La Audiencia Nacional ha rechazado prohibir el uso de la consulta pública en la opa del BBVA en el Sabadell por parte del Gobierno, como reclamó un despacho de abogados madrileño. La Sección Tercera de la Sala del Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha desestimado la medida cautelarísima solicitada por Statera Legal. La sala ha tomado la decisión por mayoría, con un voto particular.

Este despacho solicitó que el Gobierno no pudiera utilizar los resultados de la consulta pública abierta en mayo por el Ministerio de Economía para tomar su decisión de imponer, o no, condiciones a la opa. La semana pasada, cuando Carlos Cuerpo, ministro de Economía, anunció que elevaría la opa al Consejo de Ministros, ya no aludió a la consulta ni a sus resultados, que se desconocen.

La Audiencia Nacional ha rechazado la medida cautelarísima al considerar que la medida “carece no ya de especial urgencia, sino de virtualidad alguna respecto a la competencia ya ejercida por el ministro de Economía”, al elevar la opa al Consejo de Ministros. Las competencias de la sala “no alcanzan a revisar actos futuros del Consejo de Ministros, ni, por tanto, a suspenderlos o condicionarlos”.

La resolución explica que es potestad del Consejo de Ministros “mantener, endurecer o suavizar” los compromisos al BBVA en la operación, y será entonces, en los argumentos del gobierno español, donde “habrá que ver en qué medida se utiliza el resultado de la consulta pública” para imponer medidas relacionadas con el interés general y “se podrá cuestionar” la decisión. En ese momento sí se podría impugnar la decisión.

La consulta, un giro de Pedro Sánchez

Hace 13 meses que el banco presidido por Carlos Torres presentó una oferta sobre las acciones de la entidad catalana, la cual fue rechazada por el consejo de administración presidido por Josep Oliu. El BBVA decidió presentarla igualmente y dio lugar a una opa hostil. Desde el principio, el Gobierno se ha mostrado en contra, pero la operación ha ido superando etapas y obteniendo autorizaciones.

La más difícil fue la de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que tardó más de 10 meses. El organismo presidido por Cani Fernández impuso condiciones de protección de la competencia, que el BBVA aceptó, y aprobó la operación.

En un giro de guion, Pedro Sánchez anunció la convocatoria de una consulta pública para que todos aquellos ciudadanos o asociaciones preocupados por la posible compra del banco catalán por parte del BBVA pudieran expresar su opinión, siempre con criterios de interés general. Siete días después, el Gobierno se dio siete días más, hasta este martes, para decidir si interviene o no.

Es esta consulta la que está en cuestión, pero se trata de un procedimiento meramente consultivo, que no tiene carácter vinculante. El Ministerio de Economía puede decidir imponer más condiciones sin necesidad de la consulta, que se convocó para tomar el pulso a la opinión ciudadana. Está previsto que Cuerpo anuncie este martes su postura, y es posible que presente las conclusiones de la consulta.