El juez Álvaro Lobato ha decidido el futuro de Celsa. El titular del juzgado mercantil 2 de Barcelona ha dictado sentencia por la cual acuerda la homologación del plan de reestructuración propuesto por los acreedores de Celsa. Argumenta el juez que la propuesta de los acreedores reúne todos los requisitos legales dado que el importe de la deuda es muy superior al valor de la compañía y que, con la propuesta de los acreedores, se asegura la viabilidad del Grupo Celsa. Esta decisión pone en jaque a los dueños de la siderúrgica catalana, la familia Rubiralta, porque al ejecutarse el montante de la deuda bruta de unos 3.988 millones, los fondos de inversión acreedores -entre los que se cuentan Deutsche Bank, SPV Global, Sculptor Investment y Anchorage Capital, y que controlan un 90% de la deuda- entraran en el capital de la compañía, con la mayoría del capital, relegando el papel de los fundadores y propietarios. Según los informes de valoración aportados por el experto independiente Lexaudit, Celsa tendría un valor contable de entre 2.400 y poco más de 2.700 millones de euros. Deja claro la sentencia que, contra esta resolución, "no cabe recurso alguno".
En la sentencia, que se ha hecho pública este lunes, el juez reconoce a los acreedores la facultad de implementar el plan propuesto, que “es la única alternativa viable a medio plazo para la totalidad del Grupo Celsa”, y les advierte que también “deben cumplir estrictamente sus compromisos, preservando e incrementando el valor de la compañía, manteniendo su integridad, conservando los puestos de trabajo, y ello sin alterar los centros estratégicos de decisión que tanta relevancia tienen para la economía en su conjunto”. El magistrado también refuta algunos de los alegatos de la familia Rubiralta defendidos durante el proceso judicial al referirse a que “en una moderna economía competitiva, el mercado es y debe ser el único árbitro de la supervivencia económica”. Los dueños de la siderúrgica presentaron un informe a las firmas BDO y Lazard que elevaba la valoración de la compañía a 6.000 millones de euros. El juez considera que el plan de negocio aprobado por Celsa en 2023 tiene una consistencia "escasa", ya que "pocos meses antes el equipo directivo había elaborado proyecciones sustancialmente distintas".
El juez Álvaro Lobato, tras reconocer a las partes el obligado cumplimiento de la sentencia, habilita a Lexaudit para llevar a cabo el plan de reestructuración, inicialmente como apoderada de los acreedores y recuerda a los accionistas actuales, la familia Rubiralta, que deben facilitarle "acceso a los sistemas informáticos, la documentación que requiera, claves bancarias, certificados digitales y firma electrónica y otra documentación". La sentencia también deja claro que no a lugar a las cuestiones prejudiciales que podrían impedir la aplicación de la sentencia y que planteó la propiedad de Celsa, sobre cuestiones relacionadas con la nueva ley concursal española, arguyendo cuestiones de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional y ante el Tribunal General de la Unión Europea, primera instancia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea con sede en Luxemburgo.
Según recoge el escrito judicial, a fecha de 3 de marzo, la deuda de Celsa con los acreedores ascendía a 1.163 millones de un crédito Jumbo -cuyo vencimiento natural se produjo el 30 de abril de 2023- y un instrumento convertible de 1.148 millones -con vencimiento anticipado-, a los cuales los accionistas de la compañía no podían hacer frente. Además de unos 800 millones que son créditos formalizados a través de algunas filiales extranjeras, en Polonia, Países Nórdicos y Reino Unido.
La decisión del gobierno sobre la empresa
La familia Rubiralta, que no ha entrado a valorar la sentencia judicial, se aferra a no perder la compañía, que tiene su origen en Catalunya en 1967, y que ha contado en todo este proceso con el apoyo implícito de los sindicatos -tanto de las compañías ubicadas en Catalunya como en el resto de España- y de los gobiernos catalán y vasco. Por ello, fuentes vinculadas al grupo, sacan a relucir el papel que debería tener el gobierno central en todo este asunto. Se refieren al aval gubernamental que debería tener la operación de los acreedores, puesto que Celsa debe considerarse una empresa estratégica y, por lo tanto, el ejecutivo podría acogerse al llamado escudo antiopas. Un decreto hora prorrogado hasta finales de 2024, por el cual tiene en su poder la autorización de las inversiones extranjeras en empresas estratégicas cotizadas en las que se pretenda superar el 10% del capital, así como en aquellas no cotizadas en las que la inversión supere los 500 millones de euros. Este último sería el supuesto del caso de Celsa, además cuando en junio de 2022, el gobierno español aprobó la concesión de una ayuda de 550 millones que solicitó la siderúrgica para atajar su deterioro económico tras la crisis del covid-19 y la práctica paralización de su negocio.
No obstante, dos aspectos a tener en cuenta. El primero, el ejecutivo de Pedro Sánchez, condicionó la concesión de la ayuda a un acuerdo previo entre los acreedores y la familia Rubiralta, que nunca se alcanzó tras meses de negociaciones. Segundo, el contexto político en qué se encuentra España en la actualidad, a falta de la formación de un gobierno estable.
Celsa era hasta ahora una de las grandes empresas familiares catalanas, con una facturación de 6.000 millones de euros al año y una plantilla directa de unas 9.000 personas en Europa. La producción anual se eleva a unos 5,4 millones de toneladas, cuyo proceso de fabricación tiene como materia prima la chatarra reciclada. En todo el proceso judicial, la compañía ha contado con el apoyo de los trabajadores y los sindicatos más representativos -que este lunes esperaban recibir información sobre la situación futura- y del Govern. El ejecutivo catalán, desde el Departamento de Empresa y Trabajo que dirige Roger Torrent, expresó que el gobierno velará por proteger "la integridad de la cadena de valor y el modelo industrial que garantiza la reinversión de recursos y el mantenimiento de los puestos de trabajo". Fuentes del Departamento de Empresa y Trabajo recordaron que consideran que la compañía "es estratégica para la economía" y expresaron su apoyo a los trabajadores.