Malestar en la patronal española con Yolanda Díaz por pactar la reforma de la prestación de desempleo con lo sindicatos sin contar con su apoyo. Mediante un comunicado, las patronales CEOE y Cepyme, lideradas por Antonio Garamendi y Gerardo Cuerva, han vinculado las prisas de la vicepresidenta segunda del gobierno y ministra de Trabajo por cerrar el acuerdo de paro a las elecciones catalanas del próximo domingo.

Las patronales de Garamendi y Cuerva mantienen que “no se ha producido una verdadera negociación” sino “simplemente un proceso de consulta”. Recuerdan que, con posterioridad del rechazo de la anterior propuesta en el Congreso de los Diputados (con los votos en contra de PP, Vox y Podemos), no han recibido una nueva por parte del Ministerio de Trabajo hasta el pasado lunes al mediodía, cuando solo faltaba un día y medio para el acto de firma convocado para este miércoles.

Añaden que esta última propuesta carecía de memoria económica, algo de “especial gravedad en un momento en el que los Presupuestos Generales del Estado se encuentran prorrogados” y dado “el impacto económico de las medidas recogidas en el documento”.

Atribuyen la “premura” de la vicepresidenta del gobierno por firmar el documento este miércoles “más a una estrategia política ante las elecciones del próximo domingo que a la voluntad de alcanzar un acuerdo real”. No obstante, insisten en que siguen apoyando el diálogo social para alcanzar acuerdos.

Este miércoles, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, así como los secretarios generales de CC.OO, Pepe Álvarez, y UGT, Unai Sordo, han firmado "el acuerdo para la mejora de la protección asistencial de desempleo". Posteriormente, Díaz recalcó que "esto no es ninguna paguita, es un derecho".

Pepe Álvarez celebró que en el acuerdo se mantenga la sobrecotización para mayores de 52 años, punto de escollo que hizo decaer la anterior propuesta y que ahora se ha recuperado para sumar el apoyo de Podemos.

"Es una satisfacción llegar a este acuerdo", indicó Sordo, que hizo un llamamiento a las fuerzas políticas para que, esta vez, lo ratifiquen durante el proceso parlamentario.

Detalles del subsidio

Actualmente, cerca de 765.884 personas reciben este subsidio, cuya cuantía representa el 80% del indicador de rentas múltiples (IPREM) -fijado en 2023 en los 600 euros-, es decir, unos 480 euros mensuales y que se cobra cuando se agota la prestación contributiva.

Según informa Efe, la intención es que la norma vaya al Consejo de Ministros el próximo 20 de mayo para iniciar después la tramitación en las Cortes. Con carácter general, los cambios en estas prestaciones entrarían en vigor en noviembre de 2024.

Al detalle, la nueva propuesta eleva el porcentaje del IPREM para calcular el subsidio, ascendiendo en los primeros seis meses al 95% del IPREM (unos 570 euros mensuales, 90 euros más), bajando al 90% en los seis meses siguientes para situarse el resto del periodo, hasta completar un máximo de 30 meses, en el 80% como en la actualidad.

Junto a esto se mantiene la cotización por jubilación de los perceptores mayores de 52 años en el 125% de la base mínima vigente en cada momento aunque este subsidio queda en el 80% del IPREM.

Además, la propuesta permite el acceso al subsidio a los menores de 45 años sin responsabilidades familiares, a los trabajadores eventuales agrarios, a las personas trabajadoras transfronterizas de Ceuta y Melilla, y a quienes acrediten periodos cotizados inferiores a 6 meses y carezcan de responsabilidades familiares.

Como novedad se extiende el subsidio a las víctimas de violencia de género y a los emigrantes retornados y se equiparan las cuantías de los subsidios causados por personas con contrato a tiempo parcial con los de tiempo completo, lo que beneficia principalmente a las mujeres.

La reforma mantiene que se podrá percibir el subsidio mientras se trabaja por cuenta ajena, ya sea a tiempo completo o parcial, por un periodo máximo de 180 días sin reducción de la cuantía. Además se amplía esta compatibilidad del trabajo a la prestación contributiva a partir de 2025, una vez transcurrido el primer año del cobro de la prestación, siempre que el salario percibido no supere los 18.900 euros brutos anuales, el equivalente al 225 % del IPREM actual en 14 pagas. En ambos casos, este complemento será decreciente en el tiempo y disminuirá en función de la jornada de trabajo que se realice.