La crisis derivada del brote de peste porcina africana detectado en Catalunya empieza a traducirse en primera persona en el mercado laboral del sector porcino. Comisiones Obreras ha denunciado que el Grupo Jorge, uno de los principales operadores del sector cárnico, ha prescindido de 300 trabajadores temporales que había contratado a través de una empresa de trabajo temporal. Esta decisión, directamente vinculada a las consecuencias económicas del brote, constituye el primer episodio de destrucción de empleo conocido desde la declaración de la emergencia sanitaria. El sindicato, en un comunicado, ha lanzado una alerta sobre la precariedad laboral que afronta todo el sector y ha reclamado "medidas urgentes" a las administraciones públicas. CC. OO. advierte que, más allá de estos 300 casos, hay "miles" de puestos de trabajo asociados a la ganadería porcina y a la industria cárnica que se encuentran "en peligro" inminente ante la incertidumbre generada por el brote.
Ante esta situación, CC. OO. ha solicitado una reunión "urgente" tanto a la Generalitat como al Gobierno. El objetivo es trasladarles un paquete de actuaciones que el sindicato considera "imprescindibles" para detener el efecto dominó de la crisis sanitaria sobre la ocupación. Las propuestas concretas del sindicato pasan por tres vías principales. En primer lugar, exige la activación inmediata de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) por causas de fuerza mayor, un mecanismo que permitiría suspender contratos o reducir horas de trabajo sin que esto se tradujera en despidos definitivos, mientras la empresa recibe una compensación pública. En segundo lugar, reclama la prohibición explícita de cualquier despido asociado directa o indirectamente con las consecuencias del brote mientras dure la crisis. Finalmente, CC. OO. pide el despliegue de ayudas económicas directas para las empresas y trabajadores afectados, para compensar la pérdida súbita de ingresos.
CC. OO. afirma que "no permitiremos que la situación la acaben pagando los trabajadores". El sindicato defiende que las administraciones deben pasar de la gestión meramente sanitaria a una gestión socioeconómica de la crisis. En su comunicado, alerta que la "inacción" o la "falta de coordinación" efectiva entre los diferentes niveles de gobierno (local, autonómico y estatal) se puede traducir rápidamente en "despidos, pérdida de ingresos y un impacto económico que afectaría de lleno a cientos de personas" en las comarcas vinculadas al sector.
El bloqueo de las exportaciones, el núcleo del problema
Más allá de las medidas laborales, CC. OO. identifica el bloqueo del comercio internacional como el problema estructural que está aplastando la viabilidad del sector. Diversos países importadores, entre los que se encuentran naciones asiáticas clave para la carne de cerdo española, han vetado totalmente las exportaciones procedentes de todo el territorio español a raíz de la detección del brote. Por ello, el sindicato reclama al Gobierno que "acelere al máximo los acuerdos bilaterales" con estos países para que acepten el principio de "regionalización". Este principio, reconocido por la normativa sanitaria internacional, establece que las restricciones comerciales solo deben aplicarse a la zona geográfica específica y delimitada donde se ha producido el brote, y no a todo el territorio de un país o de una comunidad autónoma
CC. OO. también se dirige directamente a la Unión Europea y a la Organización Mundial de Sanidad Animal para exigir que se aplique y se respete este criterio de regionalización de forma sistemática. "Cuando hay un brote sanitario, las restricciones deben aplicarse únicamente a la zona afectada, no a toda la comunidad autónoma ni a todo el país", señala el comunicado. El desbloqueo de este punto se considera vital para recuperar los mercados externos y, con ello, la normalidad productiva. En cuanto a la actuación de las empresas del sector, CC. OO. lanza un mensaje dirigido específicamente al grupo Jorge, pero extensible al resto de operadores. El sindicato le reclama que "se siente a negociar" con la representación de los trabajadores para buscar "soluciones acordadas" ante una crisis que califica de "coyuntural y no estructural".
Con esta distinción, CC. OO. quiere subrayar que la crisis actual está provocada por un acontecimiento sanitario externo y puntual, y no por problemas de competitividad o de modelo de negocio de la empresa. Por lo tanto, considera que las soluciones deben pasar por la adaptación temporal y la protección de la plantilla, sin recurrir a ajustes laborales traumáticos que agoten el tejido productivo del territorio. La decisión de prescindir de 300 trabajadores temporales se presenta, desde esta óptica, como una medida precipitada que debería ser revertida mediante la negociación y la aplicación de los mecanismos de protección colectiva ahora reclamados a las administraciones.