El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha hecho pública la resolución definitiva de una de las convocatorias de ayudas más esperadas del sector energético estatal. Se trata del programa de apoyo a proyectos de inversión en sistemas de almacenamiento energético, una pieza clave en el puzle de la transición energética. La respuesta de los inversores y desarrolladores ha sido contundente, hasta el punto de que el gobierno español ha tenido que ampliar en un 17% el presupuesto inicialmente previsto, pasando de los 700 millones de euros iniciales a una cifra final de 818,3 millones de euros.
Estos fondos, que tienen su origen en el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) para el periodo 2021-2027, se repartirán entre 126 proyectos de innovación tecnológica distribuidos por todo el Estado. Catalunya se sitúa como uno de los territorios receptores, con 9 iniciativas seleccionadas que ahora deberán materializarse antes del límite improrrogable del 31 de diciembre de 2029
La distribución territorial de los proyectos es un mapa de las estrategias energéticas regionales y de su potencial de integración de renovables. Andalucía, con una ambiciosa apuesta por la autosuficiencia energética, acapara la mayor parte de las inversiones con 31 proyectos. El País Valencià (15) y Galicia (11) la siguen de cerca, mostrando un fuerte dinamismo en el sector. Otros territorios con una importante dotación son Castilla y León (10 proyectos), Catalunya (9), Canarias (11), y las comunidades de Castilla-La Mancha y Extremadura, con 8 proyectos cada una. Aragón y Madrid cuentan con 7 asignaciones, mientras que el resto se reparten entre Cantabria, Asturias, Murcia, País Vasco y las Islas Baleares, asegurando una presencia significativa en todo el Estado.
Más allá de las inversiones
El Ministerio no plantea estas ayudas como una simple inyección de capital, sino como una herramienta estratégica para una transformación sistémica. En un comunicado oficial, el gobierno español detalla que el objetivo fundamental es “asegurar la transformación del sistema energético para que sea más flexible, robusto y resiliente”. En este contexto, el almacenamiento deja de ser una tecnología auxiliar para convertirse en el “elemento habilitador” indispensable para una penetración masiva y eficiente de las fuentes de energía renovable, por naturaleza intermitente. Los beneficios esperados son múltiples y en cadena.
Por un lado, se reduce la dependencia estratégica de los combustibles fósiles, favoreciendo la seguridad energética nacional. Por otro, al mejorar la disponibilidad y gestionabilidad de la energía eólica y solar, se pretende conseguir más estabilidad en los precios y, a largo plazo, una reducción de los gastos para el consumidor final. El ejecutivo calcula que el conjunto de los proyectos aportará al sistema eléctrico español 2,2 gigavatios (GW) de potencia adicional y una capacidad de almacenamiento de 9,4 gigavatios hora (GWh).
El análisis de los tipos de proyectos seleccionados revela las tendencias tecnológicas que marcarán el futuro inmediato del almacenamiento. Los preferidos son los proyectos de almacenamiento híbrido, que combinan diferentes tecnologías o integran el almacenamiento directamente con plantas de generación renovable. Estos suman 69 expedientes, más de la mitad del total. En segundo lugar, encontramos las baterías autónomas, con 39 proyectos.
Estos sistemas, independientes de la generación, actúan como recursos de red capaces de inyectar energía rápidamente para estabilizar la frecuencia o cubrir picos de demanda. Aún menos, pero igualmente significativos, hay los proyectos de almacenamiento térmico (15), una solución prometedora para la industria y los distritos de calor y frío, y solo 3 proyectos de bombeo hidroeléctrico (centrales reversibles), una tecnología madura, pero que continúa siendo crucial para el almacenamiento a gran escala y larga duración.
Con la resolución publicada, comienza ahora la fase más compleja: la implementación real de estos 126 proyectos en menos de seis años. El reto logístico, administrativo y de obtención de permisos es considerable. El éxito de esta convocatoria no solo confirma el interés del sector privado por el almacenamiento, sino que también envía una señal inequívoca a los mercados sobre la dirección irreversible de la política energética estatal y europea. La consecución de estos objetivos supondría un salto de calidad en la integración de renovables en la red, aportando la flexibilidad necesaria para cerrar centrales de combustibles fósiles con garantías de estabilidad, y consolidando España como referente en la autosuficiencia energética neta basada en recursos propios y renovables.