La asociación de distribuidoras, autoservicios y supermercados, conocida por sus siglas Asedas, ha cuantificado por primera vez el efecto que el incremento del precio del gasóleo tiene sobre las cuentas de los grandes operadores de la distribución alimentaria en España. Según las estimaciones elaboradas por la patronal, que integra entre sus asociados cadenas como Mercadona, Lidl, AhorraMas y Aldi, el impacto acumulado desde el mes de marzo hasta la actualidad asciende a 51 millones de euros. Esta cifra, que continúa actualizándose a medida que transcurren las semanas, pone de manifiesto la presión que el mercado energético ejerce sobre una actividad económica especialmente dependiente del transporte por carretera.

La patronal ha querido precisar que este sobrecoste se ha generado a pesar de contabilizar la ayuda de 20 céntimos de euro por litro que el Gobierno aplica a los transportistas profesionales para mitigar el encarecimiento del combustible. A pesar de esta bonificación, el importe total no ha dejado de incrementarse desde el inicio de la escalada bélica en Oriente Medio, un conflicto que ha alterado las rutas comerciales y ha disparado la volatilidad de los mercados energéticos globales. La asociación advierte que, si la tendencia al alza del precio del gasóleo se mantiene, el impacto continuará creciendo en los próximos meses y dificultará aún más el equilibrio financiero de un sector que trabaja con márgenes tradicionalmente ajustados.

La distribución alimentaria vuelve a ejercer de contención de precios

Ante este escenario, Asedas ha destacado que las empresas del sector están realizando un nuevo ejercicio de moderación de los precios finales, con el objetivo de no trasladar íntegramente el encarecimiento logístico a los hogares. Esta contención se está aplicando con especial intensidad en los productos de primera necesidad, como el azúcar, los huevos o el pan, que constituyen la base de la cesta de la compra de las familias con menos recursos. La patronal subraya que este comportamiento responde a una estrategia consciente para aliviar el gasto doméstico en un contexto de inflación subyacente todavía elevada y de pérdida de poder adquisitivo de una parte de la población.

Los datos oficiales avalan esta lectura. Según el Índice de Precios de Consumo correspondiente al mes de abril, los alimentos presentan variaciones mensuales que oscilan entre el cero, cifras cercanas al cero e incluso valores negativos. Esta evolución se refleja a la baja en el componente de alimentos del IPC general, que ha pasado del 2,7% al 2,6% entre los meses de marzo y abril. La patronal interpreta esta leve, pero significativa moderación como un indicio del esfuerzo realizado por la distribución para absorber parte de los incrementos de costes que afectan a toda la cadena de valor, desde el campo hasta el estante de la tienda.

Un sector atomizado que favorece la competencia

Los representantes de los supermercados y mayoristas estatales han reiterado en diversas ocasiones que el sector se encuentra inmerso en un "esfuerzo continuo" para mantener los precios de la alimentación en los niveles más bajos posibles. Este compromiso no es nuevo, pero adquiere una relevancia especial en momentos de tensiones inflacionistas como el actual. Según señalan las fuentes de la distribución, la estructura competitiva del sector es un factor fundamental que contribuye de manera decisiva a la moderación de los precios finales. A diferencia de otros mercados más concentrados, en el Estado hay más de 200 operadores, una cifra que garantiza una rivalidad intensa entre cadenas, marcas blancas y establecimientos de proximidad.

Esta atomización de la oferta implica que ningún operador puede elevar los precios de manera unilateral sin perder cuota de mercado en favor de los competidores. La patronal defiende que esta presión competitiva actúa como un mecanismo de regulación natural que beneficia directamente a los consumidores, especialmente en segmentos como el de los productos básicos, donde la sensibilidad al precio es máxima. En este sentido, Asedas insiste en que, a pesar de los incrementos de costes logísticos derivados del encarecimiento del gasoil, el sector continuará haciendo todo lo posible para evitar que las familias soporten el impacto íntegro de una situación que consideran coyuntural pero de difícil gestión a corto plazo.