El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha resuelto sancionar a Alquiler Seguro con 3.600.902 euros por cobros a inquilinos y otras irregularidades, según ha apuntado la organización de consumidores Facua, una de las denunciantes, y han confirmado a EFE desde la compañía.

Fue a finales de octubre cuando el Ministerio que dirige Pablo Bustinduy trasladó a la empresa Alquiler Seguro esta propuesta de sanción al entender que había vulnerado los derechos de los consumidores. Entonces, el ministro ya advirtió de que los abusos en el mercado de la vivienda se iban a pagar "muy caros".

Contra esta sanción, la empresa puede presentar un recurso de alzada ante el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, antes de agotar la vía administrativa. En la resolución, que Consumo ha comunicado ahora a Facua como parte personada en el procedimiento, se desestiman las trece alegaciones presentadas por Alquiler Seguro, según apunta en un comunicado la asociación de consumidores.

Entre las prácticas fraudulentas detectadas, se hace referencia a un servicio de atención al inquilino que, según Facua, "disfraza" el cobro a los arrendatarios de gastos que debe soportar el propietario, la obligación de contratar un seguro del hogar o un estudio de solvencia económica. También se menciona el limitar el derecho de desistimiento del contrato o imponer a inquilinos gastos derivados de reclamaciones judiciales o extrajudiciales.

La resolución sancionadora concluye que la compañía de servicios inmobiliarios ha cometido seis infracciones calificadas como muy graves y una como grave. Todas ellas han derivado en una multa de un millón de euros, otra de 990.900 euros, tres de 500.000 euros y otra de 100.001 euros. La infracción grave se sanciona con 10.001 euros.

Alquiler Seguro ya anunció en octubre que iba a presentar alegaciones frente a la propuesta de sanción del Ministerio de Consumo con el objetivo de defender la legalidad de sus servicios y agregó que el importe de la sanción era "abusivo" y "desproporcionado".

Facua denunció a Alquiler Seguro en noviembre de 2023 al considerar que estaba obligando a los inquilinos a abonarles el equivalente a un mes de renta más el 21 % de IVA, así como por el cobro de un servicio de atención al inquilino que incluía, entre otros, un asesoramiento para gestiones de cambio de titularidad de suministros energéticos, asesoramiento jurídico sobre el contrato de alquiler o resolución de siniestros e incidencias, gestiones que en muchos casos corresponde al arrendador.