Un mes y medio después de entrar en vigor el Índice de Precios de Referencia del alquiler, Catalunya ha sido la única comunidad autónoma que ha declarado zonas de mercado residencial tensionado, mientras que en el resto de España solo 12 municipios ha solicitado esta declaración, que se niegan a activar las comunidades gobernadas por el PP. Alcorcón, Fuenlabrada, Getafe, Parla y Ciempozuelos (Comunidad de Madrid); Rentería (País Vasco); Las Palmas de Gran Canaria, Adeje, Granadilla de Abona y La Orotava (Canarias); Gijón (Asturias) y La Coruña (Galicia) son las poblaciones que hasta el momento la han pedido oficialmente.
Ninguna de ellas la ha obtenido, ya que el PP, el PNV y Coalición Canaria, los partidos que gobiernan esas comunidades -y que votaron en contra de la ley de vivienda- rechazan la política de intervenir en los precios, según EFE.
¿Qué es una zona tensionada?
La declaración de zona tensionada, que solo pueden efectuar las comunidades autónomas, permite a los ayuntamientos establecer restricciones a los aumentos del alquiler y limitar las rentas de los grandes propietarios a lo que marca el Índice de Precios de Referencia. El requisito para que una población pueda ser declarada zona tensionada es que el coste medio de la hipoteca o el alquiler más los gastos y suministros básicos supere el 30% de la renta media de los hogares o que el precio de compra o alquiler haya aumentado al menos tres puntos por encima del IPC en los cinco años anteriores.
Catalunya es la única comunidad que ha habilitado la medida
Según datos del sector, la Comunidad de Madrid, Catalunya, el País Vasco, Baleares y la Comunidad Valenciana son las comunidades con mayor número de zonas de mercado tensionado, pero solo el gobierno catalán ha habilitado este instrumento. De hecho, a los tres meses de aprobarse la Ley por el Derecho a la Vivienda, el Govern declaró 140 municipios, en los que reside el 80% de la población catalana, como zonas de mercado residencial tensionado y ahora ha iniciado los trámites para añadir otros 131, lo que abarca al 90% de la población.
En el resto de España, el PP se niega a hacerlo y, aunque gobierna en 11 de las diecisiete comunidades españolas, es en Madrid -a la cabeza de las comunidades que superaron sus precios máximos en marzo-, donde lidera el conflicto político con los ayuntamientos socialistas por este asunto. Los alcaldes de Alcorcón, Getafe, Fuenlabrada, Coslada, Parla y Ciempozuelos, que suman casi un millón de habitantes, quieren que sus ciudades sean declaradas zonas tensionadas, pero el gobierno de Isabel Díaz Ayuso no lo permite, por lo que los regidores del PSOE llevarán a la Asamblea regional una iniciativa legislativa municipal.
Sumar insta a reformar la ley de vivienda
Para resolver esta situación, Sumar ha registrado una proposición no de ley en el Congreso que insta al Gobierno a reformar la ley de vivienda para establecer que los "entes locales puedan instar subsidiariamente la declaración cuando se cumplan los requisitos y la comunidad autónoma no lo haya declarado pasados seis meses de la petición". Los socialistas, que durante la negociación de la ley de vivienda con Podemos la pasada legislatura descartaron esa opción, se mostraban entonces confiados en que la presión de sus votantes llevaría al PP a cambiar de opinión.