La renovada estructura del Comité Técnico de Árbitros (CTA) de la Real Federación Española de Fútbol ha sufrido su primera baja destacada. Chema Alonso, el reconocido hacker designado como responsable de Innovación Tecnológica del ente, ha dejado el puesto tras solo 15 días. Su salida coincide con su fichaje por Cloudflare, compañía estadounidense de ciberseguridad señalada por Javier Tebas, presidente de La Liga, como cómplice en la difusión ilegal de encuentros de fútbol.
El pasado 21 de julio, la Federación Española de Fútbol (RFEF), bajo la dirección de Rafael Louzán, presentó la nueva cúpula arbitral tras la salida de Luis Medina Cantalejo. Entre los elegidos destacó la incorporación de Alonso, exdirectivo de Telefónica y figura cercana al Real Madrid, cuya designación generó escepticismo por su perfil atípico en el ámbito arbitral.
José María Alonso es doctor honoris causa en ciberseguridad por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y licenciado en Ingeniería Informática por la Politécnica de Madrid. Fue fundador de la empresa informática 64, que compró Telefónica, empresa a la que se unió en 2013. Estando en la multinacional española, fundó ElevenPaths y dirigió el negocio de ciberseguridad de 2016 a 2025.
Sin embargo, su paso por el CTA ha sido fugaz. Según informa El País, el conflicto de intereses surgido por su nuevo rol como vicepresidente de Cloudflare precipitó su dimisión. La empresa, especializada en servicios de red, es señalada por LaLiga como escudo tecnológico para el 50% de las páginas que retransmiten partidos ilegalmente.
La sombra de la piratería y la tensión institucional
Fuentes cercanas al caso confirmaron que, pese a que Alonso alegó "motivos personales" para su renuncia, el trasfondo fue una disputa institucional. Tebas ha acusado públicamente a Cloudflare de "proteger a piratas", incluso solicitando sanciones a Estados Unidos contra la compañía.
La RFEF, en permanente choque con La Liga, vio insostenible la doble vinculación de Alonso. Su salida se interpreta como un gesto para reducir la crispación entre ambas entidades, aunque profundiza las dudas sobre la solvencia de la reestructuración arbitral impulsada por Louzán.
El presidente de LaLiga no ha ocultado su rechazo hacia Cloudflare. En redes sociales y foros internacionales, Tebas ha denunciado que la empresa "enmascara direcciones IP de piratas", dificultando la persecución legal. La contratación de Alonso por dicha firma añade ahora un capítulo más a este pulso, que ya trasciende lo deportivo para entrar en el terreno judicial y tecnológico.
La Liga asegura que sus clubes pierden al año entre 600 y 700 millones de euros por la piratería, una práctica que en España es un 25% superior a la media de la UE. Según las cifras de La Liga, el 59% de los españoles reconoce haber empleado al menos una vez al mes la piratería para acceder a contenidos y las pérdidas generadas por ello equivalen casi a la mitad de los ingresos generados por derechos audiovisuales en una temporada.
Mientras, la RFEF evita pronunciarse sobre si buscará un sustituto para Alonso o redefinirá el área de Innovación. Lo cierto es que el breve episodio deja en evidencia las grietas en la gobernanza del fútbol español y la creciente influencia de actores externos en sus conflictos.