El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, ha lanzado una firme advertencia: la patronal recurrirá a los tribunales si el Ministerio de Trabajo finaliza la transposición de la directiva europea de salarios mínimos con una disposición que impida que los pluses salariales puedan absorber la próxima revalorización del salario mínimo interprofesional (SMI) prevista para 2026. En un encuentro informativo, Garamendi ha sido taxativo. "Esto no se puede hacer porque el Estatuto de los Trabajadores establece que no es así", afirma el dirigente de la patronal. Su afirmación se dirige directamente a la voluntad del Ministerio de Trabajo, que pretende modificar la normativa para blindar complementos como los de antigüedad, nocturnidad o peligrosidad, evitando que estos se vean compensados cuando se incremente el salario mínimo.
Esta iniciativa, actualmente en fase de consulta pública, responde a una demanda histórica de los sindicatos CC. OO. y UGT, que alegan que sin esta protección, la subida del SMI se diluye para miles de trabajadores que perciben estos complementos. El ministerio de Yolanda Díaz prepara la transposición de la directiva europea con este objetivo específico, separándola del debate sobre la cifra concreta del SMI para 2026. Para Garamendi, la medida representaría "otra locura" con consecuencias imprevisibles. El presidente de la patronal alerta que, en algunos casos, el aumento salarial efectivo podría oscilar "entre un 20% y un 25%", una cifra que considera insostenible para muchas empresas. Además, sostiene firmemente que el ministerio "está jugando con cuestiones que no son legales" y que la medida "rompería muchos convenios colectivos", creando situaciones de inequidad salarial dentro de una misma plantilla por la existencia de diferentes tipos de complementos.
Críticas al proceso
El debate se enmarca dentro de un contexto más amplio de tensiones sobre el proceso de fijación del salario mínimo. Garamendi ha expresado dudas profundas sobre la metodología del Comité de Expertos, órgano consultivo que ha recomendado un incremento del 3,1% (hasta 1.221 euros en 14 pagas) si se mantiene la exención fiscal, o del 4,7% (hasta 1.240 euros) si el SMI pasa a tributar en el IRPF. El líder empresarial cuestiona especialmente las encuestas utilizadas por el comité, que según su visión excluyen sectores clave con salarios particularmente bajos, como el agrario o el servicio doméstico.
"Unos expertos deben hacer un informe independiente, no lo que diga el gobierno", ha remarcado, en una clara alusión a las presiones políticas sobre este órgano técnico. Sobre la espinosa cuestión de si el SMI debería tributar o no, Garamendi ha reiterado la postura histórica de la CEOE: es necesaria una deflactación general de la tarifa del IRPF. Desde su punto de vista, esta sería la auténtica medida para que los ciudadanos "tengan más dinero en el bolsillo", en lugar de jugar con la fiscalidad del salario mínimo, que según él supone "muchos millones de ingresos para el Estado".
Más allá del contenido concreto de las medidas, Garamendi ha planteado una crítica estructural al modelo de relaciones laborales actual. Con contundencia, ha negado que los acuerdos bilaterales entre el gobierno español y los sindicatos puedan calificarse de "diálogo social", calificándolos de carentes de «todo valor» en ausencia de la parte empresarial. "El otro día vivimos una situación paradigmática: se salieron de la sala y nos quedamos solos negociando mientras ellos cerraban acuerdos por fuera", ha explicado, describiendo una práctica que considera inaceptable. Esta dinámica, según el presidente de la CEOE, responde a una "especie de época preelectoral" llena "de anuncios casi políticos" y propuestas "muy populistas" alejadas de la "realidad de las empresas".
Consultado específicamente sobre su relación con la ministra Yolanda Díaz, Garamendi ha evitado el terreno personal para centrarse en lo metodológico: "No se trata de si me lo paso bien o no con una persona, sino de los temas". Ha criticado abiertamente las "formas" y la ausencia de verdadero diálogo, que califica de "monólogo" por parte del ministerio. En un momento de particular dureza, Garamendi ha añadido que "creo que vivimos en un país donde sobra la radicalidad y descalificar a las personas, que es lo que en muchos casos me ha tocado tragarme, no es el camino".
Finalmente, Garamendi ha querido llamar la atención sobre lo que considera un problema estructural: la inestabilidad normativa constante. Ha destacado que solo el artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores, que regula aspectos como los permisos retribuidos, se ha modificado trece veces en los últimos dos años. Sobre las ampliaciones de permisos (como los por duelo o por cuidados paliativos), ha empleado una metáfora contundente. "Te invito a cenar, pero pagas tú la cena", apunta el dirigente de la CEOE para denunciar que las cargas financieras de estas mejoras sociales recaen directamente sobre las empresas.
Además, ha criticado el uso del decreto ley para estas materias cuando, según él, no hay una urgencia extraordinaria que lo justifique. La posición de Garamendi dibuja un escenario de confrontación creciente entre la patronal y el gobierno español en materia laboral. La amenaza de recursos judiciales, las críticas al método de diálogo y la denuncia de inestabilidad normativa configuran un discurso de duro enfrentamiento que anticipa tensiones significativas en el debate de la próxima subida del SMI y la transposición de la directiva europea, dos procesos que se desarrollarán en paralelo durante los próximos meses.