Uno de los proyectos que se ha quedado en el cajón con el adelanto de las elecciones generales es la reforma de las prestaciones de desempleo asistenciales incluida en el Componente 23 (mercado de trabajo) del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). El Ministerio de Trabajo, que dirige la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz, se comprometió con Bruselas a reformar estas ayudas que abona el Sistema Público de Empleo (SEPE) a los trabajadores que no tienen derecho a una prestación contributiva de desempleo. Se trata de un subsidio que actualmente supone 480 euros al mes y que llega a unas 823.400 personas -una gran mayoría parados de larga duración- al mes en sus distintas variantes, con un coste algo superior a los 7.300 millones de euros al año, según el presupuesto del SEPE de 2023. De las 11 reformas incluidas en el Componente 23 que correspondían al Ministerio de Trabajo, esta es la única que no ha sido aprobada en la Legislatura.

Fuentes de los agentes sociales confirman a ON ECONOMIA que no han llegado a manejar ningún borrador de la norma, aunque llevaban meses a la espera de empezar a negociar. De hecho, públicamente se dijo desde el departamento de Díaz que el borrador vería la luz el pasado mes de mayo. En el Ministerio de Trabajo señalan que ya tenían un texto listo que no llegó a contar con el acuerdo dentro del Gobierno, pues según las fuentes consultadas estaba en proceso de discusión con otros ministerios. Pero, finalmente, se ha quedado en el tintero y no ha llegado a entrar en Consejos de Ministros. Valga como curiosidad que en el documento remitido a Bruselas, el Ministerio de Trabajo matizaba: “No se esperan dificultades” y marcaba 2022 para cumplir con el hito.

La Reforma 10 del Componente 23 -simplificación y mejora del nivel asistencial de desempleo- era, según las fuentes del Ministerio de Trabajo consultadas, un ambicioso proyecto que pretendía cubrir las carencias que tiene al actual modelo que deja fuera a ciertos colectivos y simplificar los trámites para reducir al máximo las denegaciones por errores de forma. Además de aumentar el número de beneficiarios, las mismas fuentes señalan que el objetivo era elevar la duración de la prestación, actualmente en 21 meses, hasta los 30 meses. Sin embargo, lo que no se tenía previsto, según reconocen en Trabajo, era incrementar la cuantía de la prestación que está fijada por ley en el 80% del IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples) que se actualiza anualmente en los Presupuestos Generales del Estado. En 2023, el IPREM se ha elevado a 600 euros, lo que ha permitido que la prestación asistencial creciese de los 463,21 euros del pasado año a 480 euros mensuales para 2023. No obstante, la cifra puede variar en función de hijos a cargo y tiempo cotizado al desempleo.

Unificar varias prestaciones actuales

El Ministerio de Trabajo se comprometió ante Bruselas a unificar el subsidio de desempleo regulado en la Ley General de Seguridad Social y los programas de Renta Activa de Inserción (RAI) y Subsidio Extraordinario por Desempleo (SED), integrándolos en una nueva prestación, complementaria de la protección contributiva, que proteja la situación de transición al empleo. En conjunto, estas prestaciones asistenciales abonadas por el Ministerio de Trabajo a través del SEPE cubren 823.387 beneficiarios (media de abril). Se quedaría fuera de la reforma la pata de las prestaciones ligadas al sector agrario -renta agraria y el subsidio agrario, exclusivos para las comunidades de Andalucía y Extremadura-, con otras 153.681 personas amparadas. Tanto las prestaciones asistenciales como las agrarias vienen reduciéndose en los últimos años, con un bache en 2020 y 2021 con motivo del covid.

La prestación asistencial de desempleo es una de las tres grandes patas de ayudas para combatir la pobreza, junto con el Ingreso Mínimo Vital -que abona el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social- y las Rentas Mínimas -de las comunidades autónomas-, que están siendo absorbidas por el IMV. Pero a diferencia de estas dos, la asistencial que abona el SEPE exige que el aspirante haya cotizado previamente por desempleo, bien como autónomo, bien como asalariado. Por este motivo, el proyecto comprometido con Bruselas plantea la coordinación con el ingreso mínimo vital y ha de estar ligado a itinerarios de inclusión y como requisitos de acceso y mantenimiento, el Ministerio de Trabajo exigía la acreditación de carencia de rentas individuales y, en algunos casos, responsabilidades familiares y el compromiso y cumplimiento de un itinerario personalizado de empleo ante el servicio público de empleo competente.

Según la información remitida a Bruselas, la duración del subsidio dependerá de la edad, circunstancias familiares y la duración de la prestación contributiva agotada con el objetivo de ampliar el periodo máximo actual del subsidio ordinario, incorporando las prórrogas de los subsidios extraordinarios aún vigentes. Por tanto, en la jerarquía de las ayudas públicas, cuando una persona se queda sin empleo, primero tiene derecho a cobrar la prestación contributiva -siempre que haya cumplimentado los periodos mínimos exigidos de doce meses cotizados- con un máximo de 24 meses de paro. Una vez agotado este periodo, podrá solicitar al SEPE una prestación asistencial de desempleo (que sigue pendiente de reforma) y tras acabar este derecho, que podría elevarse a 30 meses, deberá saltar al Ingreso Mínimo Vital o, dependiendo de las comunidades autónomas, a las rentas mínimas de inserción.

En la actualidad el nivel asistencial está conformado por diferentes modalidades de prestaciones asistenciales, con el subsidio extraordinario por desempleo (SED) como el mayoritario (723.798 beneficiaros en abril), con varias submodalidades en función del motivo de solicitud: agotamiento de la prestación contributiva con o sin responsabilidad familiar; cotización insuficiente para obtener una prestación contributiva; revisión del expediente de invalidez; prestación especial para mayores de 52 años (los autónomos aspiran a que se les incluya); emigrante retronado; liberado de prisión; prórroga de subsidio; reanudación; y compatibilidad con un trabajo a tiempo parcial. Además del subsidio extraordinario está la prestación de Renta Activa de Inserción (RAI) y quedan fuera de la reforma las dos modalidades de prestaciones para trabajadores agrarios.