La Comisión Europea ha publicado un conjunto de recomendaciones dirigidas a los estados miembros para combatir la crisis de vivienda que afecta a la Unión Europea. El documento, que acompaña la Ley de Vivienda Asequible aprobada por el ejecutivo comunitario, propone medidas para aumentar la oferta de pisos y aprovechar mejor el parque inmobiliario existente. Bruselas insta a los gobiernos a adoptar planes de aceleración de la vivienda en zonas tensionadas. Estos planes, que deberían adaptarse a las necesidades de cada territorio y basarse en datos sobre la oferta, la demanda y las carencias de vivienda, deben priorizar los permisos para la construcción de vivienda social y asequible, acelerar los permisos de renovación y establecer plazos máximos de 60 días para los proyectos sencillos.
El ejecutivo comunitario recomienda a los gobiernos europeos implementar medidas que permitan acelerar la construcción y la renovación de viviendas, como digitalizar los procesos de autorización, simplificar los procedimientos para resolver recursos y favorecer la construcción prefabricada, modular y fuera de la obra tradicional para reducir costes y plazos. La Comisión también pide aumentar el peso de la vivienda por debajo del precio de mercado, especialmente en zonas con estrés residencial. Para ello, plantea fijar objetivos locales de construcción de vivienda asequible y social, reservar suelo específico, permitir más densidad urbanística y revisar los sistemas fiscales para favorecer a estos operadores. Además, recomienda facilitar la rehabilitación y transformación de edificios en viviendas, incentivar fiscalmente el uso residencial de los pisos vacíos e impulsar el mercado del alquiler y el alquiler de habitaciones para jóvenes.
Límites a la reventa de viviendas
El documento de recomendaciones también aborda el aumento del precio del suelo, uno de los factores que contribuyen a encarecer la vivienda. Bruselas defiende que las administraciones tengan más capacidad para adquirir, gestionar y poner suelo a disposición para construir vivienda. Entre las herramientas que propone se encuentra que las autoridades compren suelo y edificios públicos o privados, que se creen agencias públicas de suelo o bancos de suelo, o que se limite la reventa de viviendas, ya sea restringiendo los beneficios de la venta o estableciendo mecanismos de recompra obligatoria. Bruselas también recomienda combinar financiación pública y privada para acelerar la construcción y renovación de viviendas. Según datos de la Comisión Europea, se necesitan 150.000 millones de euros adicionales anuales para cubrir las necesidades de vivienda durante la próxima década.
La Ley de Vivienda Asequible, que se ha presentado junto con las recomendaciones, establece un marco jurídico para definir dónde y bajo qué circunstancias las autoridades locales, regionales y nacionales pueden aplicar medidas para restringir el alquiler temporal y la compra o el uso de viviendas que no sean la residencia habitual. Bruselas admite que, en zonas tensionadas, limitar el uso de las viviendas como residencias no principales puede aliviar la presión a corto plazo, pero considera que esto no resuelve el problema de fondo, motivo por el cual ha publicado el documento de recomendaciones que apuesta por aumentar la oferta.
El paquete de medidas propuestas por Bruselas responde a la situación crítica de la vivienda en muchos países de la Unión Europea, donde el encarecimiento de los precios y la falta de oferta han dificultado el acceso a una vivienda digna para una parte creciente de la población. Las recomendaciones de la Comisión no son vinculantes, pero establecen una hoja de ruta para los estados miembros que quieran abordar la crisis de la vivienda desde una perspectiva europea.
La implementación de las medidas dependerá de la voluntad política de cada gobierno, pero Bruselas ha dejado claro que seguirá de cerca la evolución de la situación y podría proponer medidas más contundentes si los estados no actúan. La crisis de la vivienda es uno de los principales retos sociales de la Unión Europea, y la Comisión ha puesto el foco en la necesidad de actuar con urgencia para garantizar el acceso a una vivienda asequible para todos los ciudadanos.