La presión inmobiliaria en las grandes ciudades no solo afecta a los ciudadanos en general, sino que se ha convertido en un auténtico tapón estructural para la movilidad y la promoción interna de los trabajadores públicos. Esta es la conclusión principal del estudio Perspectiva y Retos del Empleado Público en España, elaborado por Supera Oposiciones. El informe, basado en una encuesta a 400 funcionarios estatales, revela que un 31,5% de los empleados públicos admite haber rechazado o aplazado una plaza o un ascenso por la imposibilidad de asumir el coste de la vivienda en el destino asignado. Esta circunstancia pone de manifiesto una paradoja: la voluntad de promocionar choca con la realidad financiera de los trabajadores públicos.

El estudio indica que, aunque casi la mitad de los empleados públicos (un 48,8%) está dispuesta a trasladarse fuera de su demarcación para acelerar su carrera profesional, las condiciones económicas lo impiden. Un 23,8% adicional asegura que el coste de la vida condiciona totalmente cualquier decisión que implique un cambio de residencia. Esta situación ha llevado al 43,5% de los funcionarios a condicionar su promoción a un incremento salarial o a un incentivo específico que compense directamente el coste de la vivienda en la ciudad de destino. La cuestión económica, por tanto, se ha convertido en un elemento central en las decisiones profesionales de los trabajadores públicos.

El éxodo hacia la periferia

Ante el encarecimiento de la vivienda en las grandes urbes, los empleados públicos están buscando alternativas en la periferia y en las demarcaciones medianas. El estudio revela que, para el 56% de los trabajadores públicos, la posibilidad de volver a su lugar de origen o de trasladarse a entornos menos masificados es el factor determinante a la hora de elegir una plaza. Esta tendencia, que se ha ido consolidando en los últimos años, refleja la búsqueda de una mejor calidad de vida y de un coste de vida más ajustado.

Este anhelo de retorno a los orígenes o de traslado a zonas menos congestionadas se alinea con el apoyo mayoritario (73%) a la creación de sedes estatales fuera de la capital, una medida que los empleados públicos valoran como altamente eficaz para atraer y retener talento cualificado en todas las regiones. La descentralización de la administración se percibe, por tanto, como una herramienta para vertebrar el país y para ofrecer oportunidades profesionales en diferentes territorios. El estudio pone de manifiesto que la creación de sedes fuera de las grandes capitales es una medida que incluye el apoyo de la mayoría de los funcionarios.

La descentralización del Estado, sin embargo, ya no depende exclusivamente de los traslados físicos. La transformación digital y el teletrabajo están actuando como grandes catalizadores del cambio. El estudio señala que el 52,5% de los empleados públicos considera que la digitalización y el teletrabajo están reduciendo con éxito la histórica brecha de oportunidades entre los servicios centrales y las delegaciones. Esta percepción indica que las nuevas tecnologías están permitiendo a los trabajadores públicos trabajar desde cualquier lugar, sin necesidad de desplazarse a las grandes capitales.

El responsable de Supera Oposiciones, Jesús Polvorinos, ha destacado que los datos del estudio no se deben leer en clave de crisis, sino como una gran oportunidad de transformación para la administración. Según Polvorinos, el Estado ofrece un capital humano extraordinario y con una voluntad innegable de crecer profesionalmente, pero el contexto inmobiliario actual exige actualizar las reglas del juego. La descentralización de sedes estatales y el impulso decidido al teletrabajo son, a su parecer, las palancas que permitirán democratizar el talento. Su conclusión es que adaptar las condiciones al coste de vida real de cada territorio es el camino para que el progreso profesional y una calidad de vida sostenible vayan juntos.