El Ministerio de Economía está analizando si debe entregar el informe de la Abogacía del Estado en el que se apoyó para imponer sus propias condiciones a la opa del BBVA sobre Sabadell en junio del 2025. Las exigencias se sumaron a las que semanas antes había fijado la CNMC —algo inédito hasta entonces en una operación de este tipo en España— y cambiaron de forma radical las cuentas que el banco que preside Carlos Torres había hecho sobre la operación.

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha ordenado a Economía que entregue dicho informe a un demandante anónimo que lo solicitó, en un plazo máximo de diez días hábiles. Pero el departamento que dirige Carlos Cuerpo está estudiando ahora si recurre la resolución ante la Audiencia Nacional o si cumple con ella y entrega el informe, en cuyo caso tendría que hacerlo este mes de septiembre, según ha podido saber ON ECONOMIA.

Fuentes del Ministerio aseguran que las unidades responsables “han recibido la petición y la están analizando”. Además, Economía precisa que el plazo empieza a contar desde la notificación de la resolución a finales de agosto y no desde el día en que se hizo pública, que fue el 31 de julio. De manera que sigue en plazo.

El informe de la Abogacía del Estado, según explicó el propio Carlos Cuerpo, llevó al Gobierno español a endurecer las condiciones de la opa. El Consejo de Ministros permitió que el BBVA siguiera adelante con la operación, pero le obligó a mantener al Sabadell como una entidad independiente durante al menos tres años, lo que impedía al BBVA culminar una fusión durante ese periodo. También se establecieron límites a los despidos y al cierre de oficinas, unas condiciones mucho más duras que las fijadas previamente por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). 

Estas condiciones cambiaron por completo las cuentas que el BBVA había hecho sobre la operación. El banco había calculado inicialmente unas sinergias de unos 850 millones de euros. Pero con las nuevas exigencias, esa cifra cayó drásticamente. Durante los tres años de blindaje, las sinergias estimadas se redujeron a unos 235 millones de euros. La operación seguía siendo posible, pero su atractivo económico era muy distinto.

Ese fue, en la práctica, el principio del fin de la opa. Las nuevas condiciones hicieron que los inversores tuvieran más dudas sobre el sentido económico de la operación y sobre los beneficios que el BBVA podría obtener de ella. Meses después, en octubre de 2025, los accionistas del Sabadell rechazaron finalmente la oferta al quedarse la aceptación en el 25,33% de las acciones, por debajo del mínimo del 30% que BBVA había establecido.

Ahora, casi un año después del fracaso de la operación, el informe que sirvió para respaldar jurídicamente la actuación del Gobierno español puede salir a la luz.

Economía no acreditó que el informe fuera confidencial

La resolución del Consejo de Transparencia, al que ha tenido acceso este medio, contiene varios elementos que hasta ahora no habían trascendido con tanto detalle. Uno de los más relevantes es que el Consejo considera que Economía no acreditó que el informe de la Abogacía del Estado hubiera sido declarado específicamente confidencial.

El Ministerio había rechazado la petición de acceso a este informe realizado por un solicitante que no tiene la condición de interesado, alegando que la Ley de Defensa de la Competencia establece un régimen especial de confidencialidad para este tipo de expedientes. Sin embargo, el Consejo considera que esa circunstancia no permite mantener automáticamente ocultos todos los documentos que forman parte de un expediente de competencia.

La resolución establece que, si existen partes del informe que realmente sean confidenciales, Economía puede ocultarlas. Pero tendrá que justificar de forma concreta por qué. No puede utilizar la confidencialidad del expediente como argumento para mantener reservado el documento completo. El Consejo también destaca que el propio Ministerio había hecho públicas algunas de las conclusiones del informe el 24 de junio del 2025. Por ello, considera especialmente importante distinguir entre la información que pueda estar protegida y aquella cuyo acceso debe permitirse.

Una orden que Economía puede recurrir

La resolución no obliga al Ministerio que dirige Carlos Cuerpo a realizar una publicación general. Lo que establece es que Economía debe entregárselo al ciudadano que lo solicitó y enviar una copia al propio Consejo de Transparencia en un plazo de diez días hábiles desde la notificación. Aunque después pueda ver la luz. 

El Ministerio, no obstante, puede recurrir la decisión ante la Audiencia Nacional. Pero recurrir no suspende automáticamente la obligación de entregar el documento. Para paralizar su ejecución tendría que solicitar una medida cautelar y obtenerla del tribunal. Por eso, la decisión que adopte ahora el Cuerpo puede determinar cuándo se conocerán por primera vez los argumentos jurídicos que utilizó Economía para defender su intervención en la opa.