Barcelona se consolida como la ciudad donde el acceso a la vivienda de alquiler requiere el mayor esfuerzo económico de todo el Estado, situándose en un 46% de los ingresos netos familiares medios. Esta cifra, que supera de forma muy notable el umbral del 30% recomendado por los expertos, pone de manifiesto la crítica tensión del mercado residencial en la capital catalana. La información se extrae del análisis trimestral realizado por Idealista con datos del último trimestre de 2025, un estudio que revela una realidad socioeconómica ampliamente extendida: el esfuerzo para alquilar (un 38% de media estatal) supera de manera generalizada el esfuerzo para comprar (26%), una inversión de la tendencia tradicional que refleja la grave escasez de oferta en el sector del alquiler y la consecuente espiral ascendente de los precios. Esta situación no solo compromete la capacidad de acceso a una vivienda digna, sino que también ejerce una presión adicional sobre la inflación y restringe la movilidad laboral y de la población.
Esta dinámica no es exclusiva de Barcelona, pero sí que adopta en ella las dimensiones más extremas. El mercado de alquiler exige a los ciudadanos un esfuerzo superior al recomendado en doce capitales de provincia, ilustrando un fenómeno geográficamente concentrado pero de gran impacto. Detrás de Barcelona, se sitúan Palma con un 43%, Málaga con un 41%, y Valencia y Madrid, ambas con un 40%. La lista la continúan Segovia y Alicante (38%), Las Palmas de Gran Canaria (35%), Santa Cruz de Tenerife (34%), Bilbao (33%), y finalmente San Sebastián y Sevilla, ambas con un 31%. En el extremo opuesto, las capitales con una presión más moderada incluyen Ciudad Real (18%), Jaén (19%) y Palencia (20%), entre otras, mostrando una clara división territorial entre grandes focos urbanos y turísticos y el interior peninsular.
El análisis por provincias ofrece una perspectiva aún más acentuada en algunas zonas turísticas y metropolitanas. La provincia de Málaga lidera esta lista con una tasa de esfuerzo que alcanza el 52% de los ingresos familiares, seguida por las Islas Baleares (46%), la provincia de Barcelona (42%), Santa Cruz de Tenerife (40%), la Comunidad de Madrid (38%), y las provincias de Las Palmas y Valencia (37% cada una). Estos datos provinciales sugieren que la presión se difunde más allá de los núcleos capitales, afectando a áreas metropolitanas y zonas costeras de gran demanda vacacional o residencial.
El contexto del resto del Estado
En cuanto a la adquisición de vivienda, el esfuerzo económico requerido es, en términos generales, inferior al del alquiler. No obstante, este patrón presenta excepciones notables en ciudades como San Sebastián y Palma, donde comprar resulta más exigente que alquilar, un hecho atípico que puede responder a mercados inmobiliarios muy específicos y tensionados. En el conjunto del Estado, solo cinco capitales presentan tasas de esfuerzo para la compra que superan el umbral del 30% de recomendación: Palma (46%), Málaga y San Sebastián (con un 37% cada una), Madrid (33%) y Barcelona, que con un 30% se encuentra justo en este límite.
Esta cifra para Barcelona contrasta con el 46% necesario para el alquiler, marcando una diferencia significativa entre ambas opciones de acceso a la vivienda en la ciudad, aunque la compra continúa siendo una barrera económica de primer orden. A escala provincial, el mayor esfuerzo para comprar se concentra en las Baleares (46%) y Málaga (46%), mientras que en la provincia de Barcelona la tasa se reduce hasta el 20%, indicando quizás una mayor accesibilidad a la propiedad en municipios de la corona metropolitana.
El informe concluye que la causa fundamental de estas cifras es estructural: la insuficiente oferta de vivienda, tanto en venta como especialmente para alquilar, en un contexto de demanda sostenida. Esta descompensación actúa como el motor principal del aumento de los precios, obligando a las economías familiares a destinar una porción creciente de sus ingresos al gasto de vivienda. Las consecuencias económicas y sociales de esta dinámica son profundas.
Se reduce la capacidad de ahorro de los hogares, se limita el consumo en otros sectores, se dificulta la emancipación juvenil y se acentúan las desigualdades territoriales y generacionales. La situación descrita pone de relieve la urgencia de políticas públicas integrales que aborden la escasez de la oferta desde múltiples frentes. Estas podrían incluir incentivos para la construcción de vivienda en régimen de protección, regulaciones que favorezcan el alquiler de pisos vacíos, o medidas fiscales que equilibren los mercados. El objetivo debería ser aliviar la presión financiera sobre los hogares y garantizar que el acceso a la vivienda deje de ser un factor de riesgo para la cohesión social y la estabilidad económica de las principales áreas urbanas del país.