El grupo multinacional textil Bekaert ha comunicado a los representantes de los trabajadores la presentación de un expediente de regulación de empleo que afectará a 42 personas de su planta situada en Sant Boi de Lluçanès, en la comarca de Osona. La medida implica el despido de casi la totalidad de la plantilla, formada por 47 personas, según ha informado el sindicato Comisiones Obreras mediante un comunicado hecho público esta semana. La compañía, con sede central en Bélgica y presencia en numerosos países, mantiene diversas instalaciones productivas en la península, entre las cuales se encuentra la factoría osonense, dedicada a la fabricación de productos textiles técnicos.
El expediente presentado por la dirección de la empresa supone la extinción de 42 contratos laborales, cifra que representa el 91% del total de personas que actualmente prestan servicios en la instalación. Esta proporción, excepcionalmente elevada en términos de despidos colectivos, ha suscitado la alarma entre los representantes sindicales, que interpretan la medida como un paso previo al cierre definitivo de la planta productiva que la multinacional mantiene en esta localidad desde hace décadas. Los cinco trabajadores restantes, según las informaciones facilitadas por el comité de empresa, podrían verse afectados por medidas complementarias o reubicaciones aún no definidas.
La posición del sindicato ante el anuncio
Fuentes sindicales han explicado que la compañía ha justificado la decisión alegando problemas productivos en la instalación de Osona, una argumentación que desde el sindicato Comisiones Obreras se pone seriamente en duda. Los representantes de los trabajadores han calificado la medida de "del todo injusta e inaceptable" y han subrayado que no responde a criterios de viabilidad económica objetivables sino a una decisión estratégica adoptada desde la sede central del grupo en Bélgica. En este sentido, el sindicato considera que la operación esconde un proceso de deslocalización que comportaría el traslado de la producción a plantas ubicadas en otros países, donde las condiciones laborales o los costes salariales serían más favorables para la multinacional, una práctica que, según alertan, se ha repetido en otros sectores industriales en los últimos años.
Ante la imposibilidad de alcanzar un acuerdo en el periodo de negociaciones establecido inicialmente, las partes implicadas han acordado prorrogar las conversaciones para intentar encontrar una salida negociada a la situación. Fuentes conocedoras del proceso han señalado que las discrepancias entre ambas partes son sustanciales, especialmente en lo que respecta a las causas alegadas por la empresa para justificar el expediente. Mientras la dirección mantiene su argumentario basado en dificultades productivas y de competitividad, la representación laboral insiste en que no se han aportado datos concretos que acrediten de manera fehaciente esta supuesta pérdida de rentabilidad o productividad en la planta de Sant Boi de Lluçanès.
CCOO ha manifestado que, en caso de no producirse una rectificación por parte de la empresa, se verán abocados a convocar movilizaciones para expresar el rechazo a una medida que consideran que carece de fundamentación objetiva. Los representantes sindicales han avanzado que estas protestas podrían materializarse en los próximos días y semanas si no se producen avances significativos en la mesa negociadora. Además, el sindicato ha advertido que estudiarán la posibilidad de impugnar el expediente por la vía judicial si se confirma que los argumentos empresariales no se ajustan a la realidad productiva de la fábrica o si se detectan irregularidades en el proceso de consultas.
El impacto económico y social en el territorio
La planta de Sant Boi de Lluçanès es una de las instalaciones que el grupo Bekaert mantiene en Cataluña dedicadas a la producción textil y su posible reducción o cierre supondría un duro golpe para la economía de esta localidad de la comarca de Osona, donde la industria textil ha tenido tradicionalmente un peso significativo en el tejido productivo y en el empleo. El municipio, de poco más de 500 habitantes según los últimos datos del padrón municipal, vería cómo una parte sustancial de su población activa perdería el puesto de trabajo, con las consiguientes repercusiones económicas y sociales que esto comportaría en una comarca que, a pesar de su tradición industrial, ha ido perdiendo peso específico en el sector textil en las últimas décadas.
El sindicato ha avanzado que seguirá de cerca la evolución de las negociaciones y no descarta emprender acciones legales si se confirma que el expediente de regulación de empleo no responde a causas objetivables sino a decisiones empresariales de carácter estratégico. Asimismo, han hecho un llamamiento a las administraciones públicas para que se interesen por la situación de la planta y, en su caso, actúen como mediadoras en el conflicto laboral para intentar preservar los puestos de trabajo y la actividad industrial en una comarca que, como la de Osona, ha visto cómo en los últimos años diversas empresas textiles han reducido su presencia o han cerrado definitivamente las puertas.