El director ejecutivo de capitalización de la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT), José Marino García, ha asumido la presidencia de la sociedad encargada de impulsar la candidatura a la gigafactoría de inteligencia artificial (IA) de Móra la Nova (Ribera d’Ebre).
Según consta en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME), la SETT ha asumido la presidencia de la sociedad y Marino ha sido nombrado su representante. El consejo de administración también incorpora a Alfredo Serret como vicepresidente primero y a Daniel Barriuso como vicepresidente segundo. Ignacio Pereña figura como secretario no consejero y Francesc Fajula como apoderado.
Bruselas dio luz verde la semana pasada a la creación de la sociedad. La previsión de Bruselas es cerrar el proceso el 12 de noviembre y anunciar los ganadores a principios de 2027. Si Móra la Nova es una de las sedes escogidas, las obras empezarían ese mismo año con el objetivo de que el centro estuviera operativo a finales de 2028. La candidatura deberá competir con los proyectos de países como Alemania, Grecia o Italia, para ser uno de los tres que recibirán financiación europea.
La gigafactoría de inteligencia artificial que se proyecta en Móra la Nova podría entrar en funcionamiento a finales de 2028 si la candidatura liderada por el Estado supera la convocatoria europea prevista para este julio. Según han explicado fuentes del ejecutivo de Salvador Illa, las instalaciones ocuparían unas cuatro hectáreas del polígono del Molló y estarían conectadas a la subestación eléctrica de Els Aubals, con una capacidad inicial de 55 megavatios ampliable hasta los 125 megavatios.
En Terres de l’Ebre se construiría un nuevo edificio por módulos que sería propiedad del consorcio público-privado y la sede central de las instalaciones, mientras que en Madrid se alquilarían otras instalaciones para ampliar los servicios.
Bruselas busca financiar hasta siete gigafactorías en toda Europa para "acelerar la soberanía tecnológica" del continente. La iniciativa público-privada prevé movilizar unos 30.000 millones de euros, una tercera parte financiada por administraciones públicas.