos de máximo nivel para exigir acciones concretas.

Las cifras no dejan lugar a dudas: los resultados de la encuesta europea sobre esta cuestión revelan que el 73% de las empresas identifica la morosidad como un "problema grave", y una de cada dos (el 52%) denuncia alargamientos unilaterales de los plazos de pago por parte de sus clientes, una práctica que pone en peligro su supervivencia.

"Las pymes son el corazón de la economía europea, pero demasiado a menudo se les deja fuera de las decisiones reales. Europa necesita menos declaraciones y más acciones", ha destacado Cañete con contundencia antes de las reuniones. Su gesta no es solo persuadir, sino asegurarse de que la propuesta de Reglamento no caiga en el olvido legislativo. Para ello, su petición va más allá de la mera existencia de la norma; reclama que la Comisión apoye "la creación de un régimen sancionador efectivo y autoridades de cumplimiento en todos los estados miembro para salvar a miles de pymes y puestos de trabajo".

La importancia de la causa se refleja en la agenda de Cañete y Solanes. Durante tres días, se reunirán con altos cargos del arco parlamentario y ejecutivo europeo. Entre sus interlocutores figuran:

-Manfred Weber, presidente del Partido Popular Europeo (PPE).
-Dolors Montserrat, secretaria general del PPE.
-Iratxe García, presidenta del Grupo Socialista en el Parlamento Europeo.
-Teresa Ribera, vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea.

Esta estratégica ruta política busca crear una alianza transversal que presione a la Comisión desde todos los frentes, asegurando que la lucha contra la morosidad se convierta en una prioridad incuestionable, más allá de las líneas políticas. La morosidad no es un problema nuevo, pero la coyuntura actual la ha convertido en una amenaza sistémica. La subida de los tipos de interés, la inflación persistente y la desaceleración económica han dejado a las pymes, ya de por sí carentes de músculo financiero, en una situación de extrema vulnerabilidad.

Un impago por parte de un gran cliente o un retraso en la facturación de una administración pública puede significar, directamente, no poder hacer frente a las nóminas de los trabajadores o a los pagos a sus propios proveedores, desencadenando un efecto dominó de impagos que debilita toda la cadena de valor. La batalla que libra Antoni Cañete estos días en Bruselas no es solo una cuestión regulatoria. Es una carrera contra reloj para garantizar el oxígeno financiero que necesitan miles de empresas que, en definitiva, sustentan el mercado laboral y el modelo productivo de la Unión Europea. El futuro de la propuesta de Reglamento marcará, en gran medida, la salud del "corazón" de la economía del continente.