Cuando ahora hace un año, poco después de las doce y media del mediodía, España sufrió el gran apagón, las empresas también se quedaron a oscuras. Algunas se pudieron recuperar enseguida, con grupos electrógenos, pero la gran mayoría tuvo que detenerse y sufrió pérdidas millonarias, tanto por el material perdido y la maquinaria dañada como por la afectación posterior, el lucro cesante. Un año después, no están mejor: se sienten abandonadas, no han sido compensadas, y lo que sí que se sienten es igual de vulnerables.
Todo el sector empresarial catalán está indignado un año después del apagón. Foment del Treball, Pimec, la Cambra de Comerç de Barcelona y la Unió Patronal Metal·lúrgica (UPM) lamentan que ni las empresas ni los ciudadanos han sido tenidos en cuenta en este tiempo, que las indemnizaciones, si llegan, son lentas y escasas, y creen que la situación de la red no ha mejorado para poder impedir que se repita un accidente similar.
A estas alturas todavía no se sabe quién es el responsable último del apagón, a pesar de que sí que hay un gestor de la red de transporte, de la alta tensión, que es Redeia (Red Eléctrica). Tampoco se sabe el impacto en las empresas, ya que se tienen que sumar muchos factores y ni siquiera las aseguradoras lo tienen contabilizado, a pesar de que son las que están recibiendo las reclamaciones de las empresas. Paco Hoya, presidente de la Asociación Catalana de Corredores y Corredurías de Seguros (ACCA), ha explicado que gestionan diversas demandas de daños a empresas y que son multimillonarias, pero no las han cifrado.
Un estudio de Pimec realizado unas semanas después del apagón cifraba los costes en las pequeñas y medianas empresas, la gran mayoría del tejido productivo, en 878 millones de euros, pero en el ámbito español, la CEOE habló de 1.600 millones, una cifra pequeña comparada con la catalana. Hablamos, pues, de estimaciones, y no se ha ido más allá.
“Todavía estamos esperando el resultado de la investigación oficial, todavía no sabemos lo que pasó”, explica Salvador Sedó, director de Desarrollo Sostenibilidad de Foment, en referencia a los expedientes abiertos por la CNMC, pendientes de resolver. Por este motivo, reclamar es muy difícil para las empresas, porque no saben a quién, y cuando van a las aseguradoras, se encuentran dificultades: “Pequeños comercios todavía cobran, pero las aseguradoras no pueden pagar a grandes industrias si no saben a quién reclamar”.
José Enrique Vázquez, presidente de la Comisión de Energía de Pimec, coincide con que las empresas apenas pueden cobrar compensaciones, y advierte que se acaba el tiempo para reclamar a los culpables. Lamenta que, a pesar de que las empresas están reclamando a sus aseguradoras, estas “intentan pagar lo mínimo posible”, de manera que sí que se hacen cargo de las pérdidas directas, si se acreditan con facturas, pero no del lucro cesante.
“Por ejemplo, un horno que perdiera todo lo que tenía en los congeladores, eso lo pagan. Pero lo que ha dejado de vender por no tener el producto, no. O una industria a la que se le ha estropeado una máquina, sí que han llegado a pagar la reparación de la máquina, pero si se han tardado diez días en repararla, el coste de no poder fabricar, lo que se deja de vender, los costes laborales, la pérdida de un contrato, etc., todo eso no”, relata. Sedó añade que la gran industria que ha sufrido pérdidas directas multimillonarias, como unos hornos que se pararon y el acero los estropeó completamente, no consigue ni cobrar eso.
Jaume Roura, presidente de la UPM, lamenta que “después de un año, nos encontramos con que no ha habido ninguna respuesta ni ayuda por los perjuicios ocasionados, especialmente a aquellas empresas que incluso tuvieron que parar su operativa”. Por eso, reclaman “más consideración hacia la ciudadanía en general y especialmente hacia las empresas, que son las que activan la economía”.
Roura añade un factor que no solo sufren las empresas, sino también todas las familias: el encarecimiento de la factura a causa del apagón, de un 13% entre gas y electricidad, para Roura. Vázquez, de Pimec, la cifra entre un 7% y un 10% y explica que es consecuencia de que, desde el día siguiente del incidente, se volvieron a activar las centrales de ciclo combinado, que utilizan gas y producen la electricidad más cara del mercado, para asegurar el suministro.
Para Salvador Sedó, el apagón fue una muestra clara de la importancia de la energía nuclear, que desde Foment reivindican: “Somos favorables a que el Govern reclame que no se cierren las nucleares, que son lo que dan continuidad al sistema, y más si tenemos que avanzar hacia el abandono de combustibles fósiles”.
Se acaba el plazo para reclamar
Otro problema que tienen ahora, tanto empresas como aseguradoras, es que se acaba el período para reclamar, que si bien con la ley catalana son tres años, con la española es uno, de manera que en empresas de ámbito español, el período para reclamar acaba este martes. Paco Hoya, presidente de la ACCA, explica que están acudiendo a Red Eléctrica y a las distribuidoras. Por todo ello, Pimec reclama que sea el Estado quien pague directamente a las empresas y después reclame a los responsables.
A pesar de todo, Vázquez cree que no volverá a pasar, pero no porque la red sea ahora más segura que hace un año, sino porque “Red Eléctrica ha salido muy escarmentada y ahora vigila mucho más el transporte y sabe que no todo el mundo hace bien las cosas”. Ahora bien, sobre el estado de la red, añade que mientras la alta tensión es “robusta”, la de distribución “es absolutamente insuficiente” y en el último año “ha empeorado”.
Sedó cree que se está mejorando, pero también que no se puede descartar completamente que se produzca un nuevo apagón como el de hace un año. “Nos consta que Red Eléctrica ha analizado dónde reforzar las líneas para ver cómo ganar resiliencia, porque se puede evitar”, explica. Aun así, admite: “Era muy difícil que pasara, pero pasó. Y podría volver a pasar”.
Adriana Murtra, mánager de sostenibilidad de la Cámara de Comercio de Barcelona, advierte que “la situación no ha mejorado y si hubiera otro apagón, el 95% de las pymes se verían afectadas”. Para intentar minimizar el impacto, la Cámara ultima unas recomendaciones para las empresas, con el objetivo de que desarrollen un plan de continuidad de negocio para que, si vuelve a pasar, reduzcan el tiempo de parada y minimicen las pérdidas.