El Consejo de Ministros ha dado luz verde esta semana a una de las mayores inyecciones de capital público al sector de la defensa en la última década. Se trata de un paquete de préstamos directos por valor de 2.292 millones de euros a la empresa pública Navantia, destinados exclusivamente a la modernización y el desarrollo de cinco programas navales considerados estratégicos para las Fuerzas Armadas españolas. Los créditos, que serán a interés cero y de carácter plurianual, marcan el pistoletazo de salida del nuevo Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y Defensa.

La decisión, tomada mediante un real decreto de concesión directa, se ampara en el "interés público, social y económico" y en la "excepcional urgencia" que requieren los programas de defensa, lo que hace inviable una convocatoria pública competitiva. El Gobierno justifica esta millonaria operación en el actual contexto geopolítico de incertidumbre, caracterizado por la guerra en Ucrania, la inestabilidad en el Sahel y el flanco sur de la OTAN, y la aparición de nuevas amenazas híbridas que exigen reforzar las capacidades estratégicas nacionales.

La financiación, calendarizada hasta el año 2031, se destinará íntegramente a cinco proyectos concretos, que suponen un impulso sin precedentes para la industria naval:

-Construcción del Buque de Aprovisionamiento de Combate (BAC II). Con un presupuesto de 380 millones, será el sucesor del 'Cantabria' y servirá para reabastecer en alta mar a la flota.
-Modernización de las Fragatas F-100. El programa más cuantioso, con 1.280 millones, actualizará los sistemas de combate de las emblemáticas fragatas clase Álvaro de Bazán, columna vertebral de la Armada, extendiendo su vida operativa.
-Actualización de los Buques Anfibios Galicia y Castilla. Dotado con 240 millones, este proyecto modernizará estas dos unidades esenciales para las operaciones de proyección y desembarco.
-Nuevo buque de Acción Marítima de Inteligencia (BAM AGI). Con 242 millones, se construirá un buque espía de última generación para labores de vigilancia e inteligencia electrónica.
-Buque Hidrográfico Oceánico (BHO). Con una inversión de 150 millones, se dotará a la Armada de una nueva plataforma para cartografía e investigación oceanográfica.

Más allá del aspecto puramente defensivo, el Ejecutivo subraya el impacto industrial y social de la medida. El plan está diseñado para asegurar la actividad de los astilleros de Navantia en Ferrol, Cádiz y Cartagena, garantizando miles de puestos de trabajo de alta cualificación de aquí al final de la década. Además, se calcula que el proyecto movilizará a una extensa red de más de 900 empresas auxiliares y pymes repartidas por toda España, actuando como un tractor clave para la cohesión industrial y tecnológica del país.

Ante la magnitud de la ayuda, el real decreto establece estrictos mecanismos de control y justificación. Navantia deberá destinar los fondos exclusivamente a los programas pactados y tendrá que rendir cuentas ante el Ministerio de Industria de forma periódica, demostrando el cumplimiento de hitos técnicos y financieros. La empresa pública no deberá aportar garantías, pero en caso de que no se formalicen los contratos definitivos con el Ministerio de Defensa, estará obligada a devolver íntegramente las cantidades recibidas.

El texto también otorga a la ministra de Industria, Jordi Hereu, la facultad de actualizar los anexos técnicos y el calendario de desembolsos, siempre sin superar el importe global aprobado. Con esta decisión, el Gobierno no solo busca blindar la defensa nacional, sino también consolidar la autonomía tecnológica e industrial de España en un sector considerado clave para la soberanía.