Las cifras del Observatorio de Trabajo y Modelo Productivo para 2025 dibujan un panorama grave sobre las condiciones de seguridad en los puestos de trabajo en Catalunya. El año pasado se registraron 109 muertes laborales, una cifra que, más allá de la estadística, representa un hecho de dimensiones colectivas y una regresión en los esfuerzos por preservar la vida de los trabajadores y trabajadoras. Este registro supone un incremento del 23,8% respecto a 2024 y convierte 2025 en el año más trágico desde 2011, cuando murieron 113 personas. Solo en cinco ocasiones desde 2010 se había cruzado el umbral simbólico y doloroso del centenar de víctimas mortales. De este total, 85 personas perdieron la vida durante la misma jornada laboral, un sangriento repunte del 28,7%, mientras que 24 lo hicieron *in itinere*, en los trayectos hacia el trabajo o de vuelta a casa, un 9% más que el año precedente.
Si nos fijamos exclusivamente en las muertes en horario de trabajo, nos encontramos con la cifra más elevada de los últimos dieciséis años, solo superada por los 107 casos de 2009. La inmensa mayoría, 81, fueron hombres, un colectivo que ve cómo sus defunciones se incrementan un preocupante 37,2%. La mortalidad entre las mujeres trabajadoras, en cambio, experimentó un descenso del 42,8%, con cuatro casos registrados. La distribución territorial de estos hechos revela una concentración muy significativa en la demarcación de Barcelona, que con 55 muertes acapara casi dos tercios del total (el 65%). Detrás de ella, con cifras mucho más modestas, pero igualmente dramáticas, se sitúan las demarcaciones de Lleida (11 muertes), Girona (10) y Tarragona (9), siendo esta última la única que ha registrado una ligera mejora, con dos decesos menos que el año anterior.
La construcción emerge como punto crítico
El análisis por sectores económicos muestra un cambio de huella relevante. Tradicionalmente, el sector servicios había concentrado la mayor parte de la mortalidad, pero en 2025, aunque sigue siendo el que tiene más víctimas absolutas (43), su peso relativo ha caído por debajo del 50%, alejándose del 60% del año anterior. El hueco lo ha llenado, de manera trágica, la construcción. Este sector dio un salto cuántico en riesgo, pasando de suponer un 15% del total de muertes laborales a prácticamente un 30%, con 24 vidas perdidas. Este repunte coloca la construcción en el punto de mira absoluto de las políticas de prevención. La industria, por su parte, registró 16 muertes, y la agricultura, 2. En cuanto a las causas, los fallecimientos por accidentes traumáticos durante la jornada crecieron un impactante 69,3%, hasta 44 casos. Las muertes no traumáticas, a menudo ligadas a esfuerzos extremos, estrés térmico o patologías cardio-cerebrovasculares agudas, también repuntaron un 20,6%, hasta 35. En cambio, las muertes relacionadas directamente con el tráfico durante el trabajo fueron 6, cinco menos que el año anterior.
Fuentes del departamento de Empresa i Treball de la Generalitat han calificado las cifras de "muy preocupantes y de inaceptables", enfatizando que detrás de cada número hay "personas con nombres y apellidos". Desde la consejería han garantizado "la lucha contra la siniestralidad" y han anunciado que se "intensificarán" las medidas del plan de choque, con más asesoramiento, formación y prevención, especialmente en los sectores de mayor riesgo. Han afirmado que "es una prioridad de la Generalitat" y no han descartado "utilizar la vía sancionadora" mediante la Inspección de Trabajo si procede. El foco, han señalado, está puesto especialmente en la construcción, donde "la mayoría de los fallecidos están relacionados con caídas". Por ello, han detallado que desde octubre está en marcha un programa de visitas de técnicos del Institut Català de Seguretat i Salut Laboral a las obras, con el objetivo de analizar unas 200 durante 2026.
Desde una perspectiva sindical, UGT ha emitido un duro comunicado donde afirma que estos datos "no son fruto de la casualidad". El sindicato las vincula directamente a "factores estructurales" como "la precariedad laboral, la subcontratación en cadena, la falta de inversión real en prevención y el incumplimiento reiterado de la normativa de seguridad por parte de algunas empresas". UGT exige "más recursos para la Inspección de Trabajo, sanciones ejemplares" y "una prevención real" en los centros de trabajo. Además, el sindicato ha puesto sobre la mesa un debate de fondo: la ley de prevención de riesgos laborales data de 1995 y, en su opinión, "no se adapta" a la realidad laboral actual. Por ello, reclama una nueva regulación y acusa a la patronal de bloquear "de forma injustificada" esta actualización desde hace más de un año y medio.
Esta reivindicación apunta al corazón del problema: la necesidad de un marco normativo más fuerte y adaptado a los nuevos tiempos para proteger, de manera efectiva, la vida de los trabajadores en un mundo laboral en constante transformación. Las cifras de 2025 son, en definitiva, una campana de alarma que resuena con fuerza. Interpelan la eficiencia de las políticas de prevención, cuestionan los modelos de organización del trabajo y exigen una movilización colectiva urgente para revertir una tendencia que, en caso de no detenerse, continuará segando vidas y dejando un rastro de dolor en cientos de familias y comunidades laborales.