La Confederación Nacional de Pymes (Conpymes) ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo contra la asignación "a dedo" de subvenciones a CEOE y Cepyme para la digitalización del sector productivo. La agrupación de la pequeña y mediana empresa denuncia que, en el marco de las ayudas de los fondos europeos Next Generation, el Gobierno central ha asignado de forma directa y nominativa recursos públicos a CEOE y Cepyme, por importe de 15,3 millones de euros y 5,1 millones, respectivamente. “Estamos ante la asignación de importantes cantidades de dinero que deberían llegar en igualdad de condiciones a todas las empresas españolas", critica Conpymes.

Conpymes considera que la distribución de los fondos Next Generation “debe llevarse a cabo con mecanismos transparentes que garanticen el acceso en igualdad de condiciones de todas las organizaciones empresariales, máxime cuando el Ministerio de Trabajo y Economía Social reconoció la inexistencia de un sistema de acreditación de la representatividad empresarial al no existir desarrollo reglamentario”.

El recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo hace referencia al Real Decreto 1027/2022, de 20 de diciembre, promovido a instancias del Ministerio de Educación y Formación Profesional, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a interlocutores sociales para la digitalización del sector productivo, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia -Financiado por la Unión Europea- Next Generation EU. Este recurso se suma al que ya presentó la organización ante la Audiencia Nacional contra el Ministerio de Trabajo por su negativa a acreditar la representatividad de Conpymes "en igualdad de condiciones" que el resto de las organizaciones empresariales estatales.

En función de este, también ha tenido acceso a las ayudas europeas el sindicato UGT, pero en este caso, Conpymes argumenta que “las organizaciones sindicales sí gozan de mecanismos transparentes y regulados de reconocimiento de su representatividad”.

En este sentido, Conpymes defiende que solo podrían concederse estas ayudas a CEOE y Cepyme si se hubieran desarrollado mecanismos que garanticen su acceso a todas las organizaciones que puedan acreditar su representatividad. "Un Gobierno -añade la confederación en un comunicado- no puede actuar de una forma un día, reconociendo que no existe sistema para medir y determinar el grado de representatividad empresarial, y luego de otra, reconociendo una pseudo-representatividad a algunas organizaciones que a la postre gozan de una menor implantación".

El presidente de Conpymes, José María Torres, ha criticado una vez más "el monopolio de la representatividad" de CEOE y Cepyme en el ámbito empresarial, que se muestra en el acceso a las ayudas, pero también en el diálogo social, adoptando posiciones en favor de la gran empresa, y que deja de lado también a los autónomos. En definitiva, Conpymes recurre el decreto por considerar que “es contrario al interés público, que debería ser el de la vertebración en igualdad de condiciones a todas las organizaciones representativas, y también por considerarlo contrario a la Constitución y a las Leyes y derechos e intereses de las micro, pequeñas y medianas empresas españolas”.