Este martes se reúne la Comisión de Asuntos Económicos de las Cortes que ha de aprobar o rechazar una enmienda presentada por PDeCAT que establece que un fabricante de coches en España tenga que indemnizar a uno de sus concesionarios si decide rescindirle de forma unilateral el contrato para vender sus modelos. En caso de que este martes la enmienda siga adelante, será votada el próximo jueves en el Pleno del Congreso. Gerardo Pérez, presidente de la patronal de concesionarios de automóviles, Faconauto, ha explicado este lunes que los concesionarios llevan muchos años demandando que se regule la relación entre las marcas de automóviles y sus redes de distribución con el fin de equilibrar las fuerzas entre unos y otros. Pérez ha denunciado que, actualmente, los fabricantes pueden rescindir los contratos sin negociar con el concesionario, sin indemnizarle e, incluso, imponiendo al concesionario el comprador de la concesión, lo que impide obtener unos mejores precios.
Por su parte, la patronal de los fabricantes (Anfac) ha remitido esta tarde en comunicado en el que dice que no es cierto que exista un vacío legal. “En España ya existe una protección a los concesionarios, recogida por el Tribunal Supremo, que indica en qué supuestos se aplican análogamente las indemnizaciones de la ley de contrato de agencia”, según acuerdo de la Sala 1ª del TS de 10 de diciembre de 2005. Y remarca que existe una normativa europea que obliga a un preaviso de dos años a cualquiera de las dos partes para la cancelación o no renovación del contrato de concesión. La patronal de los fabricantes igualmente remarca que “no es cierto que España sea una excepción en materia normativa de las relaciones contractuales. La enmienda pretende una solución y una legislación que sólo está presente en Italia y Bélgica. No es cierto, por tanto, que España sea la excepción, sino al revés, es Italia el único país que regula específicamente este asunto”.
Es un pelea que viene de lejos. Ya en 2011 la entonces CiU presentó un proyecto de ley en el Congreso que aunque contó con el apoyo de la mayoría y la oposición del partido del Gobierno (PSOE), las Cortes decidieron de forma excepcional y sin precedentes dejar en suspenso la tramitación, aunque con un pacto previo de todos los grupos de regular en el plazo de seis meses la relación contractual entre fabricantes de coches y sus concesionarios. “De eso hace ya doce años”, se queja Pérez. La idea era que ambas partes, como socios que son, se pusiesen de acuerdo, algo que no se produjo. Así, en 2021 el PDeCAT decidió presentar una primera enmienda a la ley crea y crece con el fin de que se modifique la ley de agencias mediante una disposición adicional para introducir la obligación de que las marcas indemnicen a los concesionarios en caso de una rescisión unilateral de la relación contractual.
Un tercer intento
Pero durante la tramitación de la ley crea y crece, los partidos conminaron a Anfac (patronal de los fabricantes) y Faconauto a negociar, por lo que PDeCAT y Faconauto optaron por retirar la enmienda y abrir una negociación entre ambas patronales. Sin embargo, Pérez ha resaltado este lunes que Anfac alegó que las rescisiones contractuales son decisiones individuales de cada uno de sus asociados, con diferentes sensibilidades, por lo que no podía entrar a negociar un norma general. Ante esta posición, PDeCAT ha decidido presentar una nueva enmienda, en esta ocasión a la ley por la que se crea la Autoridad Administrativa Independiente de Defensa del Cliente Financiero para la resolución extrajudicial de conflictos entre las entidades financieras y sus clientes, actualmente en trámite parlamentario.
Desde Faconauto han mantenido contactos con todos los grupos parlamentarios para recabar su apoyo. Pérez ha remarcado en sus encuentros con los partidos políticos, por un lado, que se trata de una regulación de mínimos, pues han renunciado a una ley más amplia como la de 2011, y se conforman con que se establezca la obligación de una indemnización en caso de rescisión unilateral de la marca. Por otro lado, el representante de los concesionarios entiende que todos los grupos políticos estuvieron de acuerdo en que se regulase hace ya doce años y, les ha recordado tal compromiso. No obstante, el presidente de Faconauto ha reconocido este lunes que, a pesar de que todos han “mostrado sensibilidad” por el problema de que los concesionarios ante la decisión unilateral de la marca, ninguno ha definido su posición para este martes.
De aquí que hagan un llamamiento a todos los partidos de forma “desesperada”. “No exagero si digo que es la rueda de prensa más importante que he dado durante los seis años que llevo como presidente de Faconauto”, ha declarado. Y ha insistido en que España se va a quedar como uno de los pocos países de la Unión Europea donde no se regulen las relaciones entre los fabricantes de coches y sus concesionarios. Italia lo ha aprobado recientemente, según remarca Pérez, y la Asamblea francesa lo está debatiendo.
Amenaza electoral
Desde Faconauto han esgrimido reiteradamente la inseguridad e incertidumbre que la falta de una regulación está generando no solo entre los dueños de los 2.000 concesionarios que hay en España; también entre las 152.000 personas que trabajan de forma directa en las redes oficiales de distribución, y el medio millón si se suman los trabajos indirectos. Pérez ha remarcado que no todas las marcas se están comportando de la misma manera, pues una mayoría tiene una relación menos “tensa” con sus concesionarios. Pero el presidente de Faconauto se ha referido específicamente a Stellantis (con cuatro fábricas en España), que en mayo de hace dos años rescindió el contrato a un tercio de sus concesionarios en España y en este mayo, se terminaría la relación contractual, lo que supondría el cierre inmediato. No obstante, según el presidente de los concesionarios, se ha prorrogado un mes por el problema que generaría entre las redes de las marcas del grupo Stellantis.
Pérez ha señalado que el medio millón de personas que viven de las ventas de coches están muy preocupados por lo que se juegan esta semana en el Congreso. “No se trata de una amenaza, pero si no se aprueba haremos saber a todos ellos qué partidos políticos han apoyado a los concesionarios y sus trabajadores y cuáles no”. En cualquier caso, los concesionarios no están poniendo en duda la potestad de las marcas de reducir el número de concesionarios, algo que Pérez ha remarcado que sucede desde hace ya una década. Pero si al cierre reciben indemnizaciones, tendrán la posibilidad de mantener sus puertas abiertas vendiendo otros coches, incluido segunda mano, o con negocios de movilidad, para lo que precisan capital.