Expertos juristas, profesionales económicos y empresarios coinciden en que la reforma de la ley concursal puede ser positiva, pero alertan de los pros y contra que se están observando tras su primer año de entrada en vigor y su aplicación en los juzgados. En una mesa redonda organizada este lunes por el Col·legi d'Economistes de Catalunya (CEC) y titulada Valoraciones sobre la reforma de la ley concursal desde la perspectiva de los profesionales y los empresarios, el debate ha puesto sobre la mesa una disparidad de opiniones que tenían en el trasfondo la reciente sentencia sobre el concurso de acreedores que presentaron los fondos de inversión titulares de la deuda de la siderúrgica catalana Celsa, propiedad de la familia Rubiralta, hasta que un magistrado dictó sentencia a favor de los fondos para iniciar el plan de reestructuración. Uno de los participantes en el encuentro, la magistrada Yolanda Ríos ha asegurado que la sentencia del caso Celsa se ha ajustado a la norma vigente y ha elogiado la labor del magistrado del caso Álvaro Lobato, de quien ha valorado sus conocimientos financieros y económicos y su pulcritud en el análisis de todas las pruebas periciales que presentaron todas las parte durante el proceso judicial. Ríos ha recalcado que la actuación de los fondos de inversión se ha ajustado a la legalidad y que los jueces "están obligados a implantar la legislación vigente". "En el ámbito de las reestructuraciones, ha dicho, la nueva ley permite que el acreedor pueda capitalizar la deuda y el deudor perder la compañía", a la vez que "la valoración de la empresa y el posicionamiento del empresario, es decir, su situación económica y patrimonial, es totalmente fundamental", ha dicho sobre la reforma y lo ha ejemplificado con el caso de Celsa. También se ha referido a que la reforma de la ley concursal se ajusta a una traslación de la directiva europea en este ámbito.
La magistrada ha debatido sus impresiones con el presidente del Cercle d'Economia, Jaume Guardiola; el presidente de Pimec, Antoni Cañete; el socio de RCD Concursal, Cristian Valcárcel, y el socio de Roca Junyent Josep Pujolràs. Este último ha insistido en que "hay que tener en cuenta que no habrá otra Celsa" porque hay pocas compañías de su tamaño en Catalunya y, en este sentido, ha expuesto que la nueva norma concursal es "poco escalable". Pujolràs ha asegurado que la experiencia, después de un año de aplicación de la norma, demuestra que el grado de liquidaciones empresariales está a la par con la situación anterior a la reforma, porque la falta de cultura empresarial impide que los dueños de los negocios en situación crítica acudan a los juzgados "antes de que sea demasiado tarde para elaborar un convenio de reestructuración que evite su disolución". Para el socio del despacho Roca Junyent también es significativo el hecho que en la cultura empresarial aún existen muchas empresas en las que los propietarios avalan financieramente a la compañía con su propio patrimonio, "y eso debería cambiar". Por lo que, en este tipo de situaciones, "los empresarios prefieren salvar antes su patrimonio que la empresa", por lo que la abocan a la liquidación antes de pensar en un convenio de reestructuración.
Por su parte, Cristian Valcárcel, socio de RCD Concursal, ha explicado que la reforma de la ley es positiva y necesaria y que "tiene muchas cosas buenas que se verán en el futuro", y ha advertido de que el caso de Celsa ha sido mediático, pero que es poco probable que se vuelva a repetir. Ha coincidido en un cambio de paradigma que "implica entender la Ley, trabajarla y madurarla" y ha aseverado también que se necesita un cambio de cultura empresarial real.
Los empresarios advierten del caso Celsa
Por su parte, en representación del tejido empresarial, el presidente del Cercle d'Economia, Jaume Guardiola, el presidente de Pimec, Antoni Cañete, han mostrado sus recelos ante una normativa que está dando de que hablar. Para Guardiola, la sentencia de Celsa ha sido el primer caso que ha destapado algunos aspectos nada positivos para las empresas y ha evidenciado la contradicción que hay en la Unión Europea sobre su reindustrialización. A su entender, una norma que da máximo poder a los fondos acreedores en detrimento del empresario no será favorable para fomentar la reindustrialización, "porque los fondos se deben a su filosofía: invertir con un coste bajo e intentar maximizar su inversión lo antes posible y con ganancias". Por ello, ha planteado la necesidad de que se haga un análisis de cómo se ha traspuesto la directiva europea en otros países; vería conveniente que existiera la opción de recurso a las sentencias dictadas y que fuera el juez quien asignase a un independiente los análisis de valoración de las compañías afectadas, ha añadido en clara referencia a algunas de las dudas que suscita entre una parte del empresariado la sentencia del caso Celsa.
El presidente de Pimec, Antoni Cañete, se ha sumado a los recelos de Guardiola y ha insistido en la necesidad que en situaciones similares a la que se ha generado con la siderúrgica catalana "el peso estratégico de la compañía también debería tenerse en cuenta" para preservar el tejido industrial. Según Cañete, "sobre la mesa de debate debería constar la posible pérdida de nuevos proyectos e inversiones empresariales que puede provocar la sensación de falta de seguridad para los empresarios emprendedores que ha generado la sentencia de Celsa". El presidente de la patronal de la pyme ha insistido en los aspectos de la nueva ley concursal que más afectan a las microempresas. Sus quejas se han dirigido a la transposición de la directiva que ha servido para reforzar la protección del crédito público en todos los ámbitos y alerta de que genera incertidumbre sobre la efectividad de los elementos de reestructuración preventiva y sobre el acceso a la segunda oportunidad de aquellas personas que ha tenido un fracaso sobrevenido en su actividad económica. Cañete ha advertido que no se ha tenido en cuenta que, habitualmente, las deudas que contrae una microempresa son con Hacienda y la Seguridad Social, porque a los proveedores les sigue pagando, en la medida de lo posible, para no interrumpir la actividad del negocio.