El consejero delegado de Abertis, José Aljaro, ha hecho un llamamiento a los partidos políticos para que lleguen a un acuerdo que permita implantar en España un nuevo modelo concesional para las carreteras. Según su visión, este nuevo sistema resultaría indispensable para mejorar tres aspectos clave de la red viaria: su fuente de financiación, las condiciones de mantenimiento y los niveles de seguridad viaria. Aljaro ha defendido esta posición en el marco de una jornada sectorial donde se ha debatido el futuro de las infraestructuras en el país, ante un auditorio formado por representantes del sector, responsables de administraciones públicas y expertos en movilidad.
En su intervención, el consejero delegado de Abertis ha reconocido que alcanzar este objetivo será una tarea "difícil", dado que la introducción de peajes es una medida que tradicionalmente despierta poco apoyo ciudadano. Aljaro ha señalado que el gobierno español evitará impulsar esta reforma por miedo a perder votos, una acción que la oposición aprovechará para criticar. Pero ha añadido un matiz igualmente relevante: si la oposición llegara al poder, tampoco implementaría los peajes por la misma razón de coste electoral. "Así que la solución es difícil, pero yo creo que hay que priorizar el interés general, el interés público, por encima de los intereses de los partidos", ha concluido, en un mensaje que invita a superar las dinámicas partidistas de corto plazo.
Los peajes suprimidos no han mantenido el mismo estado de conservación
Aljaro ha fundamentado su petición en un argumento técnico. Según ha argumentado, después de todos los peajes que el gobierno español ha eliminado desde 2018 a medida que iban venciendo los contratos privados, las carreteras afectadas no han mantenido el mismo estado de conservación que tenían cuando eran de pago. El motivo, ha explicado, es que estas vías cuentan ahora con menos recursos financieros para su conservación y mejora, lo cual se traduce en un deterioro progresivo del asfalto, la señalización y los elementos de seguridad. Esta circunstancia, a su parecer, acaba afectando tanto a los conductores como al conjunto de la economía, dado que una red viaria en malas condiciones incrementa los costes de transporte, reduce la competitividad de las empresas y aumenta el riesgo de accidentes.
En otra mesa de debate del mismo foro, los máximos representantes de las patronales del sector también han puesto el foco en la situación de las concesiones en España. Tanto el presidente de la patronal de las empresas concesionarias (Seopan), Julián Núñez, como la presidenta de las constructoras independientes (Anci), Concha Santos, han coincidido en lamentar la reducida actividad concesional que se registra actualmente en el país. Ambos han atribuido esta situación a la ley de desindexación que se aprobó en el año 2015, una norma que, según su opinión, ha tenido un efecto paralizante sobre la licitación y la ejecución de grandes proyectos de infraestructura bajo el modelo de colaboración público-privada. Santos y Núñez han coincidido en que, sin un marco normativo adecuado, el sector privado muestra poco interés en participar en proyectos de largo plazo por la incertidumbre sobre la rentabilidad de las inversiones.
La ley de desindexación del 2015
Concha Santos ha explicado que la situación ideal sería derogar esta ley, que se aprobó en un contexto de profunda crisis económica. Según su razonamiento, las circunstancias actuales han cambiado de manera radical respecto a aquellos años difíciles, por lo que mantener este marco normativo ya no tiene sentido. La presidenta de Anci ha recordado que la ley de desindexación nació con el objetivo de contener el gasto público en un momento de fuertes restricciones presupuestarias, pero que ahora, con un crecimiento económico sostenido y unas necesidades de inversión acumuladas, el texto legal se ha convertido en un obstáculo injustificado. Por su parte, Julián Núñez ha añadido que resulta fundamental disponer de una regulación que permita impulsar este modelo concesional, que considera necesario para el desarrollo del país.
El presidente de Seopan ha detallado que solo el 4% del total de la contratación pública registrada durante el año 2024 correspondía a concesiones, un porcentaje que considera insuficiente para atender las necesidades de inversión en infraestructuras. Núñez ha argumentado que esta cifra contrasta con la de otros países de nuestro entorno, donde el modelo concesional tiene un peso mucho mayor en el conjunto de la contratación pública. Según su opinión, si el Estado quiere mantener su red de carreteras en condiciones óptimas y reducir la brecha de inversión acumulada respecto a otras economías europeas, debe impulsar un cambio de paradigma que pase por la derogación de la ley de desindexación y por la aprobación de un nuevo marco normativo que dé seguridad jurídica a los inversores. Mientras esto no suceda, ha advertido, el sector de las concesiones continuará infrautilizado y las carreteras sufrirán las consecuencias de una falta crónica de financiación.