La dirección de Leche Pascual ha hecho llegar a la plantilla de la fábrica de Gurb (Osona) una nueva propuesta económica en el marco de las negociaciones para el cierre definitivo de la planta, previsto para el próximo 31 de julio. Esta oferta llega después de semanas de conversaciones entre ambas partes y en un contexto de tensión creciente, con convocatorias de huelga y movilizaciones ya programadas por parte de los trabajadores. Según la compañía, la nueva propuesta mejora sustancialmente las condiciones indemnizatorias que se habían planteado hasta ahora. Concretamente, la empresa asegura que la oferta económica se sitúa entre un 65% y un 125% por encima del mínimo legal establecido por la normativa laboral vigente para despidos colectivos de estas características.
Aparte de la mejora en las indemnizaciones, la dirección de Leche Pascual ha recordado que ya hay sobre la mesa otras iniciativas destinadas a minimizar el impacto del cierre sobre los trabajadores afectados. Entre estas medidas, destacan las alternativas de recolocación que se han ofrecido a una parte de la plantilla, especialmente en Casa Tarradellas y en la misma fábrica de Leche Pascual en Aranda de Duero (Burgos).
En ambos casos, la empresa garantiza el mantenimiento del salario y de la antigüedad de los trabajadores que opten por estas opciones, lo que supone un elemento clave para garantizar la estabilidad laboral de un número significativo de afectados. Además, la compañía ha señalado que se están trabajando otras iniciativas orientadas a favorecer la continuidad laboral y la protección de las personas que se verán afectadas por el despido colectivo, aunque en el comunicado no se entran en detalles específicos sobre cuáles serían estas medidas adicionales. La dirección insiste en que la voluntad de la empresa es llegar a un acuerdo que sea lo más beneficioso posible para todas las partes implicadas.
Desconvocatoria de la huelga
Por su parte, la plantilla de la fábrica de Gurb había acordado este mismo viernes por la mañana desconvocar la jornada de huelga que tenían prevista para el lunes 20 de julio, así como la movilización que querían llevar a cabo ante las oficinas centrales de la compañía en Madrid. Esta decisión se tomó después de que la empresa les avanzara la intención de presentar una nueva oferta económica, aunque en aquel momento todavía no habían tenido acceso a los detalles concretos de la propuesta. Desde el colectivo laboral han enmarcado este gesto como una nueva muestra de su voluntad negociadora y de su disposición al diálogo.
Los trabajadores quieren dejar claro que, a pesar de la tensión acumulada, continúan apostando por la vía de la negociación y por intentar alcanzar un acuerdo que garantice una salida digna para las personas afectadas. No obstante, también han querido advertir que esta desconvocatoria no implica una renuncia a las movilizaciones futuras. De hecho, han especificado que si la nueva oferta no acababa de llegar en los próximos días o si, una vez conocida, no representaba una mejora real y sustancial respecto a lo que ya se había planteado, estarían dispuestos a reanudar las protestas e, incluso, a incrementar su intensidad.
En este sentido, los trabajadores han puesto el acento en el hecho de que el plazo para llegar a un acuerdo es cada vez más ajustado, dado que la actividad de la planta cesará definitivamente el 31 de julio. Por lo tanto, advierten que si no hay avances significativos en los próximos días, las movilizaciones se intensificarán progresivamente hasta llegar a aquella fecha límite. Más allá de las cuestiones económicas concretas, la plantilla ha aprovechado para reiterar su posición crítica respecto a la decisión de cierre de la fábrica. Los trabajadores insisten en que el despido colectivo, que afecta a unas 80 personas, no responde a una situación de dificultades económicas de la empresa, sino que se trata de una decisión adoptada únicamente por criterios de convivencia empresarial o de estrategia corporativa, sin que haya causas objetivas de carácter financiero que justifiquen el cierre.
Para sustentar esta argumentación, los trabajadores han aportado diversos datos que, según ellos, demuestran la buena salud económica de la compañía. En primer lugar, recuerdan que la venta de la fábrica de Gurb se ha acordado por un valor de 20,4 millones de euros, una cifra que consideran significativa y que, a su parecer, debería repercutir en unas condiciones indemnizatorias más generosas para la plantilla. En segundo lugar, señalan que los importes que se han ofrecido hasta ahora en concepto de indemnización por la pérdida del puesto de trabajo se sitúan, en conjunto, alrededor de los 3,5 millones de euros, una cantidad que consideran desproporcionada si se compara con el valor de la transacción de la fábrica.
Además, los trabajadores ponen de relieve que la actividad de envasado de leche de la compañía facturó el año pasado más de 398 millones de euros, lo que, según su parecer, evidencia que la empresa no se encuentra en una situación financiera adversa que justifique un despido colectivo de estas dimensiones. Por todo ello, reclaman unas condiciones más justas y una salida digna para las 80 personas que se verán afectadas por el cierre de la planta de Osona.