Los centros de datos están en el punto de mira del Gobierno. Este sábado el Ejecutivo ha publicado el régimen de sanciones para los centros de datos que incumplan la normativa; y las multas podrían llegar hasta los 60 millones de euros. Sin embargo, la norma que regula el régimen sancionador deberá convalidarse por el Congreso. El conflicto entre el Gobierno y los centros de datos no es nuevo. Precisamente, este viernes, la asociación española que agrupa a los operadores de centros de datos, SpainDC, anunció que recurrirá judicialmente y solicitará la suspensión cautelar del real decreto aprobado por el Consejo de Ministros que establece los criterios de sostenibilidad que deberán cumplir estas infraestructuras tecnológicas en España.
Según la normativa, el incumplimiento de los requisitos de eficiencia energética e hídrica se considera una infracción grave, sancionable con multas de entre 600.001 y seis millones de euros. Cuando el incumplimiento es reiterado, se tipifica como infracción muy grave y las multas pueden llegar a los 60 millones de euros. La nueva normativa también tipifica como infracciones muy graves la comunicación de información falsa sobre sostenibilidad en la base de datos europea de centros de datos, así como no comunicar la información requerida dentro del plazo establecido. Aparte de las sanciones económicas, las empresas pueden perder temporalmente los permisos de acceso y conexión a la red eléctrica. La suspensión podrá ser de un máximo de un año en caso de infracción grave y de hasta tres años si es muy grave.
La patronal de los operadores se revuelve contra el decreto de sostenibilidad
El real decreto aprobado por el Consejo de Ministros este viernes y publicado por el BOE este sábado establece que el 80% del consumo total debe cubrirse con electricidad renovable que cumpla los requisitos de adicionalidad. También exige que, cada hora, al menos el 80% de la energía consumida esté sostenida por electricidad renovable generada en esa misma hora. Esto hizo revolverse a la patronal de los operadores, que considera que impone condiciones de imposible cumplimiento que, en la práctica, suponen un "veto de facto" al desarrollo de nuevas infraestructuras en España.
La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, defendió ayer en el Consejo de Ministros que el real decreto permitirá ordenar el despliegue de los centros de datos en España y evitar que su elevado consumo energético repercuta en la factura eléctrica del conjunto de los consumidores. Según ha explicado, sin esta regulación, el desarrollo de estas infraestructuras podría haber provocado un sobrecoste de 5.000 millones de euros anuales al sistema eléctrico y un encarecimiento del 25% en el recibo industrial.