CCOO se ha manifestado este miércoles contra la decisión de Ferrovial de trasladar su sede social a Países Bajos. Tras el pronunciamiento del Gobierno esta mañana lamentando la operación, el sindicato ve "preocupante" y ha tachado de "socialmente irresponsable" el movimiento estratégico de la multinacional de la familia Del Pino, según ha informado a través de un comunicado.
La compañía justifica el cambio de sede en su interés estratégico de cotizar primero en el mercado bursátil de Países Bajos, y posteriormente también en los Estados Unidos, al tener entre Estados Unidos y Canadá el 81% de su actividad, el 36% de sus ventas y el 29% de su accionariado. Aunque sus planes pasan por seguir cotizando en el IBEX 35. El cambio supone un ahorro cercano a los 40 millones de euros al año en impuestos por la laxitud del sistema fiscal de Países Bajos, según las estimaciones de la propia compañía.
Es por ello que CCOO considera "más que preocupante que una multinacional española, que ha crecido a la 'sombra' de los contratos e inversiones realizadas con las Administraciones Públicas españolas como la infraestructura del AVE, decida deslocalizarse fiscalmente para optimizar sus beneficios, aprovechando las ventajas fiscales de los Países Bajos", ha señalado el sindicato.
Doble pérdida de empleo y de tributación
En este sentido, se oponen a la decisión de la compañía que dirige Rafael Del Pino "en un momento donde las multinacionales españolas deberían mostrar su compromiso con el país, este tipo de decisiones muestran la insolidaridad de Ferrovial con su país de origen". Además del ahorro fiscal, el sindicato critica que este tipo de operaciones causan normalmente un "efecto arrastre" de otras unidades de negocio de la compañía, como pueden ser inicialmente los Servicios Centrales.
Algo que, según denuncia, provoca "una doble pérdida de empleo y de tributación, en otros impuestos como IVA e IRPF con el traslado de una parte relevante de sus personas con mayores sueldos a Países Bajos". De este modo, CCOO reclama a Ferrovial que reconsidere su decisión y, en su defecto, sea analizada desde los poderes públicos para intentar evitar estas estrategias de planificación fiscal "que generan perjuicios claros al interés general".
El sindicato cree que los hechos hacen imprescindible que la Unión Europea avance hacia las propuestas recogidas en el Dictamen del CESE sobre un conjunto de medidas destinadas a combatir el fraude y la elusión fiscales y a avanzar en la convergencia entre los sistemas fiscales de los países de la UE. Algo que evitaría "prácticas de Dumping Fiscal por parte de Estados como Países Bajos, entre otros, que ya han sido señalados por la propia Comisión Europea en distintas ocasiones, así como por la Agencia Tributaria en su informe del año 2019 'País por país'".