Competencia ha registrado las oficinas de varias compañías eléctricas por supuestas irregularidades. Los inspectores de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) han llevado a cabo registros en las sedes centrales de Endesa y Naturgy en diferentes ciudades de España, según ha avanzado El Confidencial este jueves y han confirmado fuentes del sector a ON ECONOMIA.

Los registros se enmarcan en una investigación del organismo que dirige Cani Fernández, después de que se detectaran supuestas irregularidades por parte de ambas compañías. 

No se descarta que los registros para recabar información interna tras detectar las presuntas infracciones se hayan extendido también a Iberdrola. Según el medio, las empresas se han mostrado dispuestas a colaborar en los registros, donde se les han solicitado datos internos y han sido requisados tanto dispositivos como material informático sensible.

En cualquier caso, las pesquisas de la CNMC están todavía en una fase muy preliminar y no se ha incoado ningún expediente sancionador. Según la información, la investigación afectaría a la división del negocio de las eléctricas que gestiona las redes de baja tensión en régimen de monopolio. 

Preguntada por este asunto, Competencia no ha hecho declaraciones al respecto. Desde Naturgy también declinan hacer comentarios sobre la investigación de la CNMC. Por su parte, Endesa asegura estar colaborando al 100% con la CNMC y esperan el desarrollo de la investigación.

Aunque aún se desconoce el objetivo de los registros, se habla de la posibilidad de que las grandes compañías energéticas hayan obstaculizado y puesto trabas al desarrollo del autoconsumo, especialmente el colectivo. 

En este sentido, según un informe publicado el miércoles por la Alianza por el Autoconsumo, formada por más de 50 empresas de renovables, sindicatos o cooperativas relacionadas con la energía limpia, las empresas distribuidoras de electricidad están suponiendo el mayor obstáculo para el desarrollo del autoconsumo en toda la geografía española.

Asimismo, recientemente elEconomista publicó que Competencia también está investigando a las eléctricas por supuestas trabas al despliegue de las infraestructuras de recarga del coche eléctrico.

Una situación de escasez de cargadores eléctricos que justo este miércoles la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac) ponía de relieve. Según la patronal de fabricantes, hace falta más que duplicar los puntos de recarga pública para alcanzar los objetivos establecidos Bruselas en 2023, que fijan para España 45.063 puntos de recarga de este tipo.