La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha acordado no incoar un procedimiento sancionador y archivar las actuaciones contra Repsol, Moeve y BP a raíz de las denuncias presentadas por asociaciones de operadores independientes. Las acusaciones apuntaban a posibles prácticas anticompetitivas mediante descuentos conjuntos durante el año 2022, en pleno contexto de crisis energética desencadenada por la invasión rusa de Ucrania. El regulador, presidido por Cani Fernández, ha considerado que no hay indicios de infracción después de analizar a fondo las alegaciones.
El regulador investigaba las denuncias presentadas por dos asociaciones del sector: la Asociación Nacional de Estaciones de Servicio Automáticas y la Asociación de Comercializadores Independientes de Hidrocarburos. Ambas acusaban a las tres grandes compañías petroleras de haber abusado de su posición de dominio colectiva y de haber realizado prácticas colusorias para aumentar sus cuotas de mercado en el contexto de las fuertes subidas de los precios de los carburantes. La investigación pretendía determinar si las compañías habían actuado de manera coordinada para perjudicar a los competidores independientes.
Subida de precios mayoristas y descuentos selectivos al detalle
Las prácticas habrían consistido, por un lado, en incrementar los precios de venta al por mayor a las gasolineras independientes, aquellas que les compran el carburante para revenderlo a los consumidores. Por otro lado, las petroleras habrían aplicado descuentos a sus clientes en la venta al por menor mediante tarjetas de fidelización y de pago, favoreciendo así su propia red de estaciones de servicio en detrimento de los operadores independientes. Esta doble estrategia habría tenido como efecto, según los denunciantes, estrangular los márgenes de los competidores más pequeños.
Tras la investigación, la CNMC no ha encontrado indicios de la existencia de intercambios de información ni de concertación entre Repsol, Moeve y BP. El organismo ha determinado que no hay pruebas de que las tres compañías actuaran de manera coordinada.
En cuanto a la posición de dominio colectiva, el regulador considera que no hay indicios de que las tres empresas constituyan una única entidad colectiva desde el punto de vista económico. En concreto, señala que Repsol tenía en 2022 una capacidad de refinación muy superior a la de sus rivales y unas cuotas de mercado mayores, lo cual le otorgaba una posición asimétrica incompatible con la existencia de un dominio colectivo.
En relación con el intercambio de información, la CNMC ha indicado que BP y la entonces Cepsa supieron de las políticas de descuentos que Repsol pensaba adoptar a través de los medios de comunicación y de información pública, no mediante mecanismos clandestinos de coordinación. Además, el regulador ha añadido que ambas compañías se vieron negativamente afectadas por una pérdida de clientes, parte de los cuales fueron captados precisamente por Repsol. Este hecho, lejos de ser coherente con una práctica colusoria, indica que las estrategias comerciales de las tres compañías competían entre sí.
La CNMC ya sancionó a Repsol con 20,5 millones por otro procedimiento
La CNMC ha recordado que, en un procedimiento sancionador diferente finalizado el pasado mes de enero, sí que sancionó a Repsol con 20,5 millones de euros por haber abusado de su posición de dominio en el mercado mayorista de distribución de combustibles de automoción en estaciones de servicio. En aquel caso, el regulador consideró responsable a la empresa de un estrechamiento de márgenes consistente en aplicar políticas de retención de volumen y de incremento de precios de venta del gasóleo A a sus rivales, mientras que en el mercado minorista realizó una campaña de descuentos a clientes profesionales que superaba las prestaciones que estaba obligada a aplicar por las medidas gubernamentales.
Repsol rechazó de manera contundente la sanción de 20,5 millones de euros impuesta a varias de sus filiales del área de venta de carburantes, así como la prohibición de participar en contratos públicos. La empresa consideró que la resolución se apoyaba en un relato parcial y descontextualizado, con errores de método y de derecho, que ignoraba el contexto excepcional del año 2022, marcado por la crisis posterior a la invasión de Ucrania por parte de Rusia.
La petrolera afirmó que recurriría la multa ante la jurisdicción contencioso-administrativa para hacer valer todos estos argumentos en su impugnación. En cuanto al expediente ahora archivado, las asociaciones de operadores independientes aún podrían presentar recurso contra la decisión de la CNMC ante la Audiencia Nacional.