El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Estatuto del Becario, la norma que debe regular la relación entre los estudiantes en prácticas y las empresas. El objetivo es evitar posibles abusos y garantizar una compensación por gastos. Ahora iniciará su tramitación en el Congreso de los Diputados, con resultado incierto, ya que el Gobierno de Pedro Sánchez no dispone, por el momento, de mayoría suficiente para tirarlo adelante.
Este proyecto –llamado oficialmente ley del Estatuto de las personas en formación práctica no laboral en el ámbito de la empresa– se pactó entre el ministerio de Yolanda Díaz y los sindicatos hace más de dos años, pero sin el apoyo de la patronal.
Para el Ministerio de Trabajo, el objetivo es evitar posibles fraudes laborales con la utilización de becarios como sustitutos de trabajadores. Por ello, limita el número de horas de prácticas extracurriculares, que no podrán superar el 15% de las que se concretan en los créditos ECTS (Sistema Europeo de Transferencia de Créditos). Además, se establece un máximo de 480 horas.
La norma prevé que se compensen los gastos de los becarios –alojamiento, transporte y manutención– para evitar que las prácticas no les supongan un coste suplementario. En caso de infracciones, las sanciones previstas oscilan entre los 7.501 euros y os 225.000 euros en casos graves.
Pero no todos son derechos, sino que también se establecen deberes para los becarios. Entre estos, está el de cumplir el proyecto formativo y seguir las indicaciones del tutor que tengan asignado. Cumplir el horario establecido y guardar confidencialidad en relación a la información de la empresa son otras de las obligaciones.
Oposición de la patronal
El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha recordado este martes que no comparten este Estatuto del Becario. Ha indicado que las empresas son "la solución" para que los becarios tengan un trabajo "digno", cuando "siempre" se las está poniendo como "el gran problema".
"Es una más de un Ministerio (de Trabajo) que no va a parar", ha criticado el presidente de la patronal, quien ha acusado al departamento de Yolanda Díaz de haber dejado "de hablar de diálogo social; está en un monólogo social”.
Ha alertado que el Estatuto va a llevar aparejado que las empresas "no van a tener la seguridad jurídica para llevarlo a cabo" porque, ha advertido, "el primer problema" es que "todavía no sabemos lo que es un becario" según el primer artículo del texto; mientras que en el segundo "dice que si no sabemos lo que es un becario y está mal contratado, que será un empleado fijo". "Ya nos lo aclararán", ha ironizado, en unes declaraciones recogidas por Europa Press. Por último, ha lamentado que las empresas "tendrán que decidir de buena fe qué es lo que tengan que hacer" si no ven una estabilidad regulatoria, ha concluido.