El consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, considera que en España debería cuestionarse si "tiene sentido" que haya una normativa, como la Ley de Defensa de la Competencia, que habilite al Gobierno a modificar condiciones de competencia impuestas por la CNMC en operaciones corporativas (como concentraciones o fusiones, que pasen a la fase dos) o a estudiar el interés general.
En un foro empresarial este lunes, el ejecutivo no ha querido pronunciarse exactamente sobre la opa del BBVA-Sabadell, al igual que todas las ocasiones en la que se le ha preguntado en los últimos 17 meses. Sin embargo, ha llamado a hacer una reflexión sobre la normativa que existe en España y que habilita al Gobierno a involucrarse en las fusiones, ya que considera que es tan "importante" como "subjetiva".
La propia CaixaBank protagonizó en el año 2021 la mayor operación financiera del país al absorber Bankia, una operación que le elevó como el banco más grande por activos y clientes. En su caso, Competencia la aprobó en primera fase y el Gobierno (su segundo mayor accionista) no se involucró. Pero en la opa del BBVA sobre el Sabadell, la CNMC no solo estuvo estudiando la compra durante once meses, sino que además, llegó a fase dos y esto autorizó de inmediato al Consejo de Ministros a estudiarla y añadir más condiciones.
Exactamente, el Consell de Ministres ha vetado una fusión entre las dos entidades durante un periodo de tres años prorrogable a cinco, desde que salga adelante la opa. Una decisión que el BBVA ya ha recurrido en el Tribunal Supremo y que Bruselas también está estudiando, pues considera que España se ha extralimitado en sus funciones al poner esa condición en la operación de una empresa privada. Y sobre este punto se pronunciaba hoy Gortázar. "Fuera de esta operación (la opa del BBVA) me parece que es una normativa que hay que repensar".
El CEO de CaixaBank cree que la CNMC hizo un trabajo "muy escrupuloso, largo, detallado y exhaustivo" con la opa del BBVA sobre el Sabadell, que finalmente aprobó en abril. "Llegó a sus conclusiones y dio un resultado sujeto a una serie de compromisos que es compatible con la normativa de competencia", argumentaba.
En cuanto a las condiciones del Gobierno español, "por la propia normativa, son razones diferentes a la competencia, sujetas al interés general, que es un tema importante aunque subjetivo", indicaba. "La normativa española permite al Gobierno hacerla cuando se pasa a fase dos, le habilita. Otra cuestión es si tiene sentido que haya una normativa que estudie el interés general solo cuando llegue a la fase dos", agregaba.
Al respecto, el CEO recordaba que si la operación hubiera sido entre un banco español y otro alemán, no estaría sujeta a la aprobación de la CNMC sino a Bruselas, que valora otras cuestiones. Con todo, insistía en que "a futuro, esta normativa amerita una reflexión, es algo que hay que repensar".
Sobre esta injerencia política también se pronunció recientemente David Martínez, el consejero díscolo que ha decidido acudir a la opa del BBVA pese al rechazo del consejo de administración del banco catalán. El inversor mexicano considera que esta opa se ha visto afectada por la injerencia y así lo hizo constar en una carta que fue publicada en la CNMV.