El Parlamento Europeo reclama reforzar el papel de los fondos comunitarios para hacer frente a la crisis de la vivienda, frenar el despoblamiento de las zonas rurales y mejorar los servicios públicos de los estados miembros. El texto ha salido adelante con el voto favorable de 601 eurodiputados, 20 en contra y 36 abstenciones. Esta amplia mayoría demuestra que la preocupación por el acceso a una vivienda digna y por la cohesión territorial trasciende las familias políticas y se ha instalado en el centro de la agenda europea. La propuesta estrella de la resolución es lo que los eurodiputados llaman el "derecho a quedarse". Se trata de blindar como principio central de la futura política de cohesión la posibilidad de que los ciudadanos puedan construir su proyecto vital en el lugar donde quieran, sin verse obligados a marcharse por falta de oportunidades.
Esta idea quiere dar la vuelta a la lógica que durante décadas ha empujado a mucha gente a abandonar pueblos y barrios porque no encontraba vivienda asequible, trabajo de calidad o servicios básicos. El texto se dirige directamente a la Comisión Europea y le exige que incorpore este principio al próximo presupuesto plurianual de la UE (2028-2034). La resolución no llega en un momento cualquiera. Los países, reunidos en el Consejo de la UE, están discutiendo precisamente el diseño del próximo presupuesto europeo, un texto que después deberá recibir el visto bueno de la Eurocámara. Por lo tanto, la toma de posición de los eurodiputados llega justo antes de que se cierren las negociaciones sobre los recursos comunitarios de los próximos años. Los parlamentarios quieren que los fondos de cohesión contribuyan a garantizar viviendas asequibles, empleo de calidad, transporte, asistencia sanitaria y otros servicios esenciales, y no solo a financiar grandes infraestructuras.
Más poder para los ayuntamientos y las regiones
Otro de los ejes de la resolución es la reclamación de que los ayuntamientos y las autoridades regionales tengan más voz a la hora de decidir dónde se destinan las inversiones europeas y de diseñar los programas que las vehiculan. Los eurodiputados consideran que las decisiones sobre los fondos no pueden tomarse exclusivamente desde Bruselas o desde los gobiernos estatales, sino que deben involucrar a las administraciones más cercanas al territorio. Para facilitar el acceso a los recursos, piden menos trabas administrativas y más apoyo técnico, especialmente para los municipios pequeños y medianos, que a menudo no disponen de la estructura necesaria para gestionar convocatorias complejas y acaban quedando fuera de los circuitos de financiación.
En materia de vivienda, la resolución apuesta por destinar recursos a ampliar la oferta asequible y sostenible, incluyendo los pisos públicos y sociales. También señala la rehabilitación de edificios, la regeneración urbana y la recuperación de inmuebles vacíos o abandonados como vías para responder a las necesidades residenciales. Esta triple estrategia busca atacar el problema desde varios frentes: aumentar la oferta, aprovechar el parque ya existente y mejorar la calidad de las viviendas, en lugar de limitarse a la construcción nueva, que a menudo topa con la falta de suelo disponible y con plazos muy largos.
La resolución también defiende que la política de cohesión comunitaria debería contribuir a preparar las ciudades ante el impacto del cambio climático. En este sentido, el Parlamento Europeo pide impulsar infraestructuras más resistentes a los episodios meteorológicos extremos y a las temperaturas elevadas, así como soluciones basadas en la naturaleza. Otro de los ámbitos que recoge el texto es la seguridad urbana: los eurodiputados defienden que los fondos europeos puedan financiar infraestructuras y sistemas para mejorar la preparación ante emergencias, de manera que las ciudades estén mejor equipadas para afrontar situaciones críticas.
Un turismo que no expulse a los residentes
En cuanto al turismo, la resolución apuesta por un modelo que favorezca las economías locales sin perjudicar la calidad de vida de los residentes. Las actuaciones, según el texto, deben tener en cuenta las particularidades de cada territorio y las competencias de las administraciones estatales, regionales y locales. Con esta formulación, la Eurocámara quiere evitar que el crecimiento turístico se haga a costa del bienestar de quien vive en los territorios más visitados, un debate especialmente vivo en ciudades como Barcelona, las Illes Balears o las Canarias, donde la presión turística ha alterado el mercado de la vivienda y la convivencia en los barrios.
En definitiva, la resolución aprobada este martes envía un mensaje claro a la Comisión Europea: los fondos de cohesión no pueden limitarse a financiar infraestructuras, sino que deben servir para garantizar que las personas puedan vivir donde quieren, con vivienda asequible, servicios públicos de calidad y oportunidades laborales. El hecho de que el texto haya contado con un apoyo tan amplio da fuerza a esta demanda de cara a las negociaciones del presupuesto 2028-2034, a pesar de que su naturaleza no vinculante hace que el resultado final dependa de la voluntad política de los estados miembros y de la propia Comisión. Habrá que ver, por tanto, si el "derecho a quedarse" se traduce en partidas presupuestarias concretas o si se queda en una declaración de buenas intenciones que no altera la realidad del mercado de la vivienda.