En abril de 2025 entró en vigor en España la ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario para conseguir para 2030 una disminución del 50% de los residuos alimentarios per cápita en la venta minorista y el consumo. La norma también quiere reducir en un 20% las pérdidas de alimentos en las cadenas de producción y suministro. Pero no será hasta abril de 2026 cuando serán exigibles ciertas medidas indicadas en la ley, como, por ejemplo, la jerarquía de prioridades, en función de la cual establece como obligatorio que los excedentes alimentarios deben destinarse, en primer lugar, a la donación para consumo humano y, solo si no es viable, se dedicarán a la alimentación animal, como la fabricación de pienso. Si tampoco es posible se le podría dar un uso industrial y solo en última instancia se tratará como residuo.

Esta obligatoriedad abre un nuevo paradigma a todos los agentes de la cadena alimentaria en España -desde productores primarios, distribuidores, comercio al por menor, hostelería y restauración-, pero también y especialmente a las entidades del tercer sector (ONGs, bancos de alimentos) que se nutren de las donaciones de la industria alimentaria y de las empresas de la gran distribución. La aplicación de la ley -que prevé determinadas sanciones por incumplimiento- es una oportunidad para las entidades sociales, pero al mismo tiempo comporta un reto importante en cuanto a la gestión y el volumen de las donaciones. 

La directora de la Fundación Banco de Alimentos, Elisabet Viladomiu, explica que tienen por delante un nuevo contexto que "modificará la gestión de las donaciones y la manera de acceder a ellas". Por un lado, las entidades prevén un aumento de las donaciones porque habrá más empresas que pondrán producto al alcance de la acción social, "pero será necesario fijar convenios de colaboración específicos para precisar las técnicas y tempos de recogida" para garantizar la seguridad alimentaria de todo el proceso de captación y reparto.

Pero, por otro lado, la industria y las empresas de la gran distribución están cada vez más preparadas para ajustar sus stocks a la demanda del consumidor y, también, para aplicar campañas y promociones de descuento que eviten el desperdicio alimentario, especialmente para el producto fresco. "Esto ya lo sufrimos, hoy por hoy", explica Viladomiu, y hace referencia a las promociones que hacen por ejemplo las grandes cadenas de supermercados para vender productos con una caducidad muy ajustada, evitando que se tengan que tirar.

Menos donaciones pero más donantes

En definitiva, "bajará la ratio de donaciones por empresa porque la industria tiene las producciones más ajustadas a la demanda para evitar la generación de stocks, pero al mismo tiempo incrementaremos el número de empresas que harán aportaciones", constata la directora de la Fundació Banc dels Aliments. Desde la entidad, se muestran satisfechos por la nueva medida y lo ven como una oportunidad porque su estructura está consolidada y pueden ofrecer la trazabilidad adecuada y garantizar que los productos lleguen a otras entidades sociales para su correcta distribución.

Tienen claro que la vía para alcanzar la nueva realidad es cerrar alianzas entre las entidades y las empresas. En 2024, el Banco de Alimentos colaboró con 301 empresas del sector de la alimentación y 252 empresas de otros sectores económicos. Creen que pueden aportar su experiencia en la implantación de sistemas de recuperación de alimentos, en la formación de sus equipos, en la gestión eficiente de las donaciones para garantizar su trazabilidad. El Banco de Alimentos opera a través de una red logística que incluye un almacén central en Barcelona y cuatro almacenes reguladores situados en Cabrera, Manresa, Santa Perpètua y Subirats. Esta infraestructura permite una distribución eficiente de los alimentos a más de 300 entidades sociales colaboradoras.

En 2024 se distribuyeron 15.602.000 kg de alimentos (136 kg por persona atendida), con un valor aproximado, a precio de mercado, de 38,6 millones. El 61% de los alimentos distribuidos en 2024 provenían de la recuperación, evitando su destrucción y contribuyendo a la sostenibilidad ambiental (con la recuperación de estos alimentos, se evitó la emisión de 18.509 toneladas de CO₂ a la atmósfera y el ahorro de 6.174 millones de litros de agua).

Los hogares catalanes tiran comida por valor de 330 euros al año

"El 24% de la población catalana está en riesgo de pobreza y un 8% ya es pobre", enfatiza Viladomiu, mientras que los hogares catalanes destinan 330 euros al año en alimentos que no se acaban consumiendo, según los datos que se extraen de la Diagnosi del malbaratament alimentari a les llars de Catalunya 2024: quantificació, impacte ambiental i socioeconòmic. La cifra que supone este desperdicio alimentario se eleva a 112 euros al año por persona. En conjunto, más de 900 millones de euros que acaban en la basura cada año. De este valor, el 70,3% proviene de los alimentos no cocinados; el 19,4% proviene de alimentos cocinados desperdiciados directamente del plato y el 10,3% de alimentos cocinados desperdiciados después de guardarse unos días en la nevera.

Otro dato del diagnóstico es que actualmente se desperdician de media 21,56 kg/año por habitante en Cataluña, teniendo en cuenta solo el desperdicio que se produce en los hogares. Con este desperdicio, se podría alimentar a 274.948 personas durante un año, lo que significa cubrir las necesidades alimentarias del 14% de la población catalana en riesgo de pobreza.

La vertiente de lucha contra el cambio climático también debe tenerse en cuenta. En 2024 se emitieron 462.347.277 kg de CO₂ equivalentes para producir, distribuir y comercializar alimentos que finalmente se desperdiciaron. Este resultado incluye aquellos alimentos líquidos y bebidas que se tiran por el desagüe.

El procedimiento sancionador

Con la llei de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario, todas las empresas de la cadena alimentaria, sean grandes o pequeñas, están obligadas a tener un plan de prevención del desperdicio alimentario y fomentar la donación de excedentes, así como cumplir con la prohibición de no estropear alimentos porque no sean aptos para el consumo. 

En cualquier caso, se establece un régimen sancionador de infracciones muy graves, graves y leves. Las infracciones leves, por no aplicar la jerarquía de prioridades, se pueden sancionar con hasta 2.000 euros. Las infracciones graves, como podría ser no contar con un Plan de Prevención del Desperdicio Alimentario estando obligado a ello, podrían llegar a 60.000 euros. Mientras que las muy graves se producen si se reitera cualquier infracción grave en el plazo de dos años, pueden llegar a una multa de hasta 500.000 euros.