Glovo desatendió diecisiete requerimientos de la Inspección de Trabajo entre mayo y septiembre de 2023 en siete territorios del Estado. En aquel momento, mantener a los riders como falsos autónomos ya constituía un delito después de la entrada en vigor de la reforma del Código Penal, según recoge la acusación particular citando el auto que deja al consejero delegado de la compañía, Òscar Pierre, a las puertas del juicio. Esta información la ha difundido el Observatori del Treball, Algorisme i Societat, que ejerce de acusación popular de la causa junto con Riders x Derechos. Según las entidades, estos hechos "desmontan el argumento" de la plataforma de que la causa se basa en hechos anteriores a los cambios legislativos. La defensa de Pierre, en cambio, ha remarcado que el modelo de negocio de Glovo no ha perjudicado derechos laborales y ha defendido que no existen requerimientos de la Inspección de Trabajo desatendidos por parte de la compañía.
Las entidades tienen tiempo hasta el 8 de octubre para presentar el escrito de acusación contra el consejero delegado de la compañía, igual que el resto de acusaciones, entre las que se encuentra el sindicato CGT. El auto se puede recurrir en reforma o apelación y, posteriormente, el magistrado decidirá sobre la apertura de juicio oral. En la resolución, la plaza 31 de la sección de instrucción del juzgado de instancia de Barcelona acuerda continuar por los trámites del procedimiento abreviado contra Pierre por un presunto delito contra los derechos de los trabajadores. El motivo es haber mantenido a los repartidores de la plataforma como falsos autónomos a pesar de las sentencias que obligaban a contratarlos como empleados. El directivo declaró como investigado en este caso a finales de 2024. El día antes de ir a declarar, la compañía anunció que contrataría a los repartidores en el Estado.
Las solicitudes desatendidas
El auto, notificado a las partes el 22 de septiembre, detalla que la plataforma digital creada en Barcelona recibió diecisiete requerimientos de las inspecciones territoriales de Asturias, Badajoz, Cantabria, Salamanca, Valladolid, Vizcaya y Zaragoza. Estas peticiones se produjeron entre el 25 de mayo y el 21 de septiembre de 2023. Según señalan las acusaciones, todos son posteriores a la Ley Orgánica 14/2022, que desde enero de 2023 castiga con prisión mantener trabajadores bajo fórmulas ajenas al contrato laboral en contra de un requerimiento administrativo. Según el comunicado difundido este viernes, el juez constata que Glovo mantuvo el mismo modelo "incluso en fecha posterior al 12 de enero de 2023". También señala que la empresa se limitó a responder a la Inspección que la relación inicial ya no se mantenía, "cuando los repartidores continuaban trabajando en las mismas condiciones".
El auto enumera siete sentencias firmes de juzgados sociales, dictadas en Santander, Bilbao, Badajoz, Valladolid, Salamanca, Zaragoza y Oviedo en procedimientos iniciados por la Inspección. Estas resoluciones obligaron a regularizar a 1.415 repartidores. Además, también ha habido sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya y del Tribunal Supremo que han abordado la misma cuestión. Estas resoluciones judiciales establecieron que la relación entre Glovo y sus repartidores no era mercantil sino laboral, y que, por lo tanto, la empresa debía contratarlos como trabajadores por cuenta ajena. A pesar de estos pronunciamientos, la compañía continuó aplicando el mismo modelo, lo que ha llevado el caso a los tribunales penales.
"El auto confirma lo que llevamos años documentando: el algoritmo no es un intermediario neutral, es quien asigna, fija precios y controla. Después de una década de sentencias y multas millonarias asumidas como un coste más del negocio, por fin se plantea la responsabilidad personal de quien decide", ha dicho Felipe Corredor, miembro de Riders x Derechos y del Observatorio TAS. Ambas organizaciones ya presentaron una querella criminal contra Glovo por presuntos delitos contra la Hacienda Pública, contra la Seguridad Social y contra los derechos de los trabajadores en septiembre de 2023. Esta querella es la que ha dado lugar al auto que ahora deja a Pierre a las puertas del juicio.