Xavier Vilajoana, presidente de la asociación de promotores —tanto de APCE Catalunya como de APCE España—, reclama a las formaciones políticas un "pacto de Estado" o un "consenso" que vaya más allá de los periodos electorales para solucionar el problema de la falta de vivienda. Vilajoana ha lanzado esta propuesta dos días después de la convocatoria de elecciones generales, en presencia de Inés Sandoval, directora general de Vivienda del Gobierno español, en el marco del quinto Congreso Nacional de Vivienda que ha comenzado este miércoles en Barcelona.

Vilajoana ha subrayado que es un congreso "en positivo, para sumar", si bien, ante la risa de una parte del público, ha precisado que no se refería a la formación política sino a la operación aritmética. Ha indicado que la "prioridad" es que se llegue a las elecciones del 29 de noviembre con posiciones más cercanas en los partidos políticos. Por eso, pide que se alcance "un pacto de Estado o un consenso que vaya más allá del periodo electoral para solucionar el problema de la vivienda". "Que no se entre a la media parte de un partido para decirnos que se han cambiado las reglas". Ha criticado que se legisla en materia de vivienda con una "vorágine terrible".

También ha criticado que "demasiadas veces se legisla haciendo comparativas absurdas". En este sentido, ha indicado que "estamos cansados de escuchar el ejemplo de Singapur porque el suelo es público: hace 80 años que invierten en políticas de vivienda, diez veces más de lo que se ha hecho aquí".

Apuesta para que el sector privado y la administración "planteen qué hace falta, cómo se tienen que solucionar muchas de las disfunciones actuales del mercado. Si no, repetiremos las mismas cosas y no arreglaremos el acceso a la vivienda". Ha subrayado que "nadie tiene que pensar que en APCE no nos interesa la gente. Se utilizan situaciones dolorosas para hacer política", en alusión a situaciones como el reciente desahucio de Mari Carmen. Por eso, ha pedido "responsabilidad".

Se había anunciado la presencia de la ministra del ramo, Isabel Rodríguez, pero en su lugar ha intervenido Inés Sandoval, directora general de Vivienda y Suelo del Gobierno, que ha desgranado las medidas sociales de los dos decretos de vivienda aprobados en el Consejo de Ministros del martes. Ha destacado que el Plan de Vivienda ha supuesto "un salto cualitativo y cuantitativo", que destina el 40% de los recursos a la oferta. Ha recalcado que "cada euro público invertido tiene que seguir generando beneficio social con el paso de los años".

En sus turnos, Jordi Valls, cuarto teniente de alcaldía de Barcelona, ha concluido que "solo solucionaremos el problema si el sector público y el privado trabajamos juntos". Y Lídia Guillén, secretaria de Vivienda de la Generalitat, ha reconocido que el sector público y el privado deben "trabajar la confianza". Sin embargo, ha indicado que "la vivienda necesita una regulación porque es un bien esencial" y que trabajarán para hacer posible el aumento de la oferta garantizando los derechos de la ciudadanía.

El congreso de los promotores de toda España, que se está celebrando en Barcelona, ha comenzado al día siguiente de que el Consejo de Ministros aprobara los dos decretos ley que tumbó el pasado viernes el pleno del Congreso –con los votos de PP, Vox, UPN y Junts–, lo que precipitó el adelanto de las elecciones generales para el próximo 29 de noviembre. La principal novedad es una nueva línea de financiación del ICO de 10.000 millones de euros, destinada a la concesión de préstamos de hasta 50.000 euros sin intereses para las personas que adquieran la primera vivienda. Incluye a jóvenes, pero también a familias.

Con las Cortes disueltas por la convocatoria de las elecciones generales, la convalidación de estos dos reales decretos ya no pasará por el pleno del Congreso, sino por su Diputación Permanente, donde hay una mayoría diferente –Junts no está– que permite al gobierno español superar el trámite.

Los dos decretos incluyen 21 medidas, que van desde las desgravaciones a los inquilinos hasta los incentivos fiscales para los propietarios que alquilen a precios asequibles. También hay medidas para crear más oferta de vivienda –por ejemplo, 400 millones para los proveedores de vivienda social–, dar "estabilidad" a los inquilinos y "combatir" la especulación –limitando las compras de los llamados fondos buitre–.

La APCE siempre ha sostenido que la raíz del problema es el déficit de vivienda y que hay que poner más suelo y más promociones en el mercado. El pasado junio reclamó que las políticas se centraran en oferta, seguridad jurídica y fiscalidad que reduzca el coste de construir.