La Comisión Jurídica Asesora ha validado, con algunas matizaciones, el proyecto de decreto que regulará el proceso electoral en las cámaras de comercio catalanas, después de que el Tribunal Supremo anulas el decreto electoral del 2018 al considerar que la Generalitat no fue transparente y omitió el trámite de participación ciudadana, sentencia pero que no anuló el resultado de los comicios de mayo de 2019, ni la composición de los plenos camerals que se derivó.

Sorteado el trámite de la comisión jurídica, en las próximas semanas, el Govern podría aprobar el decreto y dar vía libre a las elecciones a las cámaras catalanas, con la de Barcelona como principal institución porque agrupa el 60% de las casi 700.000 empresas que configuran el censo electoral de las 13 cámaras de comercio catalanas. No obstante, la serie de trámites que se tienen que seguir para la celebración de los comicios podrían alargarse hasta finales de julio y eso hace pensar que, con toda probabilidad, las elecciones se pospondrán hasta el mes de septiembre.

La fecha se sabrá hacia el mes de abril, cuando la determie el Departament d'Empresa i Treball, órgano que tutela a las cámaras de comercio, i septiembre estaría dentro del plazo fijado por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. La renovación de los plenos en las cámaras se hace cada cuatro años y el ministerio determinó que las próximas se pueden hacer hasta el 15 de noviembre de 2023.

Podríamos decir que el proyecto de decreto sobre el régimen electoral de las cámaras ha pasado el escollo de la Comisió Jurídica Assessora, que tiene carácter consultivo, con un dictamen que valida el contenido y el proceso electoral y sugiere modificaciones para mejorar la sistemática y puntualizar más detenidamente algunos aspectos para desvanecer dudas sobre su interpretación. Unas propuestas que Empresa y Trabajo puede incorporar antes de que el proyecto de ley vaya a aprobación del Consejo Ejecutivo.

El dictamen jurídico puede considerarse el pistoletazo de salida para unas elecciones que, como en las últimas, varias facciones del empresariado catalán rivalizarán para hacerse suya la presidencia de la Cambra de Comerç de Barcelona, una institución que ejerce de lobby, y que desde hace cuatro años lideran los empresarios vinculados a Eines de país, una plataforma que ideó la organización independentista Assemblea Nacional Catalana (ANC). Bajo la presidencia, primero de Joan Canadell, y actualmente de Mònica Roca, Eines de país rompió el statu quo de la gran empresa y su hegemonía en el pleno de la Cambra de Barcelona. Ahora, con el horizonte de unas nuevas elecciones, el colectivo de empresarios que había último de Eines de país y la misma presidenta han validado que quieren afianzar su posicionamiento a la institución. Apuntan que, como hace cuatro años, no habrá un liderazgo que marque la candidatura, que será abierta. Otras fuentes consultadas desestiman que se repita la iniciativa Eines de país, una campaña diseñada por la ANC para tener representación a las instituciones catalanas, apremiada por la presión de Junts per Catalunya y el ex presidente Carles Puigdemont. Seguramente, la próxima candidatura responderá a otro nombre, y habrá que ver qué peso tendrá la ANC que ahora mismo pasa por una crisis de representatividad interna.

Mientras tanto, el censo de las cámaras ya es público y los empresarios interesados pueden presentarse para conseguir los apoyos necesarios dentro del grupo o categoría con que están inscrito en la cámara, atendiendo a la actividad económica y al suyo el epígrafe del IAE. El número de avales que consiguen es el paso necesario para lanzarse a la carrera electoral. Por eso, tanto empresarios individuales, representantes de corporaciones empresariales, así como las organizaciones empresariales están calentando motores para movilizar el máximo de votantes posible. En el trasfondo, que consideran que en mayo de 2019 fueron derrotados y les arrebataron el poder. No obstante, todo apunta que, una vez más, no habrá consenso entre Foment del Treball, presidida por Josep Sánchez Llibre, y Pimec, con Antoni Cañete al frente, para presentar una lista unitaria.

Cuando menos, quien parece tener más divergencias con la Cambra de Comerç es la organización que preside Cañete, que obtuvo el cargo rivalizando con el candidato independentista Pere Barrios y que en su momento se mostró favorable a la designación de Pere Aragonès (ERC) como presidente de la Generalitat. La disconformidad de Pimec con la dirección de Canadell y Roca ha llevado a Cañete a expresar pública y veladamente que la Cambra de Barcelona se está infiltrando en áreas vinculadas a la concertación y el diálogo social, ámbitos que considera que no le corresponden para tratarse de una entidad pública tutelada por la Administración. Tanto es así, que Pimec se ha mostrado contraria a una parte del articulado del proyecto de ley básica de cámaras catalanas, que cayó la pasada legislatura y que el Ejecutivo catalán tiene sobre la mesa. La patronal de las pymes confía en que entre sus asociados exista el interés necesario para que salga una candidatura, como en los pasados ​​comicios, que dieron su apoyo explícito a la que presentó José Maria Torres, ahora presidente de Conpymes , y el empresario Enric Crous.

Los representantes más oficialistas también empiezan a mover hilos, de manera más o menos pública. Entre los más activos, el empresario Carles Tusquets que ya formó candidatura para las pasadas elecciones y quien denunció el decreto del proceso electoral. Nada hace pensar que no vuelva a intentar configurar una nueva candidatura, cuando menos, últimamente ya ha iniciado una campaña para denunciar posibles irregularidades en la fórmula que se ha diseñado para validar el voto electrónico y el voto presencial.