El Instituto de Estudios Económicos (IEE) avisa sobre la pérdida de libertad empresarial de España durante la última década, pues ya se sitúa por debajo de la media de países de la OCDE, según el Índice de Libertad Económica 2023 presentado este lunes por el 'think tank' de la CEOE. En el informe destacan que, medidas como la Autoridad Administrativa Independiente de Defensa del Cliente Financiero, que el gobierno de Pedro Sánchez quiere poner en marcha, pero que las elecciones han paralizado, "son un claro ejemplo de normativas que limitan la libertad de empresa".

De esta forma, el IEE vuelve a ponerse una vez más del lado de la banca, tal y como hizo el año pasado con el impuesto a la banca y las energéticas aprobado por el Gobierno. En ese momento advirtió de que era "potencialmente inconstitucional" y advirtió que costaría 72.000 empleos y 5.000 millones de euros a la actividad económica, algo que de momento no se ha producido. 

El propósito de la Autoridad del Cliente Financiero es concentrar en una figura todas las reclamaciones que actualmente acaban en manos de los supervisores. Es decir, en el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, cuando no han sido resueltas favorablemente en la banca, aseguradoras o empresas de inversión.

Según el ministerio de Economía, en 2022 los servicios de atención al cliente de estas empresas recibieron unas 950.000 reclamaciones y en buena parte de ellas no se le dio la razón al cliente, lo que provoca un perjuicio para estos que no tienen otra vía para reclamar. La figura está pensada para resolver quejas de clientes en las que se reclame menos de 20.000 euros, pero si la cantidad que se reclama es superior, también se podrán someter a la Autoridad, aunque en este caso la resolución no será vinculante.

Lo que más criticas ha traído es su financiación, el Gobierno español espera que cada empresa (principalmente bancos, que son los que más quejas reciben) paguen una tasa de 250 euros por cada reclamación que la Autoridad admita, lo que servirá para cubrir el coste del servicio. Una medida que se estaba discutiendo con el sector financiero hasta que Pedro Sánchez anunció elecciones anticipadas para el 23 de julio. La banca cree que solo traerá más litigiosidad si la bagan ellos y no los clientes. 

España pierde libertad empresarial

"España ha obtenido un resultado preocupante en libertad de empresa", manifestaba el presidente del IEE, Íñigo Fernández de Mesa y el director general, Gregorio Izquierdo este lunes. Actualmente, ocupamos el puesto 29 de los 38 países de la OCDE, con 75,2 puntos, lo que implica un retroceso de 7 posiciones en comparación con el año 2012, de modo que nos situamos en la zona media-baja de nuestro entorno, lejos de las posiciones más elevadas. 

En este sentido, el informe pone de relieve que la principal consecuencia de la falta de libertad económica y una reducida libertad de empresa "es una pérdida de dinamismo económico, capacidad de generación de empleo y crecimiento potencial a largo plazo". Por ello, las economías donde la libertad de empresa es más elevada presentan, tasas de desempleo más reducidas (el 6,2%), frente a aquellos países menos libertad de empresa cuyas tasas de desempleo promedio son del 10,7%.

Y si en nuestro país se aprueban medidas como la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, "se seguirá perdiendo libertad". El IEE critica esta figura por varios motivos, uno de ellos es su forma de financiarse. "Sería deseable repensar los sistemas de financiación" (la tasa de 250 euros) porque la configuración acordada en el Congreso disparará el número de reclamaciones, aseguran.

Creen también que la iniciativa "infringe el derecho constitucional de libertad de empresa recogido en la Constitución, en su artículo 38", porque obliga a utilizar este mecanismo de resolución de conflictos y excluye la posibilidad de acudir a la justicia ordinaria competente (jurisdicción civil o mercantil).

En este sentido, recuerdan que el Proyecto de Ley ha sufrido fuertes críticas, no solo por parte de la banca, sino también en los informes realizados por el Consejo General del Poder Judicial y el Consejo de Estado. En ambos también se pone en duda su constitucionalidad.

Las elecciones paralizan su aprobación definitiva

En diciembre de 2022, el Gobierno remitió a las Cortes el Proyecto de Ley para crear la nueva Autoridad. Tras introducir diversos cambios, dicho Proyecto fue aprobado finalmente por el Pleno del Congreso el 18 de mayo de este 2023. No se esperaba que se introdujeran nuevas modificaciones en el Senado; recuerda el IEE, pero a consecuencia de la convocatoria de elecciones generales, ha de reiniciarse su tramitación en la nueva legislatura.

Y esto abre la puerta a que se realicen nuevas reformas "y permite plantearse un nuevo objetivo, más ambicioso y acorde con el interés general, de salvaguardar institucionalmente las relaciones financieras, en lugar de defender de forma unilateral tan solo al cliente financiero", apuntan desde el servicio de estudios de CEOE.