El Ministerio de Trabajo ha convocado para este jueves a la comisión asesora del Salario Mínimo Interprofesional. El encuentro llega con un calendario ajustado: el Gobierno quiere tener lista la propuesta de aumento para 2027 antes de que se celebren las elecciones generales del 29 de noviembre. La convocatoria no es un trámite cualquiera. Se trata del pistoletazo de salida formal de un proceso que habitualmente se alarga semanas o meses, y que este año el departamento que dirige Yolanda Díaz intenta comprimir al máximo para que la subida quede aprobada durante la legislatura actual, antes de que se constituya el nuevo Congreso. La ministra ya había expresado en diversas ocasiones la voluntad de elevar el SMI antes de que acabe el mandato. Esta semana, su equipo ha decidido pasar de las palabras a los hechos y activar la maquinaria administrativa a pesar del contexto electoral.
El órgano que se reúne el jueves tiene un carácter técnico y consultivo. Su función es elaborar un informe con una horquilla orientativa de incremento, que después servirá de base para la negociación con los agentes sociales. Forman parte de él representantes de los ministerios de Trabajo, Economía y Hacienda, así como técnicos de CCOO y UGT. La patronal CEOE también participó en su momento, pero hace tiempo que decidió desvincularse.
Una vez que el informe esté sobre la mesa, se abrirá la negociación propiamente dicha con sindicatos y organizaciones empresariales. El texto final que de él salga deberá recibir el visto bueno del Consejo de Ministros, que es quien tiene la última palabra. El Congreso no interviene en este procedimiento: la subida se materializa mediante un real decreto y no necesita votación parlamentaria. Esta particularidad es la que permite al Gobierno aprobar el aumento incluso en periodo de campaña o con el ejecutivo en funciones, siempre que lo haga antes de la constitución de las nuevas cámaras.
Los números actuales
La referencia de partida es la subida aprobada el 17 de febrero de 2026, con efectos retroactivos desde el 1 de enero. Aquel incremento del 3,1% situó el SMI en 1.221 euros mensuales en catorce pagas, es decir, 17.094 euros anuales. En términos absolutos, representó 37 euros más al mes respecto a los 1.184 euros anteriores. Si se mira la serie histórica, el salto es notable. En el año 2018, cuando Pedro Sánchez llegó a la Moncloa, el salario mínimo era de 736 euros. Ocho años después, la cifra se ha encaramado hasta los 1.221 euros, lo que supone un incremento acumulado de aproximadamente el 66%. En el mismo periodo, los precios han subido alrededor del 23%, de modo que el poder de compra de los trabajadores que cobran el mínimo ha ganado terreno.
Por horas, la referencia para las trabajadoras del hogar se sitúa en 9,55 euros. El motivo que explica las prisas no es solo político. El dato del IPC de septiembre, que marcó un 4,9% interanual, ha encendido todas las alarmas. Se trata del nivel más alto de los últimos años y supone una presión directa sobre las rentas más bajas.
Desde el Ministerio se ha repetido hasta la extenuación que hay que adaptar el SMI a la escalada de precios para evitar que los perceptores pierdan capacidad de compra. Es una reivindicación que los sindicatos arrastran desde hace meses y que ahora ha encontrado eco en el seno del ejecutivo. CCOO y UGT no se conforman con una actualización simbólica. El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha situado el umbral mínimo aceptable por encima del 5%. Otras voces sindicales hablan abiertamente de tener que recuperar el terreno perdido durante los meses de repunte inflacionario.